La situación que atraviesa la comunidad aborigen Wichí, asentada en la localidad de El Galpón, es cada vez más tensa y tiene visos de llegar a un punto crítico. La comunidad, que desde hace más de cien años ha habitado un predio de siete hectáreas, reclama el derecho a tierras adicionales que, según afirman, les pertenecen por derecho bajo la Ley 26160. Este reclamo, respaldado por una carpeta técnica emitida por el Estado, ha desatado un conflicto con las familias Campo y Thomas, que aseguran ser las legítimas propietarias de los terrenos que la comunidad reclama como suyos.

Benito Guzmán, miembro de la comunidad Wichí, y el cacique José Julio Velárdez, de 77 años, hablaron sobre la situación que están viviendo. Guzmán explicó que las 350 familias de la comunidad han estado habitando las siete hectáreas desde hace más de un siglo, pero que la población ha crecido, y con ella, las necesidades de espacio. “Ya no cabe ni un alfiler más. Necesitamos que se nos ceda las tierras aledañas, como lo establece la ley 26160. La carpeta técnica está en nuestras manos”, afirmó Guzmán.

La situación se agrava por la acusación de que ciertos sectores están utilizando su poder para arrebatarles los terrenos. Guzmán fue tajante al afirmar que las familias Campo y Thomas, que ahora reclaman ser dueños, han puesto alambrados recientemente, a pesar de que los terrenos, hasta ese momento, no estaban siendo utilizados ni se les había dado mantenimiento. “Nosotros no somos usurpadores. Tenemos la carpeta técnica que nos respalda. Esas tierras son nuestras, según la ley”, sostuvo.

Por su parte, el cacique Velárdez destacó la desesperación de la comunidad, que ha agotado todas las vías posibles para lograr una resolución. “Hemos viajado a Metán, a Salta, hemos dejado nuestros expedientes en manos del fiscal Castellano. Pero parece que los intereses económicos están por encima de la ley y nuestros derechos”, expresó con una mezcla de frustración y cansancio. La comunidad, que sobrevive principalmente de la pesca artesanal y el trabajo en fincas, ha visto cómo su territorio se ve reducido a un espacio cada vez más pequeño, mientras que nuevas generaciones han nacido, multiplicando las necesidades.

Las familias que han instalado alambrados en los terrenos que la comunidad reclama son las mismas que, según los miembros de la comunidad, han mantenido estos terrenos en desuso por años. “Nunca han pagado los impuestos. Siempre fueron baldíos. Nosotros no hemos invadido nada, simplemente reclamamos lo que por ley nos pertenece”, señaló Guzmán. Sin embargo, la demora en el reconocimiento de su derecho a esas tierras por parte del Estado ha llevado a la comunidad a tomar una decisión drástica: tomar posesión del terreno.

En un tono más reflexivo, Velárdez relató cómo el conflicto ha afectado a la comunidad. “Estamos cansados. Somos personas humildes, vivimos de lo que podemos, pero necesitamos una solución. No podemos seguir viviendo en condiciones tan precarias, con 60 familias sin techo y más de 350 habitantes en una tierra que ya no da más. Todos estos años hemos soportado, pero ya no podemos más”, explicó el cacique. La situación también se ha vuelto aún más compleja con las amenazas recibidas por parte de personas no identificadas, posiblemente vinculadas a los reclamantes de la propiedad.

El reclamo de la comunidad aborigen no es solamente una cuestión de tierra, sino también de justicia y equidad. Velárdez subrayó la difícil situación económica y social de las familias que forman parte de la comunidad. “En Metán nos apoyan, pero hemos recorrido todos los caminos legales y burocráticos y la respuesta ha sido siempre la misma: no hay solución. No entendemos por qué se está demorando tanto, cuando la ley está clara y nos ampara. Si no tuviéramos los papeles en nuestras manos, no estaríamos en esta situación”, afirmó.

La comunidad se encuentra ahora acampando en la zona que reclaman, a la espera de una respuesta por parte de las autoridades. “No queremos crear un conflicto, pero si no se nos da una respuesta pronto, no podemos garantizar que esto se resuelva pacíficamente. Necesitamos tierra, necesitamos que nuestras familias tengan un lugar donde vivir”, expresó Guzmán.

“Estamos dispuestos a luchar por nuestra tierra, por nuestra gente y por nuestra dignidad”, concluyó Velárdez.