En una resolución judicial que sienta un firme precedente sobre los derechos de la niñez y las obligaciones parentales en la región, la jueza de Metán, Carolina Poma Salvadores, condenó a un hombre de 47 años de edad por ser autor responsable del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. La magistrada le impuso la pena de tres meses de prisión de ejecución condicional.

Para mantener la libertad condicional y no hacer efectiva la reclusión en un centro penitenciario, el imputado deberá cumplir estrictamente una serie de reglas de conducta fijadas por el tribunal durante los próximos dos años. Entre las principales pautas obligatorias, el condenado tiene el deber de abonar una cuota alimentaria provisoria equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) actual, suma económica que deberá depositar de manera mensual en una cuenta judicial bajo la supervisión de la oficina de control correspondiente.

El veredicto judicial dejó en claro que la responsabilidad de los padres de proveer sustento alimentario, vestimenta, educación y salud a sus hijos es una obligación legal ineludible. La jueza subrayó en el fallo que este deber no se extingue ni se aminora aunque la otra parte progenitora cuente con los medios para cubrir las necesidades básicas de manera independiente, remarcando que la omisión deliberada de estos aportes vulnera los derechos del niño y pone en serio peligro la seguridad económica del núcleo familiar.

Un largo historial de desatención y abandono

Los antecedentes ventilados durante el debate revelaron que el hombre y su expareja habían convivido durante veintiún años, período en el cual constituyeron una familia. No obstante, la relación comenzó a fracturarse definitivamente hace aproximadamente cinco años. A partir de ese momento, y a pesar de encontrarse separados de hecho, ambos continuaron residiendo bajo el mismo techo compartiendo la vivienda en condiciones de convivencia sumamente precarias.

El eje central de la denuncia penal radicó en la desatención total y sistemática de las necesidades básicas de su hijo menor de edad, quien en la actualidad tiene 12 años. Según el testimonio brindado por la madre, las partes habían asistido a una mediación obligatoria en abril de 2021 donde se acordó formalmente el pago de una cuota de alimentos. Sin embargo, inmediatamente después de suscribir el acta, el acusado interrumpió de forma arbitraria cualquier tipo de asistencia o aporte económico para la crianza.

Esta total ausencia de apoyo financiero escaló a puntos dramáticos y críticos. Uno de los momentos más complejos expuestos en el juicio ocurrió cuando el niño debió ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia: en dicha oportunidad, el padre no solo se negó de manera tajante a colaborar con los gastos de la clínica y los medicamentos, sino que ni siquiera se hizo presente en el centro de salud para acompañar a su hijo. Ante la desprotección, fueron los familiares de la madre quienes debieron salir a costear la operación de urgencia.

Intentó negar la paternidad y excusarse ante el tribunal

La estrategia defensiva del acusado sumó ribetes de extrema crudeza familiar. En el transcurso del proceso judicial, se supo que el implicado llegó incluso a negar su propia paternidad sobre el menor. Dicha postura obligó a la justicia a ordenar la realización de una pericia científica de prueba de ADN, cuyo resultado de laboratorio arrojó un porcentaje positivo absoluto, confirmando de manera indubitable el lazo biológico entre ambos.

Hacia el cierre de las audiencias, y a pesar de comprobarse que posee plena capacidad laboral para generar ingresos, el imputado intentó justificar la falta de pago alegando que carecía de un empleo estable y aduciendo que la madre se rehusaba a recibirle el dinero en mano.

Estas justificaciones fueron desestimadas por el tribunal, considerándolas insuficientes para deslindar su responsabilidad penal como garante natural y legal del bienestar integral de su hijo, culminando en la condena impuesta en el distrito judicial del sur provincial.