En una jornada marcada por la articulación entre el Estado, las instituciones intermedias y la comunidad educativa, el intendente José María Issa visitó la Escuela Guillermo Sierra para supervisar los avances en infraestructura y acompañar el fortalecimiento profesional de los educadores locales.

Durante la recorrida, el intendente pudo observar la finalización de dos nuevas aulas, una obra ejecutada por el Gobierno de la Provincia que responde al crecimiento de la matrícula y a la necesidad de espacios dignos para el aprendizaje.

A esto se sumó la puesta en valor integral del edificio a través de un esquema de colaboración: la institución educativa aportó los materiales, mientras que la Municipalidad de San José de Metán brindó la mano de obra para los trabajos de pintura, logrando renovar la imagen del establecimiento para el bienestar de alumnos y docentes.

En el marco de la visita, Issa participó de la capacitación docente del programa Lions Quest – «Leones Educando». Esta iniciativa, impulsada por el Club de Leones, está diseñada para dotar a los maestros de herramientas socioemocionales, permitiéndoles abordar la enseñanza desde una perspectiva más humana y cercana a la realidad de los chicos.

Como reconocimiento al impacto positivo de esta propuesta, el Intendente hizo entrega de la Resolución que declara de Interés Municipal a esta capacitación, subrayando la importancia de que los docentes cuenten con nuevos recursos para enfrentar los desafíos actuales en las aulas.

«Quiero agradecer especialmente al Club de Leones y sus integrantes por acercar estas propuestas a nuestra ciudad, y a cada docente que se capacita y se compromete todos los días con el futuro de San José de Metán», destacó José María Issa durante el encuentro.

El Jefe Comunal reafirmó que el camino para transformar la realidad local es la inversión en educación, tanto en sus aspectos físicos —con edificios modernos y cuidados— como en la formación continua de quienes tienen la responsabilidad de educar.

La reciente sesión del Concejo Deliberante de San José de Metán dejó mucha tela para cortar, no solo por la aprobación de la Emergencia Socioeconómica, Productiva y Laboral, sino por las posturas que quedaron expuestas en el recinto. En un contexto donde el sector mercantil local se encuentra asfixiado, el voto negativo de los concejales de La Libertad Avanza (LLA), María Vanega y Francisco Dávalos, abre un interrogante necesario.

El presidente de la Cámara de Comercio, Miguel Morales, fue claro: el sector no pide milagros, pide alivio. Solicitó condonación de deudas y créditos a tasa baja, herramientas que la emergencia ahora permitiría gestionar. Sin embargo, para los representantes libertarios, acompañar esta medida parece haber sido interpretado como una contradicción a su manual partidario nacional.

Esto nos lleva a un debate profundo: ¿es la «libertad de mercado» una solución cuando el pequeño comerciante debe competir en desigualdad de condiciones contra gigantes importadores o ferias itinerantes que no tributan en la ciudad? Para muchos, el rechazo a la emergencia suena más a una «libertad de fundirse» en soledad que a una defensa de la autonomía individual.

Más que una crítica cerrada, la postura de Banega y Dávalos debería ser una invitación a que expliquen a la ciudadanía cómo se protege el empleo local desde el rechazo a las herramientas de auxilio municipal. Si el municipio tiene la posibilidad de palear la situación, ¿por qué negarle ese marco legal?

La abstención de Sonia Villa también se suma a esta zona gris de la política local que, ante una crisis calificada como «terrible» por los propios protagonistas, prefiere no comprometer el voto.

Metán necesita representantes que, más allá de sus banderas políticas, logren interpretar el termómetro de la calle. El comercio es el motor de la ciudad y hoy está «golpeado», según las propias palabras de Morales. Exponer la decisión de los concejales libertarios no es un ataque, es poner sobre la mesa la necesidad de discutir si en situaciones extraordinarias, la política no debería dejar de lado el libreto nacional para salvar, al menos, el mostrador del vecino.

Lo que comenzó como inscripciones aisladas en los baños de los establecimientos educativos de Metán se transformó en una crisis institucional que obligó a la Justicia a intervenir con medidas sin precedentes: la prohibición del ingreso con mochilas y cartucheras en el Colegio Secundario José Manuel Estrada.

La situación crítica se originó el viernes pasado, cuando la directora del Colegio Estrada, Claudia Cantolla, radicó una denuncia formal tras el hallazgo de amenazas de un presunto tiroteo escritas en un baño. El lunes, el hecho se repitió, lo que llevó a los directivos a implementar restricciones preventivas sobre el material escolar que los alumnos llevan a clases.

Ante la gravedad de los antecedentes, el juez del Juzgado de Menores N° 3, Dr. Ramón Haddad, ratificó mediante una orden judicial que la totalidad de los alumnos regulares deben ser notificados: el ingreso al establecimiento debe realizarse sin portar mochila ni cartuchera hasta nuevo aviso.

Desde el equipo directivo de la institución informaron que se encuentran trabajando bajo los lineamientos de la Secretaría de Gestión Educativa, con intervención directa de los ministerios de Educación y Seguridad.

«Solicitamos a los padres y tutores dialogar en el hogar sobre la responsabilidad que conllevan estas acciones y sus consecuencias», destacaron desde la escuela, haciendo un llamado a la conciencia social para frenar la psicosis generada.

El problema no se limita al Colegio Estrada. La Crio. Claudia Aguirre, segunda directora del Distrito de Prevención 3, confirmó que las leyendas con amenazas —encontradas en baños, paredes y bancos— se han extendido al Colegio Juan Carlos Dávalos, donde su directora ya radicó la denuncia, Escuelas Vucetich y Melián, las cuales se encuentran bajo vigilancia y verificación policial y la Escuela Técnica N° 3.133, que si bien no hay denuncia formal aún, se trabaja intensamente en la prevención y concientización con los alumnos y padres.

La Policía de la Provincia mantiene controles y verificaciones constantes en las zonas escolares. Mientras tanto, los organismos provinciales centralizan la información para evitar la difusión de noticias falsas que alimenten el pánico. La justicia busca determinar si se trata de «bromas» de mal gusto o de una amenaza real, pero la orden es clara: la prioridad absoluta es resguardar la integridad física de toda la comunidad educativa.

Fuente: El Tribuno