Para el ciudadano de a pie, la consigna «no hay plata» funciona como una sentencia bíblica. Es la respuesta universal ante las jubilaciones de miseria, los comedores desabastecidos, los medicamentos suspendidos y la paralización total de la obra pública en las provincias. Sin embargo, en el universo paralelo de la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, la consigna parece haber sufrido una leve corrección gramatical: plata no hay para la gente, pero sobra para el banquete oficial.
A través de la plataforma oficial Compr.AR, la Secretaría General de la Presidencia —conducida por Karina Milei— abrió licitaciones millonarias que alcanzan un presupuesto estimado de $500 millones de pesos para garantizar el menú de los despachos gubernamentales. Las contrataciones no solicitan un racionamiento de emergencia ni menús comunitarios, sino un volumen asombroso de entre 27 y 29 toneladas de carnes para un periodo de seis meses.
El «esfuerzo»: lomo, entraña y frutos rojos congelados
Resulta fascinante analizar el nivel de «sacrificio» que exige el pliego de condiciones técnicas. Mientras el consumo de carne en Argentina cayó a sus pisos históricos debido a los desmedidos precios en las carnicerías de barrio, el buffet presidencial exige el despacho de cortes premium: lomo, bife de chorizo fresco y deshuesado, ojo de bife, entraña, mollejas, vacío, bondiola de cerdo, embutidos de máxima calidad y más de 3.600 kilos de pollo.
La lección de austeridad no termina en la parrilla. Para la Quinta de Olivos, la lista de compras del «ajuste histórico» demanda provisiones de frutos rojos congelados (arándanos y frambuesas), quesos refinados como hormas de queso gruyer, manteca, ricota y hasta 84.000 kilos de frutas y verduras frescas. Un banquete digno de la casta más refinada, financiado religiosamente con los impuestos de un país ahogado.
Como suele ocurrir cuando la contradicción se vuelve indefendible, desde los voceros oficiales ensayaron una aclaración tibia: afirman que los $500 millones y las 29 toneladas son simplemente «topes máximos autorizados» en órdenes de compra abiertas y que solo se pagará lo que se consuma.
El argumento peca de una cínica ingenuidad. Exigir la reserva presupuestaria para toneladas de entraña y frutos secos finos en un país donde las familias hacen malabares para comprar un kilo de picada no es un detalle administrativo: es una burla explícita. El discurso del rigor fiscal pierde toda autoridad moral cuando la motosierra se disfraza de servilleta de lino y el ajuste termina, como siempre, en el plato de los de arriba.