Efectivos de Gendarmería Nacional asestaron un doble golpe al contrabando en la región norte tras concretar dos importantes operativos que permitieron el secuestro de más de 432 kilos de hojas de coca en estado natural y más de 17.000 paquetes de cigarrillos de origen extranjero que intentaban ser ingresados y distribuidos sin el correspondiente aval aduanero.

El primer procedimiento tuvo lugar en el norte salteño, cuando integrantes del Sistema Tecnológico de Vigilancia de Frontera (SITEVIF), dependiente del Escuadrón Reforzado 20 “Orán”, realizaban patrullajes preventivos en el sector conocido como “El recuperado”.

A través de los dispositivos de monitoreo, los uniformados visualizaron a un grupo de personas transportando bultos sobre sus hombros desde la orilla del Río Bermejo. De inmediato, se coordinó un desplazamiento junto con efectivos de la Unidad de Reconocimiento “Tucumán” para interceptarlos.

Al percatarse del avance de las fuerzas de seguridad, los sospechosos arrojaron los bultos al suelo y se dieron a la fuga a pie, aprovechando la densa vegetación y la zona montuosa para escapar. Al requisar el cargamento abandonado, los gendarmes contabilizaron 67 kilos de hojas de coca y un total de 15.740 atados de cigarrillos en infracción al Código Aduanero. En la causa tomó intervención la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Orán.

Encomiendas sobre la Ruta Nacional 34

El segundo procedimiento se llevó a cabo sobre el corredor vial de la Ruta Nacional Nº 34, a la altura del kilómetro 1.212. Allí, personal de la Sección “Chalicán”, dependiente del Escuadrón Reforzado 53 “Jujuy”, detuvo la marcha de un transporte de cargas generales que trasladaba piezas postales.

Ante la sospecha fundada de que en el interior del cargamento se transportaban elementos en infracción a la Ley 22.415, los gendarmes solicitaron autorización a la Unidad Fiscal Federal para proceder a la interdicción y apertura de encomiendas sospechosas.

Tras la autorización judicial, se procedió a la apertura de 11 bultos postales, constatando en su interior la presencia de 365 kilos con 380 gramos de hojas de coca y 1.500 paquetes de cigarrillos extranjeros acondicionados para eludir los controles camineros. Todo el material fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia Federal.

En una polémica sesión, la Cámara de Senadores de la provincia dio media sanción a una reforma recortada de la Carta Municipal de Salta Capital. Entre las modificaciones más cuestionadas, el cuerpo legislativo resolvió de manera explícita que no será necesario contar con título secundario para asumir una banca como concejal capitalino.

La medida tira por tierra el trabajo de los convencionales municipales electos por el voto popular, quienes habían incorporado la finalización de los estudios secundarios como un requisito elemental de idoneidad para redactar ordenanzas y administrar los tributos de los vecinos. Para justificar la poda, las comisiones del Senado argumentaron que la exigencia educativa «limitaba los derechos políticos de los ciudadanos» y atentaba contra la igualdad de condiciones.

El contraste social es inevitable y escandaloso: mientras a cualquier joven o trabajador de a pie se le exige el analítico secundario para acceder al empleo más básico, a quienes aspiran a definir las normas de la ciudad capital se les allana el camino institucional para legislar sin acreditar la educación obligatoria formal.

La eliminación del requisito formativo no fue el único recorte que aplicó la Cámara alta. En una defensa cerrada de las prácticas tradicionales, los legisladores también eliminaron del texto:

• La regulación de la publicidad oficial: Borraron de un plumazo los límites a los fondos públicos destinados a propaganda política, bajo el pretexto de que «excedían el objeto de la reforma».

• Límites a mandatos y reforma judicial: Se descartaron los artículos que buscaban regular la duración de los cargos y alterar la estructura de los tribunales municipales.

Pese a que desde la mayoría buscaron restarle dramatismo al conflicto señalando que no se trató de un rechazo integral, el Senado dejó un precedente sumamente cuestionable al consagrar que para legislar en la capital no hace falta formación básica. La iniciativa pasó ahora a la Cámara de Diputados para su tratamiento final.

Una situación de extrema gravedad y perversidad encendió las máximas alarmas entre las familias del barrio El Huaico, en la zona norte de Salta Capital. Tras las habituales recorridas infantiles realizadas durante la noche del 31 de octubre para recolectar dulces por Halloween, padres y madres detectaron con espanto la presencia de elementos metálicos cortantes y punzantes —entre ellos clavos diminutos, agujas y alfileres— incrustados deliberadamente en el interior de caramelos entregados a los chicos.

El caso inicial fue detectado por una madre del complejo habitacional, quien advirtió una anomalía en el envoltorio de una golosina que tenían sus hijos. Al revisarla en detalle, confirmó la presencia de una pieza metálica peligrosa. La mujer compartió inmediatamente la advertencia en los grupos comunitarios de mensajería del barrio, lo que motivó que otras familias examinaran minuciosamente las bolsas de golosinas acumuladas. En cuestión de horas, vecinos confirmaron la aparición de al menos dos unidades adicionales adulteradas bajo la misma modalidad.

Silencio oficial ante una amenaza concreta

A pesar del peligro inminente que esta maniobra representa para la vida y la integridad física de niños pequeños, la respuesta estatal brilló por su ausencia. Hasta el momento no se registró ninguna actuación pública, comunicado ni informe oficial por parte de la Policía de Salta, el Ministerio de Seguridad o el Ministerio Público Fiscal tendiente a relevar las cámaras de seguridad del barrio, rastrear el origen de los productos contaminados o ubicar a los autores del hecho.

Frente al vacío institucional, la contención quedó exclusivamente en manos de las comisiones vecinales y los grupos de padres. Desde el barrio exigieron que la Justicia actúe de oficio ante semejante conducta delictiva y emitieron una recomendación urgente a todas las familias de la zona norte: desechar de inmediato cualquier producto que presente envoltorios manipulados, perforaciones, costuras despegadas o signos visibles de alteración antes de permitir su consumo.