En medio de la incertidumbre generada por la reactivación de auditorías impulsadas por el Gobierno nacional, muchos beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad comenzaron a recibir notificaciones formales que exigen la actualización de documentación médica. En Metán, Milagros Corrales, vecina conocida por atender su kiosco «Duende Azul», es una de las personas que recibió recientemente una carta documento. La misiva, enviada por el Correo Andreani, la convoca a una evaluación médica con la documentación que respalde su estado de salud.
Corrales, pensionada desde hace 16 años, explicó que la citación le exige presentarse en la Clínica 9 de Julio a fines de abril, con estudios actuales que certifiquen su diagnóstico. “Me tengo que hacer presente con los estudios en mano para ser revisada por los médicos que vienen a corroborar que realmente soy enferma y necesito la pensión”, indicó.
La mujer padece osteocondromatosis múltiple, una enfermedad degenerativa ósea de carácter crónico, que le ha generado más de una decena de intervenciones quirúrgicas. En su relato, detalló que ha sufrido la aparición de tumores benignos en distintas articulaciones, algunos de los cuales evolucionaron a malignos. Uno de ellos fue removido de su pelvis, donde le colocaron una malla de contención. Años después, otra intervención le exigió la extracción de la cresta ilíaca del lado derecho y la instalación de una prótesis de cemento.
“Vivo con una asimetría entre pierna y pierna, lo que me obliga a usar calzado con realce para no afectar más la columna. Hay días en los que no puedo caminar más de 20 metros sin detenerme. Necesito ayuda para moverme”, describió con claridad.
La pensión que percibe actualmente es de 270 mil pesos. Según afirmó, ese ingreso no cubre las necesidades básicas. Para compensar, trabaja en su local y además sale a vender productos en la vía pública. “A la tarde vendo waffles en la escuela Belgrano, donde van mis hijos. También vendo pulseras y lo que aparezca. Todo suma”, comentó.
Consultada sobre el alcance de las auditorías, Milagros consideró que los controles son necesarios: “Me parece bien que se hagan. Durante muchos años hubo mucho manoseo con el tema de las pensiones. Mucha gente accedió sin tener una enfermedad real. Pero también es justo que se priorice a quienes realmente necesitamos”.
El procedimiento indicado en la carta documento señala con precisión día, hora y lugar. El control será presencial y los estudios deben ser presentados por el propio beneficiario. “Yo tengo que presentar mis estudios y mi documento. Lo único que no sé es si voy a tener que pagar algo ese día en la clínica. Supongo que no, porque no es que voy por voluntad propia, sino porque me están citando”, advirtió.
En su caso, una radiografía reciente y la certificación de un traumatólogo serían suficientes para acreditar la patología. “Eso lo puedo hacer en el hospital. Pero no todos los casos son iguales y no todos tienen la posibilidad de afrontar estos estudios por cuenta propia”, concluyó.
Es así cómo Milagros convive desde hace años con una enfermedad discapacitante y, a pesar de las limitaciones físicas, trabaja todos los días para sostener a su familia. Mientras tanto, crece la incertidumbre en todo el país por las auditorías ordenadas desde Nación y por el futuro de las pensiones no contributivas.
