Los números de febrero no mienten y son el reflejo de una política de «sálvese quien pueda» dictada desde los despachos de Buenos Aires. Según datos de la consultora Politikon Chaco, el primer bimestre del año cerró con una caída real de las transferencias no automáticas del 47,2%, el peor registro en las últimas dos décadas.
Detrás de la frialdad de las estadísticas se esconde una realidad angustiante: el Gobierno Nacional está utilizando los recursos que corresponden a las provincias para engrosar su balance contable, dejando a los gobernadores frente a un abismo financiero.
Resulta paradójico —y para muchos una traición política— que los gobernadores que garantizaron gobernabilidad y aportaron votos clave para leyes fundamentales, reciban como respuesta un recorte salvaje.
En Salta, a pesar de haber recibido un alivio transitorio de $4.000 millones en ATN en febrero, la coparticipación (el flujo vital de fondos) se desplomó un 7,5%. Este escenario de «fondos a cuentagotas» pone en jaque la prestación de servicios básicos y el mantenimiento de la infraestructura. La estrategia oficial parece ser clara: asfixiar financieramente a los distritos para forzar un alineamiento político absoluto, sin importar el costo social.
La falta de recursos nacionales ya no es una advertencia, es una realidad palpable en el sur provincial. Cuando la Nación se retira de sus responsabilidades, los municipios quedan en la primera línea de fuego: obras paralizadas sin el flujo de fondos nacionales, la obra pública se detiene, afectando el empleo local y el desarrollo.
Ante temporales destructivos como los que azotaron recientemente al sur de Salta, las provincias deben hacer malabares para asistir a las familias afectadas, mientras los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se distribuyen con criterios que parecen más premios y castigos que necesidades reales.
El Ministerio de Economía nacional se jacta de un superávit primario que, en gran medida, se explica por los $740.536 millones de ATN que quedaron sin distribuir el año pasado. Es dinero que pertenece a las provincias y que la Nación retiene para maquillar sus cuentas, mientras las escuelas del interior sufren falta de mantenimiento y la seguridad vial queda relegada a capacitaciones voluntarias ante la falta de inversión en infraestructura.
Dejar a las provincias a la deriva no es solo un error económico, es una ruptura del pacto federal. El interior está haciendo el esfuerzo, pero el límite de la paciencia social y financiera está cada vez más cerca.
