El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia resolvió avanzar con el proceso de cesantía contra Pablo Emanuel López, docente y concejal capitalino, luego de que se conociera públicamente una denuncia penal en su contra por hechos de violencia sexual, física y económica. La gravedad de las acusaciones generó un fuerte impacto institucional y la respuesta oficial fue inmediata.

Por instrucción directa de la ministra Cristina Fiore Viñuales, se activó el procedimiento legal correspondiente para apartar de manera preventiva a López de sus funciones docentes. La decisión fue comunicada a la Dirección del Nivel Secundario y a la Dirección General de Personal, mientras se sustancia el sumario administrativo.

La cartera educativa dejó asentado que no se tolerarán situaciones de esta índole dentro del sistema educativo, independientemente de los cargos o funciones que ostente el involucrado. “La protección de los estudiantes y la integridad de la comunidad educativa están por encima de cualquier interés personal o político”, indicaron fuentes ministeriales.

El caso, que ya es investigado por la Justicia, continúa su curso en la órbita penal, pero en paralelo la Provincia avanzó con medidas que podrían derivar en la expulsión definitiva del sistema educativo. La denuncia, que involucra hechos de extrema gravedad, sacudió al ámbito político y docente de la capital salteña.

Durante una nueva ronda de negociaciones paritarias celebrada esta semana, los gremios estatales volvieron a rechazar la oferta salarial presentada por el Gobierno de la Provincia, que contemplaba un incremento del 9% escalonado para el segundo semestre. La propuesta fue considerada insuficiente ante el escenario inflacionario actual, y las organizaciones sindicales plantearon la necesidad de una mejora inmediata en los haberes, así como una revisión de la pauta en el mes de septiembre.

El encuentro, que tuvo lugar en Casa de Gobierno, contó con la participación de los ministros Sergio Camacho (Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo), Roberto Dib Ashur (Economía y Servicios Públicos), Cristina Fiore (Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología) y Federico Mangione (Salud Pública), quienes encabezaron la representación oficial. Por el sector gremial asistieron referentes de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y de otros sindicatos que nuclean a trabajadores de distintas áreas del Estado.

En el ámbito educativo, los planteos giraron en torno a cuatro ejes principales: el incremento del código 690, correspondiente a la asignación remunerativa que impacta directamente en el salario docente; la actualización del monto destinado a compensar los gastos por transporte; la titularización de cargos, y la ampliación de horas cátedra en el nivel terciario, de forma generalizada.

A pesar de que ambas partes coincidieron en la necesidad de mantener el diálogo abierto, las posiciones se endurecen. Desde el frente gremial insisten en que la propuesta oficial está por debajo de los índices reales de inflación y no alcanza a cubrir el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

Las negociaciones se retomarán la próxima semana, aunque el clima es tenso y la expectativa está puesta en una mejora concreta de la propuesta oficial. Mientras tanto, los sindicatos analizan medidas en caso de no obtener una respuesta satisfactoria en el corto plazo.

La figura del concejal Pablo Emanuel López, referente capitalino de La Libertad Avanza, quedó en el centro de una grave denuncia judicial que ya tomó estado público y generó un fuerte cimbronazo político dentro del espacio libertario a semanas del cierre de listas para las elecciones de octubre.

El caso trascendió este jueves por la mañana, luego de que el periodista Daniel Murillo difundiera una serie de audios comprometedores en los que se escucha al edil manteniendo un diálogo con una mujer que integró la misma lista partidaria y que fue electa como convencional municipal. La conversación sugiere una situación de presunta extorsión económica con connotaciones sexuales, y ya es objeto de investigación por parte de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género.

Según el material difundido, López habría condicionado el acceso a parte del sueldo de la mujer a la realización de favores sexuales. La denunciante, que afirma haber sido engañada en la distribución de fondos, le reclama: “¿No eran 500 mil pesos?”, a lo que el concejal responde: “No me forreés, dejá de forrearme y te voy a escuchar”.

En un tramo aún más delicado del intercambio, López expresa: “Yo te ofrecí una solución para todos tus problemas y vos no aceptaste. Por cada chupada de pito te descontaba 10 mil pesos”. Ante la frase, la mujer replica con indignación: “¡Creés que soy una p…!”.

La denuncia ya fue formalmente presentada ante el Ministerio Público Fiscal y, según se pudo confirmar, fue radicada bajo el fuero especializado en violencia de género. La investigación se encuentra en etapa preliminar, aunque se anticipa que se solicitarán pericias sobre el contenido de los audios y posibles declaraciones testimoniales.

El hecho generó fuerte repercusión debido a la postura pública que el propio López había manifestado en 2022, cuando repudió al exconcejal “Pitu” Colque, quien fue denunciado y posteriormente apartado del cuerpo legislativo tras ser acusado de agredir a su expareja. En aquel momento, López reclamó públicamente “tolerancia cero” ante conductas de violencia de género.

Fuentes cercanas al Concejo Deliberante confirmaron que la situación ya fue elevada al área de Legales del cuerpo, y que de avanzar la causa judicial, se evaluaría la aplicación de sanciones administrativas o incluso un pedido de suspensión de funciones mientras se esclarece la situación. En tanto, desde organismos vinculados a la defensa de los derechos de las mujeres ya se hicieron oír las primeras expresiones de repudio y se reclamó que el proceso judicial avance con celeridad y sin presiones externas.

El caso se produce en un momento de fuerte exposición política para todos los espacios, dado el calendario electoral vigente, y pone bajo la lupa nuevamente el debate sobre la violencia institucional, el uso discrecional de recursos públicos y los límites éticos en el ejercicio de la representación.