A partir de este lunes 23 de junio, el gobierno de la provincia de Salta pondrá en marcha el programa “Garrafa Federal y Segura”, una iniciativa que busca garantizar el acceso al gas envasado a un precio único y diferenciado de $15.500 la garrafa de 10 kilos. La medida regirá durante toda la temporada invernal y se aplicará en todo el territorio provincial, en coordinación con municipios e intendencias que se sumen al esquema de distribución.

El programa fue presentado por la Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad, dependiente del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo. Su titular, Iván Mizzau, explicó que la decisión surge como respuesta a la resolución 216/2024 de la Secretaría de Energía de la Nación, que dispuso la liberación del precio del gas envasado, profundizando la escalada de aumentos en servicios esenciales que ya golpea con fuerza a las familias del territorio salteño.

«Este valor se mantendrá estable a lo largo de toda la temporada«, aseguró Mizzau, al tiempo que destacó el trabajo articulado con las empresas Gas del Norte, ML Logística y Distribución, así como con el Foro de Intendentes de la Provincia de Salta, representado en el acto de firma del convenio por su presidente, Marcelo Moisés. El compromiso conjunto incluye asegurar la distribución segura de garrafas en puntos oficiales y garantizar su disponibilidad en barrios, municipios y parajes de difícil acceso.

La medida cobra especial relevancia en Salta, donde según datos del INDEC, el 44,7% de los hogares depende de la garrafa como principal fuente de abastecimiento de gas. En un escenario de crisis económica, recesión, caída del empleo y desregulación estatal, este tipo de políticas se vuelven un «salvavidas» para miles de familias que ya no pueden afrontar el costo real del gas, que en algunas zonas del país llegó a superar los $20.000 por unidad de 10 kilos tras la liberalización del mercado.

El anuncio del programa llega luego de varios meses de incrementos sostenidos en servicios públicos y combustibles, tras la asunción de Javier Milei. Desde diciembre de 2023, el Gobierno nacional lleva adelante un plan de ajuste brutal, que incluye el retiro de subsidios, la paralización de obras públicas, el cierre de programas sociales y una gran devaluación apenas iniciado el mandato. Lejos de aliviar el costo de vida, estas medidas profundizaron la inflación y redujeron drásticamente el poder adquisitivo de la población.

En ese marco, la política energética se convirtió en uno de los ejes más sensibles del ajuste libertario. Tras suspender el Programa Hogar y eliminar los precios de referencia para el gas envasado, el Ministerio de Economía de la Nación habilitó un esquema de libre mercado que favorece a grandes distribuidoras, pero deja a miles de hogares sin protección estatal frente a precios desregulados.

La provincia de Salta, con grandes extensiones rurales, zonas sin conexión a redes de gas natural y temperaturas bajo cero en varios departamentos, queda fuera del esquema que busca que el mercado «se autorregule». Por eso, desde el Ejecutivo provincial se decidió avanzar en esta iniciativa, que -en cierta medida- fija reglas claras, evita la especulación y busca garantizar un derecho básico como es el acceso al gas para cocinar y calefacción ase.

Se indicó que el listado con los puntos de distribución oficiales será difundido en los próximos días a través de los canales institucionales. Se espera que abarque tanto la capital como localidades del Valle de Lerma, el norte y los Valles Calchaquíes, priorizando aquellas zonas con mayor vulnerabilidad.

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