Salta

Plan de austeridad en Salta: El gobernador Gustavo Sáenz congeló los salarios de funcionarios por 180 días

La medida, oficializada mediante un decreto provincial, busca ordenar las cuentas públicas ante la caída de la coparticipación. El recorte se enfoca en cargos jerárquicos, gastos protocolares y la suspensión de nuevas contrataciones.

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En un contexto económico marcado por la disminución de los recursos coparticipables, el gobernador Gustavo Sáenz firmó un decreto de necesidad y urgencia que impone un fuerte plan de austeridad en la administración pública. Bajo la premisa de que «el ejemplo debe empezar por casa», la normativa dispone el congelamiento de los salarios de los funcionarios de mayor rango por un periodo de seis meses.

La vocera de Gobierno, Paula Benavides, explicó que la decisión responde directamente a la baja en la recaudación producto de la caída del consumo. No obstante, subrayó que el ajuste está diseñado para impactar exclusivamente en el gasto administrativo, asegurando que no se afectará la asistencia a los sectores más vulnerables de la provincia.

El decreto establece la inmovilidad total de las remuneraciones por 180 días para los siguientes cargos y organismos:

  • Poder Ejecutivo: Gobernador, Jefe de Gabinete, ministros, secretarios y subsecretarios.

  • Organismos Descentralizados: Autoridades superiores de entes autárquicos.

  • Empresas del Estado: Directores, gerentes y personal de apoyo de sociedades estatales.

Más allá de los salarios, el plan de austeridad incluye medidas restrictivas para optimizar cada peso del erario público:

  1. Suspensión de contrataciones: Se prohíbe el ingreso de nuevo personal a la administración pública provincial.

  2. Restricción de viajes: Quedan suspendidas las comisiones de servicio fuera del país, salvo casos excepcionales de extrema emergencia o interés estratégico para Salta.

  3. Protocolo: Se eliminan los gastos destinados a cortesía, ceremonias y protocolo.

Con esta medida, el Gobierno de Salta intenta anticiparse a un escenario financiero complejo para el resto del año 2026. Al limitar el gasto político y administrativo, el Ejecutivo provincial busca garantizar la continuidad de los servicios esenciales y la inversión social en un marco de previsibilidad económica.

«Buscamos ordenar las cuentas sin resentir el bolsillo de los que menos tienen», concluyeron desde Casa de Gobierno, reafirmando que la prioridad será mantener el equilibrio fiscal sin descuidar la paz social.

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