En un contundente fallo, la Cámara Federal de Casación Penal revocó la absolución del exintendente de Coronel Juan Solá (Rivadavia Banda Norte – Morillo), Atta Miguel Gerala, y lo condenó por el desmantelamiento sistemático y contrabando de rieles del ramal C-25 del Ferrocarril General Belgrano. La decisión de los jueces Daniel Petrone y Javier Carbajo (con la disidencia de Alejandro Slokar) dio lugar al recurso impulsado por el Ministerio Público Fiscal tras la absolución dictada en abril pasado por el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta.

La investigación judicial, iniciada en agosto de 2023, al descubierto una estructura criminal dedicada a la sustracción de rieles ferroviarios trasladados en camiones hacia la frontera con Bolivia y cruzados en balsas de goma. Por esta causa ya fueron condenados mediante juicios abreviados el hijo del exjefe comunal, José Miguel “Yopi” Gerala, y el comerciante David Medina a 6 años de prisión, además de personal de Gendarmería Nacional.

Para la mayoría del tribunal de alzada, la valoración previa de las pruebas fue arbitraria y fragmentada. Casación remarcó que Gerala condujo los destinos del municipio durante casi tres décadas, lo que le otorgaba un pleno control territorial e institucional sobre la zona donde, a plena luz del día y durante ocho meses, se saquearon las vías públicas utilizando incluso vehículos particulares del funcionario y mano de obra de comunidades originarias locales. Asimismo, en su vivienda particular y taller municipal se habían incautado 15 rieles ilegales y herramientas de corte.

Ante este cuadro indiciario, el máximo tribunal penal declaró a Atta Miguel Gerala partícipe necesario del delito de contrabando de mercadería, triplemente agravado por la intervención de tres o más personas, su condición de funcionario público y el valor de los bienes (superiores a los $558 millones), en concurso real con robo agravado en despoblado y en banda. Las actuaciones retornaron al TOF N° 2 para que fije la sanción cuantitativa correspondiente. En la misma resolución, Casación ratificó la condena a 3 años de prisión en suspenso contra el comisario Mauro Rodríguez por exigir coimas para habilitar el paso de los cargamentos.

Fuente: Infobae

La Justicia de Salta lleva adelante una investigación sobre presuntas irregularidades administrativas en la Unidad Educativa N° 7160, conocida públicamente como la «escuela fantasma». La causa se inició tras la denuncia formal presentada por la docente Celia Alancay junto a su abogado Nicolás Vedia ante la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), conducida por la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio.

Según consta en la denuncia, el organismo judicial investiga la designación de más de 300 personas dentro de una estructura que originalmente fue concebida mediante el Decreto 795/2004 con únicamente 22 cargos. Las actuaciones señalan que el establecimiento carecería de una sede física operativa y presentaría superposiciones de funciones con sobresueldos que oscilarían entre $1 millón y $1,5 millones mensuales por empleado. Ante esta situación, el Ministerio de Economía de Salta, a cargo de Roberto Dib Ashur, junto con la cartera de Educación, ordenaron de manera preventiva frenar las liquidaciones de los nombramientos que se encuentran bajo revisión.

El caso de Pablo Marcial y las dobles liquidaciones

En el marco del expediente judicial y de las revisiones administrativas sobre la nómina de personal, se constató la situación particular del dirigente político Pablo Marcial. Según los registros observados en la misma Unidad Educativa N° 7160, Marcial figura percibiendo dos remuneraciones de forma simultánea: una bajo el cargo de asistente escolar y otra como docente especial.

Marcial cuenta con un recorrido en la función pública que incluye un contrato en 2013 en la Gobernación para servicios generales, así como su paso por la Municipalidad de Salta como coordinador general de Asuntos Vecinales. La aparición de su nombre y de más de 300 contratos bajo la lupa genera fuertes cuestionamientos en el ámbito político e institucional respecto a los mecanismos de supervisión y validación de nóminas dentro de la gestión conducida por la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales.

La interna del peronismo salteño sumó un nuevo y encendido capítulo en el marco de las conmemoraciones por el Día de la Lealtad Peronista. El exsenador nacional Sergio «Oso» Leavy lanzó duras críticas contra el exgobernador Juan Manuel Urtubey, luego de que este último lo vinculara públicamente con Santiago Caputo y un presunto financiamiento proveniente de la empresa YPF.

En declaraciones radiales, Leavy rechazó de manera categórica las afirmaciones del exmandatario y respondió con duros cuestionamientos a su trayectoria política y su rol dentro del espacio justicialista. «La verdad que es un delirante. Todo el mundo sabe que no me moví ni un milímetro de mis convicciones», aseveró el legislador, señalando que Urtubey padece de «abstinencia de poder» y cuestionando la coherencia de su retorno a la vida partidaria tras sus pasadas posturas críticas hacia el peronismo.

El exsenador puso además en tela de juicio el historial legislativo durante el mandato de Urtubey, afirmando que los legisladores que le respondían durante la presidencia de Mauricio Macri actuaron de manera similar a los sectores dialoguistas actuales. A su vez, acusó al exgobernador de buscar «desunir» al espacio en la provincia y de intentar posicionarse a costa de desacreditar a otros dirigentes.

Un debate de fondo: internas y la discusión por las PASO

Por otra parte, la disputa entre ambos dirigentes refleja la falta de consensos respecto al rumbo y la conducción que debe asumir el movimiento, tanto en el ámbito provincial como en el nacional. En este sentido, Leavy defendió la vigencia de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como el mecanismo adecuado para dirimir las candidaturas y ordenar las posturas contrapuestas dentro del peronismo frente a la gestión del presidente Javier Milei.

El legislador consideró que una competencia electoral interna entre distintos sectores —como los referenciados en Axel Kicillof y los sectores afines a Cristina Fernández de Kirchner— resultaría beneficiosa para consolidar un liderazgo democrático en ausencia de una conducción unificada. Las acusaciones mutuas y las visiones encontradas entre ambos referentes dejan al descubierto las tensiones que atraviesan al justicialismo salteño en su intento por reorganizarse de cara a los próximos desafíos electorales.