El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en Salta atraviesa horas de profunda incertidumbre institucional. La delegada gremial del organismo, Cecilia Bellistri, confirmó públicamente que el personal recibió la notificación formal para desalojar el edificio donde funcionan sus laboratorios y oficinas operativas, ubicado en la Avenida Durañona 822, dentro del predio del Parque Industrial de la capital salteña.
La medida administrativa se originó a partir de una rescisión unilateral del convenio de comodato por parte de las autoridades de la administración del Parque Industrial. Ante esta situación, Bellistri advirtió que la disposición no es un hecho aislado, sino que “responde a una decisión política del gobierno nacional de desmantelar por completo el Instituto Nacional de Tecnología Industrial”.
Frente a la orden de abandonar las instalaciones físicas, la conducción gremial y los agentes técnicos manifestaron una postura firme de resistencia respecto a las alternativas planteadas por la patronal. “Nos están instando a realizar trabajo remoto, lo que entendemos que no es obligatorio y además no está regulado, por lo tanto no lo vamos a acatar”, sentenció la delegada.
Los profesionales sostienen que la naturaleza de las tareas científicas e industriales del organismo impide que se ejecuten desde los hogares de los operarios. En ese sentido, Bellistri remarcó la necesidad de mantener estructuras físicas adecuadas: “Nosotros consideramos que tenemos que seguir en este edificio de manera presencial o en otro edificio que gestionen las autoridades para que sigamos funcionando de la manera adecuada”. Asimismo, exigió de forma urgente que se “restituyan las tareas para que sigamos prestando servicio a la industria porque las personas están, la experiencia está y los equipos están”.
Un impacto directo sobre el control público y la seguridad vial
La preocupación de los trabajadores del INTI trasciende el plano netamente laboral y se traslada al impacto directo que el cese de actividades físicas tendrá sobre la vida cotidiana de la sociedad y los sectores productivos. El instituto es el encargado de certificar y calibrar normativas técnicas fundamentales para el ordenamiento público.
“La afectación a la sociedad está en todos los órdenes: seguridad y control de alcoholímetros y cinemómetros (radares de velocidad), inocuidad alimentaria, entre otras cuestiones”, concluyó Bellistri, alertando sobre el vacío de fiscalización estatal que generará el desalojo de la sede salteña si no se revierte la medida de manera inmediata.