Los hechos sucedieron en cinco ocasiones pese a que el hombre estaba debidamente notificado. Su expareja lo acusó de constantes amenazas que le impedían proseguir con su vida de manera armoniosa.

La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género de Metán, Susana Redondo Torino, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal de Juicio Sala II Vocalía III, donde un hombre de 44 años fue condenado a la pena de 1 año y 6 meses de prisión en forma de ejecución condicional, con costas y accesorios legales, por ser autor voluntario y penalmente responsable del delito de desobediencia judicial en perjuicio de la administración pública, por 5 hechos.

Los hechos denunciados ocurrieron en fechas 03/07/23, 15/10/23, 29/10/23 (entre las 12:50 y las 15:15 horas) y 04/11/23, en perjuicio de su ex pareja.

En julio de 2023, la damnificada efectuó denuncia contra su ex pareja, con quien tuvo una relación de 9 años y un hijo en común, y de la cual se encuentran separados desde hace tres años debido a la violencia que sufrió, motivo por el cual ya había radicado denuncias.

En esta oportunidad refirió que el acusado la amenazaba mediante mensajes con denunciarla por maltrato hacia el hijo en común, y también amenazaba a su actual pareja. Manifestó estar cansada de la situación, ya que no podía trabajar tranquilamente debido a las denuncias que llegaban a su trabajo, no podía llevar una vida normal ni salir a pasear con su hijo y su pareja debido al acoso del acusado.

La mujer relató que vivía con miedo y quería que su ex pareja la dejara vivir en paz, sin amenazas ni hostigamiento hacia ella, su pareja, su hijo o sus hermanos.

La conducta del acusado implicó la desobediencia a la orden judicial de alejamiento dictada por el Juez de 1° Instancia de Violencia Familiar y de Género Carmelo Eduardo Paz, que le prohibía acercarse a su ex pareja y ejercer cualquier tipo de violencia física o psicológica contra ella o su grupo familiar, así como proferir insultos, realizar llamadas telefónicas, enviar mensajes de texto o publicar en redes sociales, consumir alcohol o drogas, o realizar amenazas descalificantes.

A pesar de estar debidamente notificado de las medidas en su contra, el acusado eludió constantemente las órdenes judiciales, omitiendo cumplir con las disposiciones emitidas.

En la sentencia, se impusieron al condenado reglas de conducta, que incluyen fijar residencia en el radio del Tribunal por dos años, prohibición de acercamiento al domicilio de la denunciante y su grupo familiar, abstenerse de abusar del consumo de alcohol y drogas, iniciar tratamiento psicológico y presentarse mensualmente ante el Tribunal para informar sobre su conducta, bajo apercibimiento de revocación de la pena condicional en caso de incumplimiento injustificado.