Una auditoría interna realizada tras la intervención de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sacó a la luz una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los listados oficiales de deuda exigible. El trabajo analiza la gestión del organismo hasta el 21 de agosto de 2025, fecha en la que el Gobierno resolvió desplazar a su entonces director, Diego Spagnuolo, junto a otros funcionarios de la primera línea.
El informe revela que el desfasaje surgió al cotejar las informaciones de la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS). Fue esta última área la que reportó el pasivo más abultado, concentrando las principales sospechas del fiscal Franco Picardi en la causa judicial que investiga un presunto fraude millonario con el cobro de coimas de hasta el 20%.

Según el dictamen fiscal, los procesos de compra impulsados desde la DNASS registraron sobreprecios sistemáticos y una marcada ausencia de procedimientos administrativos transparentes. Como ejemplo de estas maniobras, la Justicia identificó la compra del medicamento Macitentan, que en compulsas abiertas cotizaba en $411.764, pero llegó a adjudicarse por casi $8,3 millones en compulsas reducidas durante el mismo mes de noviembre de 2024.
Por otra parte, los auditores advirtieron sobre la utilización sistemática de la figura de «Legítimo Abono» para cancelar bienes y servicios ya entregados sin licitación previa, incumpliendo la normativa general de contrataciones del Estado (Decreto N° 1023/2001). Entre 2024 y agosto de 2025, el organismo destinó más de $479.500 millones a droguerías y prestadores de insumos bajo diversos esquemas de pago.
Mientras la causa judicial avanza con pericias sobre audios que salpican a exfuncionarios, desde el Ministerio de Salud confirmaron que toda la documentación fue puesta a disposición de la Justicia para determinar las responsabilidades penales del caso.