La reciente condena a prisión perpetua para tres hombres por el doble crimen de Colonia Santa Rosa marcó un hito en la justicia salteña y puso en primer plano un mecanismo clave: el juicio por jurados. Doce vecinos comunes, elegidos por sorteo, tuvieron sobre sus espaldas la responsabilidad de definir la culpabilidad o no culpabilidad de los imputados, sentando un precedente directo mientras el Distrito Judicial del Sur se prepara para llevar a cabo de manera inminente su primer debate bajo esta modalidad.

Frente a la pronta llegada de las audiencias populares a localidades como Metán y Rosario de la Frontera, resulta fundamental comprender cómo opera este sistema que traslada el veredicto desde los estrados tradicionales hacia la propia comunidad.

1. ¿Cómo se eligen los jurados populares?

Los integrantes surgen a través de un sorteo del padrón electoral general. Antes de comenzar el juicio formal, los preseleccionados asisten a una audiencia de voir dire (selección), donde tanto la fiscalía como las defensas realizan preguntas directas para descartar prejuicios y garantizar absoluta imparcialidad. Finalmente, quedan conformados los 12 titulares y los respectivos suplentes con paridad de género.

2. Carga pública, compensación y resguardo laboral

El servicio de jurado es una carga pública obligatoria para todo ciudadano que resulte convocado. No obstante, la ley contempla mecanismos para que la participación no signifique un perjuicio:

• Compensación económica: Cada integrante recibe un pago por jornada cumplida, junto con la cobertura total de gastos de transporte, estadía y refrigerio.

• Trabajadores en relación de dependencia: El Estado transfiere directamente la compensación a las empresas o empleadores para justificar las ausencias y asegurar que el trabajador no pierda ni un centavo de sus haberes.

3. Protección, secreto e identidad reservada

Para garantizar que tomen decisiones libres de presiones externas, amenazas o influencia mediática, las identidades de los jurados se mantienen bajo estricta reserva. Durante el proceso está terminantemente prohibido fotografiarlos, filmarlos o divulgar sus datos. Asimismo, permanecen en sectores asignados y no tienen contacto con partes interesadas.

4. La división del juicio: juez de los hechos vs. juez de la ley

El juicio por jurados divide con claridad las funciones dentro del recinto:

• El Jurado Popular (jueces de los hechos): Su única función es observar el debate, escuchar los testimonios, analizar los alegatos y examinar las pruebas periciales. Con esos elementos, deciden de forma exclusiva si el hecho existió y si la persona acusada es «culpable» o «no culpable».

• El Juez Técnico (juez del derecho): Dirige el debate procesal, vela por el cumplimiento de las garantías constitucionales, instruye legalmente al jurado sobre la normativa y, si hay veredicto de culpabilidad, se encarga de determinar el monto de la pena (como ocurrió en Colonia Santa Rosa, donde el juez Raúl Fernando López fijó la pena de prisión perpetua para los tres sentenciados).

Regla de oro: Si el jurado popular dictamina que un acusado es «no culpable», la decisión es inapelable y el juez técnico no puede, bajo ninguna circunstancia, imponer condena alguna.

5. El requisito de la unanimidad

En Salta, la normativa exige que para emitir un veredicto de culpabilidad debe existir unanimidad total: los 12 miembros deben votar en el mismo sentido. Tras la finalización del debate, los integrantes se aíslan a deliberar en absoluta reserva hasta alcanzar el consenso definitivo.

Con la experiencia consolidada en el norte salteño, los tribunales del sur provincial ultiman los preparativos técnicos e institucionales para concretar el primer juicio popular en nuestra región, un cambio histórico que abrirá las puertas del Poder Judicial a la mirada y decisión de los vecinos.

Una nueva maniobra dilatoria del Gobierno nacional vuelve a poner en jaque la conectividad logística y el desarrollo económico del interior profundo. A través de la Circular N.º 3 de la Licitación Pública Nacional e Internacional N.º 504/2-0004-LPU26, el Ministerio de Economía resolvió postergar la apertura de sobres para la concesión integral del Belgrano Cargas —junto a las líneas Urquiza y San Martín—, trasladando la fecha original del 11 de noviembre al próximo 21 de diciembre.

Lejos de una mejora sustancial que atienda el clamor del federalismo productivo, la prórroga funciona como un parche tras el cimbronazo que significó la retirada del grupo mexicano Ferromex (desalentado por el esquema de Open Access fijado por el Ejecutivo) y el pedido desesperado de tiempo de otros oferentes para evaluar costos y riesgos.

El olvido deliberado de los ramales C14 y C15

La decisión nacional desató una profunda alarma e indignación en el entramado productivo de Salta. La Mesa Empresaria y Productiva —que nuclea a industriales, productores agropecuarios, mineros y comerciantes locales— venía advirtiendo sobre una trampa regulatoria inadmisible en los pliegos: el carácter meramente «optativo» de los ramales C14 y C15.

El esquema diseñado desde los despachos porteños concede al futuro adjudicatario privado un plazo de hasta 15 años para decidir si opera o no esas trazas. En términos prácticos, una cláusula que condena al norte a esperar tres lustros de incertidumbre mientras la producción soporta fletes terrestres cada vez más inviables.

Pese a las modificaciones formales introducidas en la Circular 3 (flexibilización para socios financieros, avales solidarios y la alternativa de aplicar al régimen RIGI), Nación ratificó la exclusión de ambos ramales de las obras obligatorias, consagrando un diseño ferroviario pensado únicamente para abastecer al puerto central y desentendiéndose de la salida al Pacífico y las fronteras regionales.

La voz unánime de los sectores productivos

• Mesa Empresaria y Comercio Exterior: Javier Cerúsico fustigó la falta de rumbo y los plazos impuestos: “Es una locura en estos tiempos y en cualquier tiempo; 15 años para decidir si operan dos ramales tan importantes es una barbaridad. El C14 está operativo hoy para el mineral y requiere optimización; el C15 es clave para el agro y la agroindustria. No pueden quedar relegados mientras nuestras distancias a los puertos siguen encareciendo todo”, remarcó, recordando que este proceso licitatorio ya acumula más de un año de marchas y contramarchas.

• Sector Agropecuario (Prograno): Pedro Arias cargó contra la postergación sistemática que dilata respuestas urgentes: “Cuando se empiezan a postergar las cosas siguen demorando las soluciones. Desde Prograno seguimos pidiendo que no se abandone al norte salteño. Geopolíticamente y para toda la producción es increíble que no podamos recuperar el tren que teníamos hace cien años”.

• Sector Industrial (UIS): Eduardo Gómez Naar apuntó que la salida de Ferromex desnudó las falencias del pliego y advirtió: “Tenemos muchas expectativas de que se contemple la importancia estratégica del C14 y C15 y que las inversiones necesarias no queden libradas a una opción”.

• Minería (Cámara de Minería): Juan Martín Gilly coincidió en que la prórroga no es una buena señal, aunque alertó que solo servirá si el Gobierno nacional aprovecha el plazo para garantizar competidores que asuman inversiones reales en la Puna y no meras promesas de ocasión.

Con el reloj corriendo hacia fin de año y con el nuevo plazo de consultas fijado para el 3 de diciembre, la producción salteña le exige a la Casa Rosada una rectificación urgente: sin la obligatoriedad de recuperar las vías del C14 y C15, cualquier privatización o concesión ferroviaria será una condena al aislamiento de las economías regionales.

El Gobierno nacional profundizó la reforma del sistema registral de vehículos con la orden de cierre operativo de 72 registros seccionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) distribuidos en diversas provincias del país.

La medida quedó oficializada mediante la Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia de la Nación, publicada este jueves 5 de noviembre en el Boletín Oficial con la firma del ministro Juan Bautista Mahiques. El texto normativo determina la supresión de 67 sedes y fija la clausura operativa definitiva de otras cinco delegaciones que ya habían sido suprimidas durante 2025.

El impacto en Salta y el Norte

Dentro del listado de dependencias alcanzadas por el cierre en el interior del país, en la provincia de Salta se dispuso la supresión del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Salta y Güemes (código 67006). En la región NOA también fueron alcanzadas oficinas en Jujuy (La Quiaca), Tucumán (Concepción) y Santiago del Estero (Añatuya).

Qué pasará con los trámites y legajos en curso

La normativa otorga un plazo perentorio de 60 días hábiles a la DNRPA para instrumentar los cierres y proceder a la reasignación de los dominios vehiculares a los registros que continúen activos:

• Continuidad de los trámites: Los legajos de los vehículos radicados en las dependencias cerradas serán derivados a otras oficinas seccionales operativas para evitar la paralización de transferencias, cédulas, títulos o inscripciones.

• Ampliación de competencias: Las sedes que permanezcan abiertas quedarán facultadas para tramitar automotores, motovehículos, maquinaria agrícola, vial e industrial y prendas sobre bienes muebles no registrables bajo orden de la Dirección Nacional.

• Encargados de registro: Quienes absorban competencias conservarán sus cargos y extenderán sus designaciones a la nueva denominación operativa.

Desde la cartera de Justicia argumentaron que estas supresiones forman parte del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor iniciado a mediados de año, cuyo fin es centralizar esquemas, recortar estructuras burocráticas y agilizar la atención digital.