Ante la creciente viralización de mensajes intimidatorios que afectaron a instituciones educativas de la capital y el interior provincial, el Gobierno de Salta ratificó un esquema de trabajo articulado para frenar la psicosis y dar con los responsables. La estrategia une los esfuerzos de las carteras de Educación, Seguridad y el Ministerio Público Fiscal.

La ministra de Educación, Cristina Fiore Viñuales, llevó tranquilidad a la comunidad al informar que el sistema educativo mantiene su actividad habitual. Sin embargo, fue tajante respecto a las consecuencias de las amenazas: «Se investiga a fondo los hechos porque pueden llegar a ser un delito», expresó, en sintonía con las recientes detenciones de estudiantes vinculados a estas «bromas» pesadas.

Para la funcionaria, la clave para desactivar este fenómeno no es solo policial, sino social. En ese sentido, apeló a la «corresponsabilidad», instando a las familias a involucrarse activamente en la supervisión de los jóvenes y en el diálogo sobre el impacto de sus acciones en el entorno escolar.

Fiore Viñuales recordó que, desde el año 2025, Salta cuenta con el «Programa Provincial de Prevención de la Violencia en la Escuela». Este marco normativo es el que permite a los directivos saber exactamente cómo actuar ante situaciones problemáticas, garantizando una intervención oportuna y coordinada con las fuerzas de seguridad y respetuosa de los derechos de niños, niñas y adolescentes para evitar la interrupción del servicio educativo.

Más allá de la respuesta ante la emergencia, desde el Ministerio destacaron que se viene realizando un trabajo de fondo con equipos directivos. El foco está puesto en la concientización de los alumnos sobre la convivencia escolar, trabajando sobre ejes como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y la justicia.

Mientras la Brigada de Investigaciones continúa rastreando el origen de los mensajes que circularon en ciudades como Metán y Rosario de la Frontera, las escuelas ya cuentan con los protocolos necesarios para garantizar una actuación inmediata ante cualquier indicio de amenaza.

La política de ajuste ortodoxo que aplica el gobierno de Javier Milei sumó un nuevo eslabón de conflicto, otra vez afectando la fibra más sensible de la sociedad: los jubilados. El Colegio de Farmacéuticos de Salta lanzó una advertencia ante la situación «insostenible» que atraviesa el sector, donde la mora en los pagos del PAMI amenaza con paralizar la entrega de medicamentos en toda la provincia.

El presidente de la entidad, Mario Assad, fue tajante al describir un escenario donde la farmacia de barrio se ha convertido, involuntariamente, en la financista de la seguridad social argentina. Mientras el PAMI arrastra deudas y mora crónica, las farmacias deben pagar a las droguerías en plazos ínfimos para no quedarse sin stock.

«La farmacia compra y paga rápido, pero cobra del PAMI con atrasos de hasta 60 días. Con la inflación actual, esto es una condena económica», señaló Assad. La eliminación del Impuesto PAIS, una de las fuentes que alimentaba las arcas del organismo, y la dependencia exclusiva de las transferencias del Tesoro Nacional —hoy bajo el candado del déficit cero— han dejado al PAMI en una fragilidad estructural inédita.

La crisis no es solo una planilla de Excel. El desfasaje financiero está provocando que muchos establecimientos ya no puedan reponer medicamentos básicos. El esquema de «pagos parciales» que intenta aplicar el Gobierno Nacional es visto como un paliativo insuficiente ante una deuda que no para de crecer.

Desde el sector advierten que la rentabilidad ha desaparecido. La combinación de vender «al fiado» a un Estado que no paga, asumir bonificaciones obligatorias y soportar la escalada de precios, hace que la prestación sea inviable.

Aunque desde el Colegio de Farmacéuticos aseguran que no es su deseo cortar el servicio, la realidad de la caja manda. Las farmacias ya no tienen espalda para aguantar la desidia de una gestión nacional que prioriza los números macroeconómicos por sobre el acceso a los remedios de los adultos mayores.

Si el PAMI no normaliza su deuda antes de junio, el sistema podría colapsar, dejando a miles de jubilados salteños a la deriva, víctimas de un ajuste que parece no tener límites ni sensibilidad social.

El sistema de asistencia social para los jubilados y pensionados atraviesa uno de sus momentos más críticos en la provincia. Según un relevamiento, la combinación de deudas millonarias y cambios en la estructura salarial de los profesionales de la salud amenaza con desmantelar la red de atención primaria en todo el territorio salteño.

La medida más reciente y preocupante es la eliminación de un plus salarial que percibían los médicos de cabecera. Este adicional permitía a muchos profesionales sostener sus consultorios privados frente al incremento de costos operativos e inflación.

Actualmente, cada médico tiene asignados entre 700 y 800 afiliados. Los trabajadores de la obra social advirtieron que, al volverse poco rentable, los médicos comenzarán a «desafiliarse» del sistema oficial, dejando a miles de adultos mayores sin su atención de referencia. Una caída masiva en la disponibilidad de turnos para consultas básicas y seguimiento de enfermedades crónicas.

A la crisis salarial se suma una deuda que el organismo nacional arrastra desde enero. Esta situación ha llevado a que diversos rubros esenciales comiencen a restringir la atención a los afiliados de PAMI:

1. Farmacias y Ópticas: Informaron que la falta sostenida de pagos hace imposible el mantenimiento del stock y la prestación de servicios.

2. Pacientes críticos: Se reportan retrasos críticos en la entrega de medicación oncológica y para pacientes con HIV, quienes pasan semanas sin recibir sus tratamientos esenciales.

3. Alta complejidad: Existen demoras en la autorización de prácticas urgentes, como los controles de marcapasos y cirugías programadas.

Los empleados de PAMI en Salta han manifestado su preocupación por lo que consideran un vaciamiento progresivo del organismo. Sostienen que el sistema de atención primaria podría colapsar si no se regularizan los pagos y se garantiza una retribución justa para los profesionales.

Mientras tanto, los jubilados salteños quedan atrapados en medio de una disputa administrativa y financiera, viendo cómo derechos básicos como el acceso a la salud y a medicamentos vitales se ven cada vez más vulnerados.