Salta vuelve a quedar en el centro de la polémica. Esta vez, el eje del escándalo involucra al espacio político de La Libertad Avanza, que enfrenta denuncias por presuntos descuentos obligatorios en los sueldos de empleados públicos para sostener el funcionamiento interno del partido. El caso se desató a partir de la difusión de un audio por el periodista Daniel Murillo, en el que dos referentes del armado libertario en la provincia, Cristian Achaval, responsable de la UDAI Metán de ANSES, y Ricardo Ortega, quien actuaría como encargado de recaudar fondos para el espacio político, dialogan abiertamente sobre el cobro de un porcentaje del salario de trabajadores estatales.
En la grabación, que fue emitida en medios locales, se escucha cómo ambos interlocutores hacen referencia explícita a un aporte del 5% sobre los haberes percibidos por los empleados, así como del adicional conocido como POA. «Del 10 bajaron al 5%», afirma una de las voces, en alusión al descuento aplicado. Y se aclara: «El 5% del sueldo y el 5% del POA».
Según el contenido del audio, este tipo de aportes mensuales estarían destinados al sostenimiento económico de «la casa de La Libertad Avanza» en Salta. Textualmente, uno de los participantes señala: «Se juntan $1.500.000 todos los meses para pagar el alquiler, la luz y otros gastos».
La conversación deja al descubierto un sistema informal de recaudación que, en otras épocas, hubiera sido condenado sin rodeos por los mismos referentes del liberalismo que prometieron erradicar las prácticas políticas tradicionales y el uso partidario de recursos públicos. En este caso, lo que se ventila es justamente lo contrario; una estructura paralela de financiamiento interno sostenida, al parecer, por contribuciones que los empleados no tendrían opción de rechazar.
La mecánica sería simple; los aportes se recolectan en mano o mediante transferencias a cuentas del partido Ahora Patria, fuerza aliada a La Libertad Avanza. “Yo te hago el recibo en el acto y te lo entrego”, dice Ortega, ofreciendo una formalidad que intenta camuflar la irregularidad. Para quienes no pueden acercarse personalmente, también se les facilita una cuenta bancaria para efectuar el depósito. En definitiva, lo importante es que el aporte llegue.
El escándalo ya despertó el repudio de distintos sectores sindicales y políticos de la provincia. Si bien no sería la primera vez que una fuerza política implementa este tipo de “contribuciones” internas, el hecho adquiere especial gravedad al tratarse de un espacio que enarboló como bandera la lucha contra “la casta” y el clientelismo estatal.
Más aún, el tono de la conversación revela una naturalización preocupante de la situación: “La casa no se mantiene sola”, se escucha decir. Lo que para algunos es una colaboración partidaria voluntaria, para otros no es más que un mecanismo coercitivo que compromete derechos laborales básicos.
Hasta el momento, no hubo declaraciones oficiales de los dirigentes nacionales de La Libertad Avanza respecto de lo ocurrido en Salta. Tampoco se conocieron decisiones internas en relación con los nombres mencionados, quienes, según fuentes partidarias, continúan cumpliendo funciones dentro del esquema libertario en la provincia.
Mientras tanto, la ciudadanía observa con creciente desconfianza cómo se repiten, bajo nuevas etiquetas, viejas prácticas que durante años fueron criticadas por quienes hoy ocupan los espacios de poder. La promesa de cambio empieza a mostrar fisuras allí donde más se proclamaba pureza.
