La catastrófica situación de la Ruta Nacional 9/34 ha dejado de ser solo una queja vecinal para convertirse en un argumento jurídico de peso. El pasado viernes, el juez de Violencia Familiar y de Género de Metán, Carmelo Paz, dictó una resolución que marca un hito en la jurisprudencia local al calificar el tránsito por dicha arteria como un «riesgo suicida».
El fallo surgió en el marco de un régimen de comunicación. Originalmente, un menor debía pasar el sábado y el domingo con su padre y ser reintegrado al hogar materno, en Rosario de la Frontera, el domingo por la noche. Sin embargo, el magistrado decidió extender la estadía del niño con su progenitor una noche más, priorizando el interés superior del niño por sobre el acuerdo previo.
Para el juez Paz, obligar a un menor a circular por la 9/34 durante la noche implica exponerlo a un peligro innecesario y extremo. Los fundamentos de la resolución no escatiman en severidad: la falta de mantenimiento, las deformaciones de la calzada y la escasa visibilidad convierten al tramo que une Metán con Rosario de la Frontera en una trampa mortal.
«Transitar por dicha ruta implica un riesgo suicida», sentenció el magistrado en el escrito, justificando así la modificación del cronograma de visitas.
Bajo este nuevo esquema, el menor pernoctará con su padre la noche del domingo y será este último quien deba presentarlo el próximo lunes en el horario acordado durante la audiencia previa.
Este fallo no solo resuelve una cuestión de familia, sino que funciona como una durísima crítica al Estado y a las concesionarias viales. Que un representante del Poder Judicial deba alterar regímenes de convivencia para «salvar» a un ciudadano de la infraestructura pública es la prueba más fehaciente del abandono total de una ruta que sigue cobrándose vidas mientras la burocracia política mira hacia otro lado.
