Lo que para muchos adolescentes comenzó como un «reto viral» de redes sociales, ha escalado hasta convertirse en una crisis de seguridad pública en la provincia. El Procurador General, Pedro García Castiella, junto a los ministros Cristina Fiore (Educación) y Gaspar Solá Usandivaras (Seguridad), encabezaron un comité de crisis para frenar la ola de amenazas que afectó a diversos establecimientos educativos en la última semana.
El Ministerio Público Fiscal fue tajante respecto a las consecuencias de estos mensajes intimidatorios. Hasta el momento, las investigaciones por el delito de intimidación pública han arrojado cifras alarmantes:
Las autoridades aclararon que el rastreo de estos mensajes es posible gracias al trabajo de las unidades de delitos telemáticos, desarticulando la idea de «anonimato» que suelen creer los menores al replicar estos retos.
Por su parte, la ministra Cristina Fiore llevó tranquilidad al informar que el dictado de clases no se interrumpirá en ningún establecimiento. Sin embargo, advirtió que no habrá impunidad en el plano administrativo: se están evaluando medidas disciplinarias severas para los alumnos que resulten responsables.
Fiore recordó que la provincia cuenta con una normativa innovadora para el abordaje de la conflictividad social, que incluye protocolos específicos para casos de bullying y ciberacoso, violencia entre pares e intervención con padres o tutores, bajo el amparo de la Ley Nacional 26.892.
El ministro de Seguridad, Solá Usandivaras, puso el foco en el seno familiar. Más allá del despliegue policial preventivo en las puertas de los colegios, remarcó la responsabilidad legal de los padres o tutores. Ante una conducta delictiva de un menor, son los adultos a cargo quienes deben responder ante la justicia por la falta de supervisión y los daños causados.
Finalmente, el Procurador García Castiella resaltó que la estrategia no es solo punitiva, sino preventiva. Se planea la creación de una unidad de prevención específica y nuevas instancias de capacitación para docentes y fuerzas de seguridad, con el fin de detectar tempranamente estas conductas antes de que se conviertan en un delito penal.
