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Hartazgo nacional: la rebelión contra los peajes en rutas destruidas
El rechazo al cobro de tarifas en calzadas deterioradas, sin mantenimiento ni infraestructura dejó de ser un reclamo aislado para convertirse en una ola de indignación nacional. Desde los accesos al NOA hasta las trazas cordilleranas, pasando por los principales corredores productivos del país, los conductores exigen suspender los cobros mientras el servicio sea deficiente.
La tensión en las rutas nacionales de la Argentina alcanzó un punto crítico. El descontento acumulado por el deplorable estado de la red vial, sumado a los recientes esquemas de aumentos, la imposición de sistemas digitales con recargos y la eliminación del pago en efectivo, desencadenó una reacción en cadena de usuarios, vecinos, intendentes y cámaras del transporte en diversos puntos del territorio nacional.
En el Norte, sobre la Ruta Nacional 9/34 y otros accesos del NOA, la controversia escaló tras denuncias ante Defensa del Consumidor y la presentación de acciones judiciales impulsadas por la aplicación de recargos del 100% por no usar TelePASE, la falta de mantenimiento básico y el reclamo de intendentes que exigen repavimentación urgente antes de habilitar el cobro.
En Cuyo y la Cordillera, rutas estratégicas como la RN 7 en Mendoza, camioneros y transportistas internacionales se volcaron a la protesta directa, avanzando con barreras bajas y cuestionando en las cabinas la legalidad de exigir peaje sobre tramos con grietas, deformaciones y falta de banquinas.
En la Región Pampeana y el Litoral, la bronca se replica sobre rutas de alto tránsito de carga pesada como la RN 3, la RN 11 y la RN 33, donde automovilistas y productores agropecuarios vienen denunciando de forma sistemática que el estado de la carpeta asfáltica pone en riesgo la seguridad vial diaria, convirtiendo el pago del peaje en una penalización injustificada.
Este escenario de conflicto se profundiza en el marco del freno total a la obra pública nacional dispuesto por el Gobierno de Javier Milei y su premisa de privatizar la totalidad de los corredores viales del país. El malestar social radica en la lógica del nuevo esquema privatizador: las empresas concesionarias desembarcan en las rutas e instalan los cobros o incrementan sustancialmente las tarifas de inmediato, pero sin realizar ningún tipo de mejora o inversión previa sobre la carpeta asfáltica. De este modo, la carga financiera recae directamente sobre el usuario, que debe pagar el doble por transitar por trazas destruidas mientras la inversión en infraestructura permanece completamente congelada.