El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue detenido en su domicilio particular horas después de ser oficialmente destituido de su cargo, en el marco de las investigaciones por el resonante escándalo financiero vinculado al Ueno Bank que conmociona a la región.

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La orden de detención fue dictada de forma conjunta por un equipo de fiscales de élite integrado por Elena Fiore, Christian Benítez y Silvia González Véster, pertenecientes a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. A la causa también se sumó la agente Ruth Karina Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos.

Un golpe institucional y financiero sin precedentes

La caída política de Peña se precipitó tras salir a la luz presuntas irregularidades y operaciones financieras ilícitas que salpican directamente a la entidad bancaria Ueno Bank y a altos funcionarios del gobierno paraguayo. Los fiscales a cargo del expediente analizan ahora documentación sensible secuestrada durante los allanamientos para determinar el alcance exacto de la red de lavado de dinero y la responsabilidad penal del exmandatario.

Desde la fiscalía indicaron que en las próximas horas se le tomará declaración indagatoria a Peña, mientras que el arco político y económico del país vecino sigue con máxima atención el desarrollo de las medidas cautelares y el avance de la causa judicial.

En un sorpresivo giro judicial que genera repercusiones en todo el cono sur, el Ministerio Público emitió formalmente una orden de captura contra el expresidente Santiago Peña. La medida también recae sobre Carlos Carvallo, quien se desempeñara al frente del Banco Central.

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Hasta el momento, las autoridades judiciales no han trascendido mayores detalles sobre los cargos específicos que motivaron la decisión, aunque se espera que en las próximas horas se brinde una conferencia de prensa oficial para esclarecer los alcances de la medida y los pasos procesales a seguir.

Impacto institucional

La noticia sacudió el tablero político y económico, mientras los equipos legales de los implicados analizan los pasos a seguir frente a esta repentina orden de detención dictada por el Ministerio Público.

Paraguay atraviesa su crisis institucional y financiera más severa desde el retorno a la democracia. La implosión repentina de Ueno Bank, la entidad bancaria con mayor cantidad de clientes del país, no solo dejó a casi tres millones de ahorristas sin acceso a sus cuentas y paralizó la cadena de pagos, sino que desató un sismo político de proporciones continentales: el presidente Santiago Peña presentó su renuncia formal, mientras el Congreso, lejos de concederle una salida decorosa, aprobó someterlo a un juicio político.

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El caso desnudó con crudeza el funcionamiento estructural de la derecha latinoamericana: un discurso de modernización financiera, libre mercado y desregulación que, en la práctica, opera como un andamiaje para la captura del Estado en beneficio de grupos económicos concentrados, dejando a la intemperie a los sectores populares y de clase media.

El origen del desfalco: negocios cruzados y fondos públicos atrapados

El detonante ocurrió cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank tras constatar que su índice de solvencia se había desplomado por debajo de la mitad del mínimo exigido por ley. La medida implicó el bloqueo absoluto de tarjetas, transferencias y ventanillas.

El entramado de complicidades políticas quedó expuesto al revelarse el volumen del dinero público comprometido:

• 850 millones de dólares en fondos estatales estaban depositados o colocados en la entidad caída.

• El Instituto de Previsión Social (IPS) mantenía atrapados cerca de US$ 355 millones, poniendo en jaque el pago de jubilaciones a más de 32.000 beneficiarios.

• Fondos estratégicos de la represa hidroeléctrica de Itaipú y diversas cajas públicas también quedaron atrapados en el corralito paraguayo.

La oposición calificó la maniobra como «la mayor estafa desde el poder político en la era democrática», con desvíos detectados hacia empresas vinculadas a los propios accionistas del banco y balances adulterados donde gastos corrientes figuraban como activos.

El rol de Peña y el «experimento» corporativo

Santiago Peña, formado técnica y doctrinariamente en el Fondo Monetario Internacional y presentado como la cara visible de la «eficiencia de gestión», quedó en el ojo del huracán judicial: el mandatario había sido accionista de Ueno Holding hasta principios de 2025. A su vez, quien presidía el Banco Central hasta desatarse el escándalo, Carlos Carvallo Spalding, había sido el director de la financiera Ueno antes de asumir la tutela del organismo estatal que debía auditarla.

Esta connivencia entre el regulador y el negocio privado terminó dinamitando la credibilidad de la administración. Lo que se promocionó como un polo de modernización fintech concluyó con órdenes de detención para la cúpula directiva del banco, imputaciones a decenas de exfuncionarios y una estampida bancaria que amenazó con contagiar a todo el sistema.

Furia en las calles y la traición del poder real

Durante las últimas jornadas, el centro de Asunción se convirtió en un escenario de resistencia social. Miles de manifestantes, ahorristas indignados, jubilados y organizaciones populares sitiaron el Congreso bajo una feroz represión policial que dejó decenas de heridos y más de un centenar de detenidos. La postal del cerco derribado en el palacio legislativo terminó de quebrar la legitimidad del Ejecutivo.

En un intento desesperado por desactivar la calle, Peña anunció su dimisión a través de un mensaje grabado, apelando a la «paz social». Sin embargo, el poder fáctico de Paraguay —encabezado por el expresidente Horacio Cartes y las cúpulas del gobernante Partido Colorado— decidió soltarle la mano al tecnócrata y avanzar con el juicio político para acelerar la asunción del vicepresidente Pedro Alliana.

La crisis paraguaya trasciende sus fronteras y proyecta una advertencia directa a la región: detrás de las recetas neoliberales de desregulación acelerada, achique estatal y marketing financiero, la subordinación del bien público a las corporaciones privadas suele terminar pagándose con el despojo de los ahorros populares y el quiebre de la paz social.