El Ministerio de Salud Pública de Salta, a través de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, presentó el informe sanitario correspondiente a la Semana Epidemiológica (SE) 41 (del 11 al 17 de octubre de 2026). Entre las novedades de mayor relevancia, las autoridades confirmaron la notificación del segundo caso de Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) en la provincia en lo que va del año.

El cuadro afectó a una niña de 2 años con residencia en la localidad de La Merced. Tras consultar el 11 de octubre con síntomas de vómitos, diarrea, deshidratación, palidez, edema, anemia y trombocitopenia, la pequeña fue internada en el Hospital Público Materno Infantil, recibiendo el alta el 23 de octubre bajo seguimiento ambulatorio. El diagnóstico positivo para la toxina de la bacteria Escherichia coli fue ratificado por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas. El primer caso registrado en 2026 data de abril pasado, correspondiente a una niña de 1 año de Guachipas.

Desde la cartera sanitaria recordaron que el SUH es prevenible y se transmite principalmente por el consumo de carne mal cocida, verduras y frutas mal lavadas, lácteos sin pasteurizar o contaminación cruzada en preparaciones como embutidos y arrollados, afectando de gravedad a menores de cinco años.

Efectivos de Gendarmería Nacional asestaron un doble golpe al contrabando en la región norte tras concretar dos importantes operativos que permitieron el secuestro de más de 432 kilos de hojas de coca en estado natural y más de 17.000 paquetes de cigarrillos de origen extranjero que intentaban ser ingresados y distribuidos sin el correspondiente aval aduanero.

El primer procedimiento tuvo lugar en el norte salteño, cuando integrantes del Sistema Tecnológico de Vigilancia de Frontera (SITEVIF), dependiente del Escuadrón Reforzado 20 “Orán”, realizaban patrullajes preventivos en el sector conocido como “El recuperado”.

A través de los dispositivos de monitoreo, los uniformados visualizaron a un grupo de personas transportando bultos sobre sus hombros desde la orilla del Río Bermejo. De inmediato, se coordinó un desplazamiento junto con efectivos de la Unidad de Reconocimiento “Tucumán” para interceptarlos.

Al percatarse del avance de las fuerzas de seguridad, los sospechosos arrojaron los bultos al suelo y se dieron a la fuga a pie, aprovechando la densa vegetación y la zona montuosa para escapar. Al requisar el cargamento abandonado, los gendarmes contabilizaron 67 kilos de hojas de coca y un total de 15.740 atados de cigarrillos en infracción al Código Aduanero. En la causa tomó intervención la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Orán.

Encomiendas sobre la Ruta Nacional 34

El segundo procedimiento se llevó a cabo sobre el corredor vial de la Ruta Nacional Nº 34, a la altura del kilómetro 1.212. Allí, personal de la Sección “Chalicán”, dependiente del Escuadrón Reforzado 53 “Jujuy”, detuvo la marcha de un transporte de cargas generales que trasladaba piezas postales.

Ante la sospecha fundada de que en el interior del cargamento se transportaban elementos en infracción a la Ley 22.415, los gendarmes solicitaron autorización a la Unidad Fiscal Federal para proceder a la interdicción y apertura de encomiendas sospechosas.

Tras la autorización judicial, se procedió a la apertura de 11 bultos postales, constatando en su interior la presencia de 365 kilos con 380 gramos de hojas de coca y 1.500 paquetes de cigarrillos extranjeros acondicionados para eludir los controles camineros. Todo el material fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia Federal.

En una polémica sesión, la Cámara de Senadores de la provincia dio media sanción a una reforma recortada de la Carta Municipal de Salta Capital. Entre las modificaciones más cuestionadas, el cuerpo legislativo resolvió de manera explícita que no será necesario contar con título secundario para asumir una banca como concejal capitalino.

La medida tira por tierra el trabajo de los convencionales municipales electos por el voto popular, quienes habían incorporado la finalización de los estudios secundarios como un requisito elemental de idoneidad para redactar ordenanzas y administrar los tributos de los vecinos. Para justificar la poda, las comisiones del Senado argumentaron que la exigencia educativa «limitaba los derechos políticos de los ciudadanos» y atentaba contra la igualdad de condiciones.

El contraste social es inevitable y escandaloso: mientras a cualquier joven o trabajador de a pie se le exige el analítico secundario para acceder al empleo más básico, a quienes aspiran a definir las normas de la ciudad capital se les allana el camino institucional para legislar sin acreditar la educación obligatoria formal.

La eliminación del requisito formativo no fue el único recorte que aplicó la Cámara alta. En una defensa cerrada de las prácticas tradicionales, los legisladores también eliminaron del texto:

• La regulación de la publicidad oficial: Borraron de un plumazo los límites a los fondos públicos destinados a propaganda política, bajo el pretexto de que «excedían el objeto de la reforma».

• Límites a mandatos y reforma judicial: Se descartaron los artículos que buscaban regular la duración de los cargos y alterar la estructura de los tribunales municipales.

Pese a que desde la mayoría buscaron restarle dramatismo al conflicto señalando que no se trató de un rechazo integral, el Senado dejó un precedente sumamente cuestionable al consagrar que para legislar en la capital no hace falta formación básica. La iniciativa pasó ahora a la Cámara de Diputados para su tratamiento final.