No fueron las guerras, ni las sequías, ni la pandemia: fueron las malas decisiones de los diferentes gobiernos de la Argentina en las últimas dos décadas.

Las cifras son demoledoras: casi sin matices entre los sucesivos presidentes –y con la excepción de la crisis por el Covid– la pobreza, la inseguridad alimentaria y el empleo precario están en el gobierno que deja Alberto Fernández en sus niveles más altos desde la explosión del 2001.

Un contundente informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA presentó los resultados socioeconómicos de las últimas dos décadas y dejó un mensaje categórico: sin un ordenamiento macroeconómico sólido y perdurable no habrá manera de rever esta decadencia. Según la última medición de la UCA, la pobreza se ubicó en el 44,7% en tercer trimestre del año, una cifra similar a la del 2020 y la más alta desde 2006, 41,2 por ciento. Cuando se mira la pobreza desde una óptica multidimensional, la universidad concluyó que 67% de la población al menos sufre una carencia.

¿Se parece este cuadro peligroso al del 2001-2002? ¿Se puede agudizar a partir de las premisas de ajuste adelantadas por el presidente electo Javier Milei?

La respuesta a estos interrogantes del director del Observatorio, Agustín Salvia, es que, más allá de quien haya resultado ganador en las recientes elecciones presidenciales, el proceso de ajuste de precios relativos –más lento o más rápido– era inevitable, ya que sin una baja brusca de la inflación no hay chances de que aumente la inversión privada y el empleo estable, para dar paso a una gradual baja de la pobreza y la indigencia.

Frente a un grupo de periodistas, Salvia y su equipo de colaboradores presentaron el informe “Argentina Siglo XXI: Deudas sociales crónicas y desigualdades crecientes. Perspectivas y desafíos”.

El título contiene los términos adecuados, ya que Salvia anticipó que, con una inflación mayor en 2024, la pobreza aumentará y con ella la precariedad del empleo y los ingresos. Los más afectados, advirtió, serán aquellos sectores que están a punto de caer en la pobreza, en tanto el nuevo gobierno mantenga entre los más vulnerables la estructura actual de programas sociales. Salvia aclaró que este creciente gasto social no ayudó a resolver ninguna de las causas de la reciente debacle socioeconómica, pero sí contuvo una explosión social. Del mismo modo, consideró que la suba de 2 o 3 puntos en la pobreza que se puede prever para el año próximo no necesariamente se trasladará a un fenómeno similar al del 2001 por la estructura institucionalizada de esas prestaciones.

Algunas conclusiones rápidas que se pueden sacar de este informe que se presentará oficialmente este martes a la tarde en la UCA con Salvia y Claudio Tomasi, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina (PNUD): la caída del desempleo abierto que tanto destacó el saliente gobierno de Alberto Fernández ni siquiera empardó el empeoramiento de la calidad del empleo ni el derrumbe del salario real.

El Observatorio, que comenzó a realizar sus mediciones en 2004 y cobró un rol clave durante la manipulación de las estadísticas del Indec entre 2007 y 2015, consideró que el modelo económico surgido tras la explosión de la convertibilidad –basado en el consumo y no en el desarrollo con inversión– está “agotado”.

“Estamos en un fin de ciclo post convertibilidad organizado en base al consumo con alta inflación, que se estancó y necesita un cambio como se observa en los últimos 3 años”, señaló Salvia.

El experto abundó en las causas y las consecuencias de este agotamiento y le restó importancia a las excusas vertidas por los diferentes gobiernos sobre la importancia de los shocks externos en este tobogán. “La pobreza es una consecuencia de políticas fallidas y hay una necesidad de cambios estructurales con modificación de las reglas de juego: en promedio desde el año 2000 el PBI per cápita creció 0,7, insuficiente frente a los desafíos que ya había en 2001″, precisó. Se trata de una caída real, ya que se ubica por debajo del crecimiento vegetativo de la población.

Para comenzar a torcer esta trayectoria el país debería tener niveles de inversión superiores al 23%, frente al 19% actual, que rebotó respecto de las tasas previas por Vaca Muerta.

Los niveles de pobreza se ubican en un techo alto desde el pico alcanzado en 2003-2004 –con la excepción de la pandemia-, mientras que la indigencia bajó levemente por la mencionada cobertura social. Sin embargo, esta aparente mejora entre los bolsones más postergados de la población no esconde ni el aumento de la inseguridad alimentaria severa ni de la pobreza infantil, con cifras insultantes para un país de ingresos medios y con un régimen democrático ininterrumpido desde 1983. El 16% de los niños son indigentes y el 62,9% son pobres.

Según las cifras de la UCA, la pobreza se ubicó en el 44,7% en tercer trimestre del año, una cifra similar a la del 2020 y la más alta desde 2006, 41,2 por ciento.

A su vez, la inseguridad alimentaria severa –esto significa, gente que directamente no come– es del 27,1%, el nivel más alto desde 2004 salvo el pico del 36% de la pandemia./Infobae