El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por la administración nacional contempla un nuevo escalón en el esquema de quita de subsidios a los servicios públicos de electricidad, gas y transporte. El objetivo trazado por el Ministerio de Economía es elevar el nivel de cobertura de los costos reales a cargo de las tarifas pagadas por los usuarios, alcanzando un promedio superior al 88% en 2027 y estabilizándolo en torno al 91% en los años posteriores.

De acuerdo con un análisis del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, los giros corrientes destinados a subsidiar tarifas pasarán del 0,64% del PBI estimado para 2026 al 0,53% del PBI en 2027. En términos monetarios, el gasto asociado descenderá de USD 5.200 millones a unos USD 4.400 millones, marcando el sexto año consecutivo de contracción de estas partidas.

Las tres herramientas del ajuste y el impacto en las boletas

Para concretar el recorte enfocado principalmente en el sector eléctrico —con una fuerte caída en los giros a CAMMESA—, el Ejecutivo se basará en tres pilares:

1. Recomposición del precio mayorista que abonan la demanda residencial y comercial.

2. Mayor focalización bajo el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

3. Menor presencia estatal en el sector, acelerando la privatización de ENARSA.

En el mercado eléctrico, la contracara será un fuerte salto en las facturas de los sectores vulnerables o subsidiados. Para 2027, el Presupuesto proyecta que los hogares con subsidio pasen de cubrir el 25% actual al 64,27% del costo real de generación, mientras que los usuarios sin subsidio pagarán el 94,62%.

Por otro lado, mientras se reduce la asistencia al gas por red, el presupuesto prevé un incremento en los fondos destinados al gas envasado y garrafas (que reemplaza al Programa Hogar), cuyas partidas se triplicarán pasando del 0,02% al 0,07% del PBI para asistir a 3 millones de familias.

Analistas del IIEP advirtieron que alcanzar estas metas resultará complejo por desarrollarse en un año electoral y con un supuesto cambiario de inflación del 18% anual que amortigua en los papeles el costo en dólares de la energía.

En la previa de la esperada visita de León XIV a la Argentina y con el cronograma oficial confirmado, la logística del viaje apostólico comenzó a desplegar sus aspectos más minuciosos. Uno de los elementos centrales y de mayor carga simbólica es el vehículo oficial de traslado: en esta oportunidad, la automotriz Toyota trabaja en la adaptación especial de una pick up Hilux de producción nacional.

Aunque aún no se han revelado los detalles finales sobre su nivel de blindaje o configuración técnica, el desarrollo del Papamóvil no es de libre diseño, sino que responde a un protocolo técnico y de seguridad internacional definido por la Secretaría de Estado del Vaticano en coordinación con la Conferencia Episcopal y las fuerzas de seguridad locales.

Los cuatro ejes obligatorios para el vehículo papal

Las exigencias protocolares impuestas por la Santa Sede para la adaptación del vehículo se estructuran en cuatro pilares fundamentales:

1. Visibilidad máxima (Requisito pastoral): El vehículo debe contar con una estructura elevada o «caja papal» sobre el chasis, pasamanos de agarre y asiento elevado o posición de pie para garantizar que el Papa mantenga visión directa con la multitud en todo momento.

2. Mecánica adaptada a marcha lenta: El motor y la caja deben configurarse para circular de manera estable entre los 5 y 10 km/h en zonas de alta densidad, con suspensión reforzada para absorción de impactos y detenciones frecuentes.

3. Seguridad estructural: Dependiendo de la evaluación de riesgo, el habitáculo puede ser abierto o cerrado con deflectores/vidrios de protección, chasis reforzado y estribos o espacios dedicados para la escolta de seguridad.

4. Identidad y protocolo vaticano: El rodado debe portar la matrícula oficial SCV 1 (Status Civitatis Vaticanae), los escudos del pontífice vigente en las puertas, banderas del Vaticano y del país anfitrión, además de una creciente tendencia hacia plataformas híbridas o sustentables.

Una auditoría interna realizada tras la intervención de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sacó a la luz una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los listados oficiales de deuda exigible. El trabajo analiza la gestión del organismo hasta el 21 de agosto de 2025, fecha en la que el Gobierno resolvió desplazar a su entonces director, Diego Spagnuolo, junto a otros funcionarios de la primera línea.

El informe revela que el desfasaje surgió al cotejar las informaciones de la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS). Fue esta última área la que reportó el pasivo más abultado, concentrando las principales sospechas del fiscal Franco Picardi en la causa judicial que investiga un presunto fraude millonario con el cobro de coimas de hasta el 20%.

Según el dictamen fiscal, los procesos de compra impulsados desde la DNASS registraron sobreprecios sistemáticos y una marcada ausencia de procedimientos administrativos transparentes. Como ejemplo de estas maniobras, la Justicia identificó la compra del medicamento Macitentan, que en compulsas abiertas cotizaba en $411.764, pero llegó a adjudicarse por casi $8,3 millones en compulsas reducidas durante el mismo mes de noviembre de 2024.

Por otra parte, los auditores advirtieron sobre la utilización sistemática de la figura de «Legítimo Abono» para cancelar bienes y servicios ya entregados sin licitación previa, incumpliendo la normativa general de contrataciones del Estado (Decreto N° 1023/2001). Entre 2024 y agosto de 2025, el organismo destinó más de $479.500 millones a droguerías y prestadores de insumos bajo diversos esquemas de pago.

Mientras la causa judicial avanza con pericias sobre audios que salpican a exfuncionarios, desde el Ministerio de Salud confirmaron que toda la documentación fue puesta a disposición de la Justicia para determinar las responsabilidades penales del caso.