La ola de mensajes intimidatorios que afectó a diversas instituciones educativas de la provincia esta semana ya tiene sus primeras consecuencias legales. La Policía de Salta confirmó la detención de varios implicados en el marco de investigaciones por el delito de Intimidación Pública, tras una serie de amenazas que generaron zozobra en la comunidad educativa.

En la ciudad de Salta, los procedimientos se centraron en la Escuela de Educación Técnica N° 3141 «República de la India», donde dos alumnos fueron detenidos. Por orden de la Fiscalía, se realizaron requisas en sus viviendas particulares y se procedió al secuestro de teléfonos celulares para peritajes informáticos.

Por su parte, en Rosario de la Frontera, la situación afectó al Colegio N° 5009 (ex Normal). Allí, la Brigada de Investigaciones demoró a un estudiante menor de edad vinculado a un hecho de similares características. En este caso, tomó intervención el Juzgado de Menores N° 3, que también ordenó el registro de la vivienda del implicado.

Las autoridades advirtieron que este fenómeno de mensajes amenazantes, que se ha viralizado en colegios de todo el país, no es tomado a la ligera por la Justicia. De acuerdo con el Código Penal, estas conductas se encuadran como Intimidación Pública, un delito que prevé penas de 2 a 6 años de prisión.

«Se trabaja de manera coordinada para identificar a los responsables y determinar las circunstancias de cada hecho», informaron fuentes policiales. En las investigaciones participan activamente la Brigada de Investigaciones, Fiscalías Penales, Asesoría de Menores e Incapaces y Juzgados de Menores.

Debido a que este tipo de mensajes se han replicado en distintas provincias, las fuerzas de seguridad salteñas trabajan en red para analizar el origen de las capturas y textos viralizados. El objetivo es desarticular estas maniobras que, además de generar pánico, obligan a desplazar recursos policiales y de emergencia, afectando el normal dictado de clases.

Con el propósito de aceitar los mecanismos de trabajo diario y garantizar la eficacia en el servicio de justicia, el fiscal penal Oscar López Ibarra lideró un encuentro estratégico destinado a las fuerzas de seguridad del distrito. La reunión, que tuvo lugar en la subcomisaría El Mirador, buscó fortalecer el nexo entre la policía y la fiscalía para lograr resultados más sólidos en las investigaciones criminales.

Durante la jornada, el fiscal López Ibarra, acompañado por su equipo auxiliar, puso el foco en la estandarización de los procedimientos. Se abordaron puntos críticos de la labor policial diaria: se enfatizó en la confección de partes preventivos claros y concisos, además del uso correcto de los aplicativos digitales.

Además,  se instruyó sobre la importancia de la consulta fiscal rápida ante situaciones de urgencia para evitar nulidades en los procedimientos y se discutió la articulación entre las distintas áreas (Investigaciones, Drogas, Rural y 911) para evitar la superposición de tareas y priorizar los casos de mayor impacto.

El fiscal hizo hincapié en que el éxito de una investigación judicial comienza con el correcto desempeño policial en la calle y en las tareas preventivas. «El compromiso de trabajo conjunto es fundamental para mejorar la eficacia de las investigaciones», destacó López Ibarra, subrayando que la calidad del servicio de justicia depende de esta sinergia.

El encuentro contó con una amplia representación de la Unidad Regional 13, incluyendo a sus máximos jefes y responsables de divisiones clave como la Brigada de Investigaciones, División Rural, División Drogas y el Sistema de Emergencias 911, además de los destacamentos del interior.

Por parte de la Fiscalía, acompañaron la auxiliar fiscal Carolina Salas y las abogadas Romina Merin y Nancy Troichuk, reforzando el equipo técnico que supervisa el flujo de las actuaciones judiciales en la región.

Una denuncia estremecedora ha quebrado la tranquilidad de Rosario de la Frontera. Una mujer de 73 años fue imputada provisionalmente como autora del delito de abuso sexual simple agravado por la guarda, en modalidad de hechos reiterados. Lo más alarmante del caso es el vínculo familiar: la acusada es la abuela paterna de las víctimas.

La investigación penal, encabezada por el fiscal Nicolás Rodríguez López, se disparó tras la denuncia radicada por la madre de dos niñas de 9 y 11 años. Según el relato materno, las pequeñas habrían sido víctimas de tocamientos y actos que vulneraron su integridad sexual durante años. El calvario, según se desprende de la causa, habría comenzado cuando las menores tenían apenas 4 y 6 años de edad.

Uno de los pasos procesales más determinantes fue la realización de la Cámara Gesell. En este entorno protegido, las dos hermanas fueron entrevistadas por especialistas y, según confirmaron fuentes judiciales, ratificaron punto por punto lo denunciado por su madre, brindando testimonios que complican seriamente la situación de la abuela.

Durante la audiencia de imputación, la mujer de 73 años contó con la asistencia de la defensa oficial. Sin embargo, optó por hacer uso de su derecho constitucional de abstenerse de declarar, guardando silencio ante las graves acusaciones en su contra.

Dada la gravedad de los hechos y el vínculo de confianza que la mujer mantenía con las niñas, la Fiscalía solicitó formalmente ante el Juzgado de Garantías interviniente que la acusada permanezca detenida mientras se sustancian el resto de las pericias.

El fiscal Rodríguez López enfatizó que la causa se encuentra en plena etapa de producción de pruebas, con «numerosas medidas dispuestas para lograr el esclarecimiento total de lo sucedido».

Este caso vuelve a poner el foco sobre la vulnerabilidad de las infancias en el ámbito intrafamiliar y la importancia de escuchar las señales de alerta en los más chicos. Por el momento, la comunidad permanece expectante ante las próximas resoluciones de un Juzgado que deberá decidir si la septuagenaria esperará el juicio tras las rejas.