La Justicia de Salta lleva adelante una investigación sobre presuntas irregularidades administrativas en la Unidad Educativa N° 7160, conocida públicamente como la «escuela fantasma». La causa se inició tras la denuncia formal presentada por la docente Celia Alancay junto a su abogado Nicolás Vedia ante la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), conducida por la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio.

Según consta en la denuncia, el organismo judicial investiga la designación de más de 300 personas dentro de una estructura que originalmente fue concebida mediante el Decreto 795/2004 con únicamente 22 cargos. Las actuaciones señalan que el establecimiento carecería de una sede física operativa y presentaría superposiciones de funciones con sobresueldos que oscilarían entre $1 millón y $1,5 millones mensuales por empleado. Ante esta situación, el Ministerio de Economía de Salta, a cargo de Roberto Dib Ashur, junto con la cartera de Educación, ordenaron de manera preventiva frenar las liquidaciones de los nombramientos que se encuentran bajo revisión.

El caso de Pablo Marcial y las dobles liquidaciones

En el marco del expediente judicial y de las revisiones administrativas sobre la nómina de personal, se constató la situación particular del dirigente político Pablo Marcial. Según los registros observados en la misma Unidad Educativa N° 7160, Marcial figura percibiendo dos remuneraciones de forma simultánea: una bajo el cargo de asistente escolar y otra como docente especial.

Marcial cuenta con un recorrido en la función pública que incluye un contrato en 2013 en la Gobernación para servicios generales, así como su paso por la Municipalidad de Salta como coordinador general de Asuntos Vecinales. La aparición de su nombre y de más de 300 contratos bajo la lupa genera fuertes cuestionamientos en el ámbito político e institucional respecto a los mecanismos de supervisión y validación de nóminas dentro de la gestión conducida por la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales.

La interna del peronismo salteño sumó un nuevo y encendido capítulo en el marco de las conmemoraciones por el Día de la Lealtad Peronista. El exsenador nacional Sergio «Oso» Leavy lanzó duras críticas contra el exgobernador Juan Manuel Urtubey, luego de que este último lo vinculara públicamente con Santiago Caputo y un presunto financiamiento proveniente de la empresa YPF.

En declaraciones radiales, Leavy rechazó de manera categórica las afirmaciones del exmandatario y respondió con duros cuestionamientos a su trayectoria política y su rol dentro del espacio justicialista. «La verdad que es un delirante. Todo el mundo sabe que no me moví ni un milímetro de mis convicciones», aseveró el legislador, señalando que Urtubey padece de «abstinencia de poder» y cuestionando la coherencia de su retorno a la vida partidaria tras sus pasadas posturas críticas hacia el peronismo.

El exsenador puso además en tela de juicio el historial legislativo durante el mandato de Urtubey, afirmando que los legisladores que le respondían durante la presidencia de Mauricio Macri actuaron de manera similar a los sectores dialoguistas actuales. A su vez, acusó al exgobernador de buscar «desunir» al espacio en la provincia y de intentar posicionarse a costa de desacreditar a otros dirigentes.

Un debate de fondo: internas y la discusión por las PASO

Por otra parte, la disputa entre ambos dirigentes refleja la falta de consensos respecto al rumbo y la conducción que debe asumir el movimiento, tanto en el ámbito provincial como en el nacional. En este sentido, Leavy defendió la vigencia de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como el mecanismo adecuado para dirimir las candidaturas y ordenar las posturas contrapuestas dentro del peronismo frente a la gestión del presidente Javier Milei.

El legislador consideró que una competencia electoral interna entre distintos sectores —como los referenciados en Axel Kicillof y los sectores afines a Cristina Fernández de Kirchner— resultaría beneficiosa para consolidar un liderazgo democrático en ausencia de una conducción unificada. Las acusaciones mutuas y las visiones encontradas entre ambos referentes dejan al descubierto las tensiones que atraviesan al justicialismo salteño en su intento por reorganizarse de cara a los próximos desafíos electorales.

La Justicia salteña dio por concluida la investigación sobre la muerte del excomisario Vicente Osvaldo Cordeyro, cuyo cuerpo fue hallado el 11 de octubre de 2025 en la ladera del cerro Elefante, en San Lorenzo. Tras exhaustivos peritajes científicos, análisis audiovisuales y testimoniales, la Unidad Fiscal integrada por Santiago López Soto, Daniel Espilocín y Ramiro Ramos Ossorio descartó la hipótesis de un homicidio y dispuso el archivo del expediente al no encontrar participación de terceras personas.

La reconstrucción efectuada mediante más de 30 cámaras públicas y privadas permitió determinar que Cordeyro se trasladó en su vehículo Volkswagen Suran desde Salta Capital hacia San Lorenzo de manera individual, sin paradas imprevistas ni acompañantes. Adicionalmente, los estudios del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y fuerzas nacionales establecieron que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento, sin evidencias de lesiones defensivas. Asimismo, las pericias técnicas demostraron que la soga utilizada coincidía en estructura y características con elementos secuestrados en su domicilio.

Esclarecimiento del incendio e impacto del caso Jimena Salas

Uno de los puntos clave resueltos por los fiscales fue el origen del incendio registrado el 9 de octubre de 2025 en el cerro Elefante, el cual consumió 4,5 hectáreas. Informes de Bomberos e intervenciones caninas detectaron el uso de alcohol etílico como acelerante en el foco ígneo, lugar donde también se hallaron el teléfono celular y cuchillos del excomisario. El rastreo comercial del envase utilizado vinculó la compra del antiséptico a la cuenta de fidelidad del propio Cordeyro, concluyendo que el foco fue provocado por él.

Por otra parte, la autopsia psicológica y el peritaje a su dispositivo móvil revelaron que Cordeyro mantenía una marcada preocupación por la causa del femicidio de Jimena Salas, en la cual el exesposo de su hija se encontraba investigado. En ese contexto, se ratificó que el excomisario había aportado información sobre los hermanos Saavedra mediante metadatos de fotografías de vehículos y domicilios. Con estos elementos agotados y habiendo cumplido las medidas requeridas por la querella, la Fiscalía ordenó el cierre definitivo de las actuaciones.