En el marco de un proceso de diálogo que ya cumple siete años, el Gobierno de la Provincia de Salta reabrió este martes las negociaciones paritarias 2026. El encuentro, que contó con la presencia de ministros y referentes de todos los sectores gremiales, sirvió para exponer la crítica situación financiera que atraviesa la provincia y escuchar las propuestas de los trabajadores.

Desde el Ejecutivo provincial se presentó un informe detallado sobre el impacto del modelo económico nacional en las arcas locales. Según los datos oficiales, Salta enfrenta un escenario de gran recesión caracterizado por:

• Caída de ingresos: La provincia recibe casi un 7% menos de ingresos nacionales, lo que impacta directamente en el poder de compra.

• Pérdida histórica: En los últimos dos años, Salta dejó de percibir 700 mil millones de pesos por recortes de Nación.

• Impacto en PyMEs: Pese a las políticas locales de reducción de impuestos, la provincia perdió 317 pequeñas y medianas empresas en el último bienio.

El panorama social fue uno de los puntos más sensibles de la mesa. El Gobierno advirtió que siete de cada diez personas presentan problemas de empleo en la provincia, registrándose la caída de puestos de trabajo más significativa desde la pandemia.

Asimismo, se cuestionó la reforma laboral nacional, señalando que opera como una reforma impositiva al reducir el Impuesto a las Ganancias para grandes empresarios, un tributo coparticipable cuyo recorte afecta los recursos disponibles para los salteños.

A pesar de la caída de recursos, las autoridades reafirmaron la decisión de sostener un «Estado presente». Para ello, se destacó la continuidad de medidas de contención como el otorgamiento de bonos extraordinarios, la asistencia a PyMEs y planes de pago y el acompañamiento permanente a los municipios y sostenimiento de la carrera administrativa.

La reunión contó con la participación del coordinador Administrativo del Gobierno, Nicolás Demitrópulos, y los ministros Roberto Dib Ashur (Economía), Cristina Fiore (Educación) y Federico Mangione (Salud).

Las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 19 de febrero, fecha en la que se realizará una nueva reunión para intentar acercar posiciones y avanzar en un acuerdo salarial que proteja el servicio público y el bolsillo de los empleados.

En un paso decisivo hacia la modernización del sistema de seguridad provincial, el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, y el coordinador General de Fiscales, Pablo Rivero, encabezaron el lanzamiento del Registro Único de Contraventores Salta. Esta nueva plataforma digital permitirá obtener información precisa y en tiempo real sobre los ingresos y egresos de personas demoradas o detenidas en los Centros de Contraventores.

El sistema, desarrollado íntegramente por el Ministerio Público Fiscal, surge como una solución a la demora en las diligencias administrativas. La digitalización de estos registros no solo agilizará el intercambio de información entre la Policía y las Fiscalías, sino que también acortará drásticamente los tiempos de respuesta ante los requerimientos de la Justicia.

Pablo Rivero destacó que esta herramienta fortalecerá la vinculación entre los fiscales y los efectivos policiales en su rol de auxiliares de la Justicia, tanto en el ámbito contravencional como en las investigaciones penales. Por su parte, Nicolás Avellaneda subrayó la importancia de modernizar los servicios para mejorar la articulación en las intervenciones policiales diarias.

El despliegue de la herramienta ya está en marcha. Esta mañana se inició la capacitación del personal que operará el sistema en los Centros de Contraventores de las zonas norte y sur, durante una jornada formativa realizada en la Escuela de Cadetes de la Policía de Salta.

Actualmente, el Registro Único se encuentra en una etapa de prueba y su implementación inicial se llevará a cabo en el Centro de Contraventores Norte antes de extenderse al resto de la provincia.

Del acto de lanzamiento participaron también figuras clave del área de seguridad y justicia, entre ellos el subjefe de Policía, Walter Toledo, y la coordinadora Informática del Ministerio Público Fiscal, Patricia Aballay, junto a equipos técnicos y personal policial.

El tablero político salteño acaba de entrar en zona de turbulencias. Mientras los vecinos aún procesan los aumentos de tarifas y los efectos del temporal, en los pasillos de la Legislatura se cocina una reforma que podría cambiar las reglas del juego democrático para siempre: la vuelta encubierta de la Ley de Lemas.

La iniciativa, impulsada por sectores del oficialismo, propone un esquema donde las listas internas de un mismo frente acumulen sus sufragios. Es decir, si un frente presenta cinco candidatos a intendente, los votos de los cinco se suman al final del día para beneficiar al que salió primero dentro de ese grupo.

La gran polémica radica en un escenario muy posible: que gane quien no fue el más votado por la gente. Bajo este sistema, un candidato «A» puede sacar 40.000 votos individuales, pero si el candidato «B» saca 30.000 y sus compañeros de frente suman otros 15.000, el candidato «B» se queda con el cargo.

Para la oposición, esto es una «distorsión de la voluntad popular». Advierten que el sistema favorece a las estructuras de poder más grandes, que tienen la capacidad de llenar el cuarto oscuro con múltiples boletas para «pescar» votos en cada rincón, dejando sin chances a las fuerzas minoritarias o independientes.

¿Orden o estrategia de supervivencia?

Desde el oficialismo, la defensa es pragmática. Argumentan que, tras la eliminación de las PASO, es necesario un mecanismo que permita la participación de distintas corrientes internas sin que el voto se fragmente. Según esta visión, la medida «amplía la participación» y evita que las peleas entre dirigentes terminen rompiendo las alianzas.

Sin embargo, el fantasma de la Ley de Lemas —un sistema que fue desterrado en gran parte del país por considerarse poco transparente— genera un clima de alta sensibilidad institucional.

Los puntos clave de la reforma:

• Alcance Total: No solo afectaría a la gobernación, sino también a intendentes y legisladores.

• Suma de Votos: Las sub-listas funcionan como «colectoras» de votos para la fórmula principal del frente.

• Efecto Post-PASO: Se presenta como la solución al vacío dejado por la suspensión de las elecciones primarias.

La discusión en el período ordinario de marzo promete ser una batalla campal de argumentos. Lo que está en juego no es solo una elección, sino la confianza del ciudadano en que su cruz en la boleta (o su clic en la pantalla) vale lo que representa.