La interpelación al ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, el salteño Federico Posadas, se transformó en una maratónica jornada de durísimos cuestionamientos que terminaron por pulverizar el relato oficial sobre la gestión turística de la vecina provincia. Durante la sesión, legisladores de diversos bloques expusieron una extensa nómina de presuntas irregularidades administrativas, incoherencias patrimoniales y contrataciones vinculadas de forma directa a su entorno familiar y político.

El punto de mayor tensión se desató con la exhibición de órdenes de pago que confirman que el Estado le facturó a su esposa, Valentina Moisés, violando la Ley de Ética Pública. A esto se sumaron las sospechas por la adjudicación del bar del Cabildo a un monotributista sin antecedentes, los lazos comerciales con la firma de transporte Silvia Magno, los vínculos con la consultora Politeia y una causa penal archivada en 2018 por licitaciones armadas para la pauta digital. Asimismo, se denunció la designación en la estructura gubernamental jujeña de una lista de salteños bajo la figura de «ñoquis vip», entre los que se nombró a Federico y Ernesto Estorniolo, Pablo Espinosa, María Eugenia y José María Zambrano, y Mariana Borigen.

La rendición de cuentas sobre eventos masivos también dejó al descubierto llamativas inconsistencias financieras. Sobre el recital de La Renga, los diputados remarcaron que mientras la cartera comunicó un impacto económico de $7.700 millones, los anexos del propio informe sumaban más de $9.000 millones, mezclando la fuga de divisas como ganancia, sumado a desembolsos de $60 millones en sponsoreo, predios cedidos gratis y contrataciones insólitas de $2 millones en hielo, $7 millones en internet y $18 millones en catering. A la par, se cruzaron sus declaraciones juradas patrimoniales por registrar inmuebles rurales y urbanos adquiridos a «valor cero» o a cifras irrisorias de $20 millones.

Finalmente, la oposición y sectores aliados contrastaron los datos oficiales de pernoctes y empleo privado con las estadísticas del INDEC y la DiPEC, al punto de que el propio vicegobernador Alberto Bernis llegó a deslizar en el estrado la acusación de «encuestas truchas». Ante el volumen de las pruebas ventiladas, el cuerpo legislativo aprobó la moción para remitir la versión taquigráfica completa a la fiscalía de turno para que se inicie una investigación penal contra el funcionario. Sin embargo, en el recinto quedó flotando un llamativo interrogante de la prensa: el silencio cómplice de todos los bloques sobre Choice, la consultora histórica con la que Posadas operó en los medios para posicionarse en la mesa política regional.

El diputado nacional por Jujuy Manuel Quintar (La Libertad Avanza) quedó en el centro de un polémico expediente judicial en los tribunales federales tras la presentación de una denuncia penal por supuestos delitos de corrupción, tráfico de influencias y negociación incompatible con la función pública. La causa gira en torno al presunto direccionamiento de fondos y derivaciones médicas desde la delegación Jujuy del PAMI hacia centros de salud privados vinculados a su círculo familiar y empresarial.

Según consta en el escrito judicial, las maniobras investigadas comprometen las asignaciones presupuestarias de la obra social de los jubilados hacia firmas prestadoras como la Clínica San Francisco S.R.L. —asociada a su esposa, Natalia Castillo Aurane—, además de la Clínica Los Lapachos y la Cooperativa de Trabajo Profesionales de la Salud de Jujuy.

La sospecha sobre giros millonarios e incompatibilidades

La denuncia sostiene que, a partir del posicionamiento político e influencia de la bancada oficialista sobre los organismos descentralizados provinciales, se habrían favorecido cobros y convenios prestacionales por sumas que rondan los $27 millones de pesos mensuales a favor de los establecimientos señalados.

La imputación impulsada en los fueros federales busca determinar si existió una red de retribuciones indebidas, sobreprecios y beneficios sistemáticos a favor de empresas administradas por familiares directos del legislador, lo que constituiría presuntos delitos de defraudación contra la administración pública, incompatibilidad administrativa y asociación ilícita.

La respuesta de la defensa política

Tras la repercusión mediática del caso, fuentes allegadas al legislador libertario rechazaron categóricamente los términos de la acusación judicial, atribuyendo el impulso de la causa a «operaciones políticas de la oposición provincial» destinadas a desgastar el armado territorial del espacio gobernante en la región NOA.

Entretanto, los fiscales federales analizan los requerimientos probatorios, las órdenes de transferencia bancaria solicitadas y los expedientes prestacionales para determinar el curso del proceso penal.

En un hecho de desubicación política y falta de empatía sin precedentes recientes en el Norte argentino, el diputado nacional por el espacio libertario, Manuel Quintar, protagonizó un repudiable ataque en redes sociales contra Morella López, la flamante Representante Provincial de los Estudiantes de Jujuy 2026.

La controversia estalló tras la emotiva noche vivida en la Ciudad Cultural, donde la joven del Departamento El Carmen fue coronada entre el ovación unánime del público. ¿El «delito» cometido por la nueva soberana para recibir el ensañamiento del legislador? Tener 15 años, ser morocha, dueña de una belleza auténtica, brindar un brillante y sensible discurso contra el bullying y ser la candidata más aplaudida por la gente.

Lejos de respetar la fiesta de la juventud o el valor de una menor expresándose en contra del bullying, Quintar volcó su odio en las redes sociales con términos cargados de ideologización barata y prejuicios: «El wokismo radikuka infectó la Fiesta de los Estudiantes», arremetió de forma violenta.

Las reacciones contra el legislador no se hicieron esperar. Las redes sociales estallaron de indignación y rabia contra Quintar, acusándolo de atacar a una niña de 15 años bajo evidentes sesgos de discriminación, elitismo e intolerancia.

Al repudio masivo de los usuarios en plataformas digitales se le sumó el categórico rechazo de la Municipalidad de El Carmen y de diversos sectores sociales que salieron a blindar a Morella. Mientras la joven se prepara para representar a Jujuy en la instancia Nacional el próximo 25 de septiembre con el respaldo de todo un pueblo, Quintar quedó expuesto en su intento de rascar me gustas a costa del maltrato a una estudiante secundaria.