El gobierno de la provincia emitió un comunicado manifestando su disconformidad ante el retorno de las retenciones a las economías regionales. Las entidades agrarias denunciaron robos millonarios en departamentos del norte.
Por estos días se está debatiendo en el Congreso la Ley Ómnibus que envió el presidente Javier Milei bajo el título «Bases y Puntos de partida para la libertad de los argentinos», y que ya suma cientos de críticas desde diversos sectores de la cultura, las pequeñas y medianas empresas, la ciencia y la tecnología, pueblos originarios, familias campesinas, y ambientalistas. Pero además, se sumaron las de los sectores del campo, puntualmente los vinculados a las economías regionales, y la producción de biocombustibles.
Entre sus artículos, la pretenciosa mega ley libertaria busca retrotraer la quita de retenciones a los productos exportables de las economías regionales, que en Salta suma a productores de chía, cártamo, sésamo, tabaco, limón y vino. En caso de aprobarse la medida, sus exportaciones no solo volverían a pagar retenciones, sino que además estos aranceles se verían incrementados y pasarían a tributar el 15%.
Es por eso que este lunes el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia, Martín de los Ríos, convocó a legisladores nacionales y referentes del sector productivo de Salta a una reunión con el fin de evaluar el impacto que puede provocar a las distintas cadenas de valor el mencionado proyecto de ley.
Tras el encuentro, la cartera productiva emitió un documento en el que manifestó su preocupación por el contenido de varios puntos, entre ellos, el del retorno de las retenciones a las economías regionales; la aplicación de retenciones en un 15% para la industria; la derogación de la Ley de Carnes; las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos y a la de Biocombustibles.
“Los gravámenes al agregado de valor, es decir a los productos industriales, desincentivan el desarrollo industrial en general. Con la derogación de la Ley de Promoción Industrial en el DNU, y la apertura a las importaciones, el impacto va a ser muy contraproducente”, explicó la presidenta de la Unión Industrial de Salta, Paula Bibini. “Esto teniendo en cuenta que estamos en un país en el que el 70% de lo que se exporta es producción primaria”, añadió.
El ministro De los Ríos analizó que el impacto fiscal es mínimo, de 500 mil dólares anuales, y el costo es “sacar de competencia a especialidades como chía, cártamo, entre otras, que además tienen relación con la rotación en los suelos y una producción más sustentable; sumando también el impacto social en los pueblos del interior”, sostuvo.
En cuanto a las modificaciones en materia hidrocarburífera, quienes participaron de la reunión sostuvieron que merman las posibilidades en una cuenca madura como la del norte provincial frente a las cuencas del sur. Y en cuanto a las modificaciones en la cadena cárnica, indicaron que quitará competencia a la provincia en materia de control sanitario, desconociendo las realidades locales.
La diputada nacional Pamela Calletti reclamó por lo que consideró la falta de contemplación de las distintas realidades del interior del país. Para la legisladora, “el país se ha desarrollado históricamente de manera desigual, y tal como está expresado el proyecto, va a agudizar más esa realidad”.
En ese sentido, el ministro De los Ríos aclaró que la intención no es «poner palos en la rueda, pero en un país tan heterogéneo, no se puede legislar desde Buenos Aires de forma igual para todos. Hay que considerar las particularidades de cada provincia. Confiamos en una discusión enriquecedora, honrando el federalismo”.
Consultado por este diaro, Francisco Vidal, presidente de Prograno, consideró que el rumbo que se está tomando, «en términos generales, es positivo». Sin embargo, dijo que «hay puntos (de la ley ómnibus) en los que no estamos de acuerdo, como, por ejemplo, el del tema de las retenciones».
«Las retenciones de cualquier índole, a la producción, o a las economías regionales, son perjudiciales», explicó, y detalló que la retención es un tributo «sobre lo que producís, ganes o pierdas, entonces los más perjudicados son los productores más chicos que quedan en el camino, cuando el aporte debería ser sobre los que verdaderamente ganan». «Creemos que hay puntos como este que hay que revisarlos», concluyó Vidal.
Inseguridad en el interior
Por otro lado, la mesa de enlace de Salta, que nuclea a la Sociedad Rural, Prograno y a la Federación de Entidades Rurales Salteñas (FEDERSAL), dio a conocer ayer una nota dirigida a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a quien le pidieron mayor control fronterizo y en las zonas rurales del interior de Salta y Jujuy, «tras la intensificación en el avance del narcotráfico, los reiterados casos de robo de granos, robo de agroquímicos, maquinaria agrícola, abigeato, con hechos cada vez más violentos».
En el documento se destaca que la falta de control por parte de las autoridades nacionales y provinciales «permitió el avance de organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico», principalmente en los departamentos Orán y San Martín.
«Nosotros tuvimos robos de agroquímicos en donde entraron camiones con gente con ametralladoras, infrarojos, interceptores de celulares, toda una tecnología que no tiene la policía y que nos indica que no son improvisados», explicó el presidente de Prograno, Francisco Vidal. «Sufrimos robos por más de $300 millones entre los distintos productores», destacó el dirigente, a lo que agregó tomas de tierras, robo de granos y otros elementos y materiales.
Añadió que los hechos «son cada vez más violentos», lo que preocupa a todo el sector, «no queremos tener que andar con seguridad privada y camionetas blindadas de acá a dos años», sostuvo.
Si bien las situaciones de violencia se dan sobre todo en los dos departamentos del norte mencionados, también hubo hechos delictivos en localidades del sur provincial, como Las Lajitas, en el departamento Anta, «y en Rosario de la Frontera, en donde tenemos más robo de ganado», describió Vidal, quien además pidió claridad jurisdiccional a las autoridades de Seguridad de la provincia y Nación, «porque vamos a la provincia y nos dicen que es jurisdicción nacional, y desde Nación las fiscalías se lavan las manos y tiran la pelota a la provincia».
El presidente de Prograno contó a este medio que desde la cartera que comanda Patricia Bullrich les contestaron de manera informal que en enero «estaban muy complicados», pero que «iban a intentar organizar una reunión para el mes de febrero». Mientras que desde provincia no obtuvieron respuestas «a pesar de los reiterados encuentros que sostuvimos el año pasado», «vimos que no le están dando importancia al asunto, porque no obtuvimos respuestas por lo menos hasta el momento», aseguró.
De todas maneras aclaró que no quieren señalar con el dedo a ningún funcionario, «lo que queremos es respuestas y ponernos a disposición para encontrar una solución, y no solo para quejarnos».
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