Bajo el manto de sospecha que genera un INDEC intervenido, los nuevos datos de pobreza e indigencia del cierre de 2025 parecen diseñados más para la propaganda política que para el diagnóstico social. Según el organismo nacional, la pobreza en Argentina cayó al 28,2%, una cifra que resulta difícil de digerir frente a una inflación que no da tregua y un mercado laboral cada vez más precarizado.

Sin embargo, ni siquiera con las planillas «ajustadas» desde Buenos Aires lograron ocultar el drama salteño. En Salta, el índice se desmarcó de la supuesta mejora nacional y mostró una suba del 0,2%, situándose en el 29,7%. Este estancamiento confirma que, mientras el centro del país parece vivir una realidad paralela en los papeles oficiales, el Norte Grande sigue pagando el costo más alto del ajuste.

El gran truco de las estadísticas intervenidas es el promedio. Detrás del 29,7% provincial, se esconde una brecha territorial escandalosa que el economista Jorge Paz (IELDE) se encargó de poner en blanco sobre negro:

• En la Capital: El índice orbita el 29%.

• En el Interior: La pobreza real —esa que no se mide desde los escritorios porteños— supera el 46%.

Casi la mitad de los salteños del interior viven en la privación absoluta, una cifra que el INDEC intenta diluir en un promedio general que poco tiene que ver con la canasta básica real que enfrentan las familias en Metán, Orán o Rivadavia.

Para los especialistas, los datos de finales de 2025 son «fotografías viejas» que ya no representan el impacto de las variables actuales. El escenario de 2026 —marcado por el aumento de combustibles debido al conflicto en Medio Oriente y la erosión constante de los ingresos— proyecta un rebote inevitable.

«Estamos mirando la historia de fines del 2025; no estamos mirando lo que está pasando hoy», advirtió Paz, anticipando que para este primer semestre la pobreza volverá a perforar el techo del 30% o 31%.

Incluso los sectores que defienden las cifras del INDEC reconocen que la supuesta baja nacional no se explica por la generación de riqueza, sino por el refuerzo masivo de planes sociales (Tarjeta Alimentar y AUH). Esto deja a la población en una situación de «vulnerabilidad asistida»: no son menos pobres porque tengan mejores trabajos, sino porque el Estado inyecta fondos para que apenas logren asomar la cabeza por encima de la línea de indigencia.

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica de Salta emitió un informe crítico al cierre de marzo de 2026. Los números reflejan un avance sostenido del virus Chikungunya, con 413 casos confirmados y 25 probables en todo el territorio provincial. Si bien el norte sigue siendo la zona más castigada, la detección de casos en el Valle de Lerma y el sur provincial enciende las alarmas de las autoridades sanitarias.

La distribución geográfica del virus muestra una marcada concentración en la frontera norte, aunque la dispersión es evidente:

• Norte Extremo: Salvador Mazza lidera las estadísticas con 262 casos. Tartagal (7 confirmados) y Aguaray (5) completan el cuadro de situación en el departamento San Martín.

• Departamento Orán: Suma focos importantes en Aguas Blancas (42), San Ramón de la Nueva Orán (28) y Colonia Santa Rosa (1).

• Anta y el Este: Se registran brotes en El Quebrachal (13), Apolinario Saravia (8), Joaquín V. González (3) y Las Lajitas (3).

• Centro y Capital: Salta Capital reporta 10 casos confirmados y 10 probables. También hay registros en Cerrillos (2) y Campo Quijano (1).

• Sur Provincial: El virus ha llegado a Rosario de la Frontera (1 confirmado) y El Galpón (1 caso probable), lo que obliga a extremar cuidados en la zona de Metán y alrededores.

Síntomas: Cómo diferenciarlo de otras virosis

El Chikungunya se distingue por una sintomatología que suele aparecer entre los 3 y 7 días posteriores a la picadura del mosquito infectado:

• Fiebre alta y repentina.

• Dolores articulares incapacitantes: Afectan principalmente manos y pies (es la característica más distintiva del virus).

• Erupciones en la piel, dolores musculares y cefaleas intensas.

Ante la falta de una vacuna de distribución masiva, el Ministerio de Salud recalca que la lucha es contra el vector: el mosquito Aedes aegypti.

1. Descacharrado total: Vaciar o eliminar cualquier objeto que acumule agua (baldes, cubiertas, floreros). Sin agua acumulada, no hay criaderos.

2. Barreras físicas: Uso constante de repelente y colocación de mosquiteros en aberturas y cochecitos de bebés.

3. No automedicarse: Ante dolores articulares o fiebre, es vital acudir al centro de salud. El uso de ciertos analgésicos sin supervisión puede complicar el cuadro clínico.

La situación al cierre de este trimestre indica que el virus está en plena fase de expansión. La colaboración ciudadana en la limpieza de patios y terrenos es, hoy por hoy, la herramienta más efectiva para evitar que el brote se transforme en una epidemia incontrolable antes de que bajen las temperaturas.

El mensaje del Ejecutivo provincial ha sido tajante: «El que las hace, las paga». En una decisión que combina la seguridad vial con la responsabilidad civil, el gobernador de Salta confirmó que los dos conductores involucrados en los recientes choques en la Circunvalación y el Acceso a la Ciudad no serán beneficiarios de la gratuidad del sistema de salud pública para sus tratamientos de recuperación.

La medida surge como respuesta directa a dos hechos que conmocionaron a la opinión pública en los últimos días: un vuelco en la autopista de circunvalación y un vehículo que cayó al vacío en el ingreso a la capital salteña. En ambos casos, los peritajes confirmaron que los conductores circulaban bajo los efectos del alcohol, violando la Ley de Tolerancia Cero vigente en la provincia.

Sancionada en diciembre de 2024, la Ley 8.477 busca proteger los recursos del erario público. Hasta su implementación, los gastos millonarios que genera un siniestro vial —que incluyen desde el traslado en ambulancia hasta cirugías de alta complejidad y días de terapia intensiva— eran absorbidos por todos los contribuyentes salteños.

Con esta normativa, el Estado provincial rompe con la lógica de la asistencia gratuita para quienes actúan con negligencia criminal. El impacto no es menor: la atención de un paciente crítico en un hospital público puede costar varios millones de pesos diarios, cifra que ahora deberá ser saldada íntegramente por los infractores.

Desde el Gobierno señalaron que esta no es meramente una decisión recaudatoria, sino una herramienta de concientización y justicia social. Al poner en riesgo no solo su integridad sino la de terceros, el conductor alcoholizado pierde el derecho al subsidio estatal en salud.

«En Salta elegimos cuidar la vida y ordenar. El que no cumple, se hace cargo», sentenciaron las autoridades, ratificando que la provincia mantendrá una línea dura contra el consumo de alcohol al volante. La medida sienta un antecedente incisivo para el resto del país, trasladando el costo de la irresponsabilidad directamente al patrimonio de quien decide ignorar las leyes de tránsito.