Salta: los presos irán a la universidad y se enciende el debate sobre el sistema carcelario

La Justicia de Salta dictó una resolución clave que establece que los presos irán a la universidad mediante un sistema regulado y de cumplimiento obligatorio. La jueza de Minas María Victoria Mosmann homologó un acuerdo definitivo que fija las pautas institucionales para organizar las actividades de educación superior tanto dentro como fuera de los establecimientos de detención de la provincia, buscando un equilibrio entre las exigencias académicas y el resguardo de la seguridad pública.

Esta histórica medida, sin embargo, invita a un complejo debate social y político en Salta. Mientras diversos sectores defienden la iniciativa como un avance humanitario y una herramienta indispensable para reducir la reincidencia delictiva, otros sectores de la ciudadanía cuestionan la viabilidad del traslado de internos o el destino de recursos en un contexto económico delicado. El debate queda planteado sobre la mesa: ¿hasta dónde debe llegar el rol del Estado en la formación profesional de quienes cumplen condenas?

El proceso legal que dio origen a este protocolo técnico se inició tras un hábeas corpus colectivo presentado por la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, donde se denunciaban sistemáticas dificultades y trabas operativas para que los internos pudieran cursar carreras universitarias, principalmente por fallas en la logística de traslados y accesibilidad. Tras inspecciones en los penales y audiencias de conciliación, del acuerdo final participaron activamente el Gobierno de Salta, el Servicio Penitenciario, la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura.

El protocolo de aplicación obligatoria se asienta sobre ejes específicos:

• Reconoce de forma explícita a la educación superior como una herramienta clave para el desarrollo individual y la reinserción social.

• Promueve de manera obligatoria la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el ámbito de estudio.

• Prohíbe terminantemente la aplicación de «todo trato denigrante» hacia los estudiantes que se encuentran en contexto de encierro.

• Estructura los mecanismos formales de articulación administrativa entre las autoridades del Servicio Penitenciario y las facultades universitarias.

Para fiscalizar el cumplimiento de estas pautas y resolver las controversias operativas que alimentan el debate cotidiano, se resolvió la conformación de una Comisión de Seguimiento Universitario. Este espacio de control estará integrado por los organismos del Estado, las universidades, el Comité contra la Tortura y sumará, de manera inédita, la participación con voz y voto de dos estudiantes privados de la libertad (un representante por los internos varones y una por las unidades de mujeres), electos democráticamente por sus propios compañeros de pabellón.