A partir de la denuncia del diputado salteño Gustavo Dantur se destapó una red de arbitrariedades y manejos discrecionales en el sistema de pensiones por invalidez. El legislador provincial elevó un reclamo formal al Gobierno nacional, advirtiendo que los beneficiarios de pensiones por discapacidad son obligados a costear estudios médicos en clínicas privadas para no perder el beneficio.
“Levantamos la voz solicitándole al Estado nacional que sean ellos los que se hagan cargo del gasto que demande los estudios de las personas que tienen una pensión por discapacidad”, expresó Dantur, al tiempo que advirtió sobre el impacto de esta medida en sectores altamente vulnerables. “La insensibilidad de este gobierno nacional parece no tener límites. Se quisieron meter y se están metiendo con los más vulnerables de todos”, sostuvo.
Asimismo, señaló que los destinatarios de estas notificaciones deben pagar de su bolsillo las prácticas médicas, en instituciones privadas, designadas por el propio Estado: “Tienen que pagar en forma privada, en clínicas privadas. Y en esta carta documento les dicen a qué clínica ir”.
El entramado detrás del negocio de la discapacidad
En este sentido, Jujuy y Salta se convirtieron en terreno fértil para el negocio de las auditorías por pensiones por invalidez. Lejos de combatir los privilegios, la gestión de Javier Milei profundiza el uso de estructuras estatales para beneficiar a su círculo más íntimo. El caso más grave y evidente es el del diputado jujeño Manuel Quintar, un operador de máxima confianza de Karina Milei, quien no solo controla el PAMI en su provincia, sino que también convirtió su clínica privada en centro de auditorías obligatorias para personas con discapacidad.
La empresa «Los Lapachos», responsable de revisar los certificados de pensión por invalidez en nombre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), pertenece a la familia Quintar. Esta maniobra —que combina privatización, concentración de poder y conflicto de intereses— generó un escándalo silencioso, que crece al ritmo del temor entre los beneficiarios, muchos de los cuales deben viajar cientos de kilómetros para presentarse ante médicos de una firma con fines de lucro que no conocen ni reconocen como imparcial.
En Salta, el Ministerio de Salud se vio obligado a aclarar públicamente que no tiene ningún vínculo con estas auditorías, deslindando responsabilidades ante una oleada de reclamos ciudadanos. A pesar de esto, muchos salteños están siendo derivados por la Nación a clínicas privadas con sede en Jujuy, administradas por personas cercanas al poder libertario.
La clínica de Karina
Manuel Quintar no es un funcionario más. Es el hombre de Karina Milei en el norte argentino. De su mano, tomó el control del PAMI jujeño y designó como jefe local a Evaristo Bautista, su propio administrador de la clínica. La misma clínica —«Los Lapachos»— donde se hacen las auditorías de discapacidad. El negocio es redondo: desde el Estado se direccionan las auditorías hacia su empresa privada, con total impunidad.
Detrás del discurso de la eficiencia y la supuesta lucha contra el “curro de la discapacidad”, se esconde una red de favores, contratos direccionados y abuso de poder. La misma familia que maneja la clínica quebró en los años noventa bajo el nombre de «Sanatorio Quintar» dejando deudas impagas. Años después, con un simple cambio de nombre, siguieron operando como si nada hubiera pasado.
Lejos de representar un nuevo paradigma, Quintar es un reciclado de la política tradicional. Ex aliado de Milagro Sala y el Frente para la Victoria, supo acomodarse con rapidez en el esquema libertario, gracias a su cercanía con Karina Milei y Eduardo «Lule» Menem. En 2022, fue anfitrión del entonces presidente Alberto Fernández, quien visitó a Milagro Sala en su clínica. Hoy, con el nuevo gobierno, dirige auditorías para excluir del sistema a personas con discapacidad, bajo el pretexto de «ordenar» el padrón de beneficiarios.
Impunidad y encubrimiento familiar
El poder de Quintar no se limita al plano sanitario. Desde su banca en Diputados, el legislador jujeño intentó presionar públicamente al Poder Judicial de su provincia. Lo hizo invocando “un cambio de época”, pero en realidad buscaba proteger a su hermano, Omar Quintar, acusado de violar a una menor de 15 años. En una sesión parlamentaria, pidió intervenir la Justicia jujeña, en un evidente intento por condicionar a los jueces que llevan adelante el caso.
El expediente judicial es estremecedor. La víctima, una adolescente, fue abusada en una habitación a oscuras por al menos dos personas. Cuando logró escapar y encender la luz, reconoció a Omar Quintar como uno de sus agresores. El proceso judicial lleva años, pero el intento de manipulación política y mediática es reciente y sistemático.
El modelo libertario al desnudo
Mientras el presidente Javier Milei denuncia “la casta”, su hermana Karina y sus operadores más cercanos reproducen con absoluta impunidad las peores prácticas del viejo sistema político: acomodos, negocios privados con fondos públicos, utilización del aparato estatal para fines personales y, por si fuera poco, encubrimiento judicial de causas gravísimas.
El caso Quintar revela con crudeza que el modelo libertario no vino a terminar con los privilegios, sino a cambiarlos de manos. Y en esa transferencia, los más perjudicados son siempre los mismos; los vulnerables, los sin voz, los que dependen del Estado para vivir con dignidad. Hoy, ellos deben rendir cuentas en la clínica de un diputado. Y eso, más que un ajuste, es una vergüenza nacional.
