El duro ejemplo del intendente de Venado Tuerto tras un violento choque que abre el debate sobre el “willy”

Más allá del impactante siniestro vial que de milagro no se cobró una vida, el choque entre una Honda Tornado y una Ford Ranger en la localidad de Venado Tuerto, al sudoeste de la Provincia de Santa Fe, cruzó una frontera inédita en la gestión pública. La noticia ya no es solo la temeraria maniobra del conductor, sino la drástica decisión del intendente Leonel Chiarella de utilizar su cuenta oficial para identificar con nombre y apellido al infractor.

El mandatario local no se limitó a dar un reporte policial abstracto. Decidió romper con los protocolos habituales de resguardo de identidad y expuso directamente a Darién Lerotich, el joven de 27 años que manejaba la motocicleta. Tras mostrar cómo el conductor transitó casi 100 metros haciendo «willy» antes de impactar violentamente contra la camioneta guiada por una vecina de 71 años, Chiarella buscó sentar un precedente absoluto.

«Fíjense todo lo que genera»: Los argumentos del intendente

Para el gobierno de Venado Tuerto, las herramientas tradicionales de sanción —como las actas de infracción o el secuestro del rodado— parecen haber quedado obsoletas ante la repetición de estas conductas en la vía pública. El intendente justificó la exposición pública del joven apuntando al costo social y al desprecio por los recursos de la comunidad:

«Para algunos esto de hacer ‘willy’, de ir rápido, parece algo gracioso y divertido, pero fíjense todo lo que genera», disparó de forma tajante.

Con el video como prueba irrefutable, el funcionario argumentó que la sanción social debe equiparar el daño causado, visibilizando el innecesario despliegue de personal policial, Bomberos Voluntarios y ambulancias del SIES 107 que se movilizaron por una total irresponsabilidad. Además, adelantó que irá a fondo ante el Tribunal de Faltas para exigir la inhabilitación máxima: «La multa es lo de menos», sentenció, fundamentando que la prioridad es proteger a los peatones y vecinos de la circulación de conductores peligrosos.

La determinación del intendente de «ponerle nombre y apellido» a la imprudencia vial no tardó en repercutir en las redes sociales y en el arco político, dividiendo las opiniones de los ciudadanos en dos posturas muy marcadas:

• A favor de la «mano firme»: Quienes respaldan la acción de Chiarella sostienen que es la única manera de terminar con la impunidad de las picadas y maniobras peligrosas. Argumentan que el «escrache institucional» funciona como un golpe al ego de los infractores y como un espejo preventivo para otros jóvenes que copian estas conductas creyendo que «no pasa nada». Si ponen en riesgo la vida de terceros, pierden el derecho al anonimato.

• En contra por considerarlo un exceso: Del otro lado, se encienden las alarmas jurídicas y éticas. Hay sectores que plantean que el intendente excede sus facultades al ejercer una condena pública previa a la resolución de la Justicia o el Tribunal de Faltas, rozando el hostigamiento estatal. ¿Le corresponde a un mandatario político señalar con el dedo a un vecino, o debe limitarse a aplicar la ley a través de las instituciones correspondientes?

Esta modalidad de gestión abre una ventana compleja: ¿Es la firmeza comunicacional el camino para recuperar el orden en las calles, o se está cruzando un límite peligroso en el rol del Estado?