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Metán

Tiene tumores, prótesis y 12 cirugías: ahora debe «probarle» a Nación que está enferma

Milagros Corrales, pensionada con 12 cirugías, prótesis y ausencia de cadera, enfrenta la audacia de un Estado que, a pesar de su evidente sufrimiento, exige probar que su enfermedad es real. Con documentos en mano y un historial médico que no deja lugar a dudas, su caso subraya la crudeza de un sistema que pone en entredicho lo obvio.

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En medio de la incertidumbre generada por la reactivación de auditorías impulsadas por el Gobierno nacional, muchos beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad comenzaron a recibir notificaciones formales que exigen la actualización de documentación médica. En Metán, Milagros Corrales, vecina conocida por atender su kiosco «Duende Azul», es una de las personas que recibió recientemente una carta documento. La misiva, enviada por el Correo Andreani, la convoca a una evaluación médica con la documentación que respalde su estado de salud.

Corrales, pensionada desde hace 16 años, explicó que la citación le exige presentarse en la Clínica 9 de Julio a fines de abril, con estudios actuales que certifiquen su diagnóstico. “Me tengo que hacer presente con los estudios en mano para ser revisada por los médicos que vienen a corroborar que realmente soy enferma y necesito la pensión”, indicó.

La mujer padece osteocondromatosis múltiple, una enfermedad degenerativa ósea de carácter crónico, que le ha generado más de una decena de intervenciones quirúrgicas. En su relato, detalló que ha sufrido la aparición de tumores benignos en distintas articulaciones, algunos de los cuales evolucionaron a malignos. Uno de ellos fue removido de su pelvis, donde le colocaron una malla de contención. Años después, otra intervención le exigió la extracción de la cresta ilíaca del lado derecho y la instalación de una prótesis de cemento.

“Vivo con una asimetría entre pierna y pierna, lo que me obliga a usar calzado con realce para no afectar más la columna. Hay días en los que no puedo caminar más de 20 metros sin detenerme. Necesito ayuda para moverme”, describió con claridad.

La pensión que percibe actualmente es de 270 mil pesos. Según afirmó, ese ingreso no cubre las necesidades básicas. Para compensar, trabaja en su local y además sale a vender productos en la vía pública. “A la tarde vendo waffles en la escuela Belgrano, donde van mis hijos. También vendo pulseras y lo que aparezca. Todo suma”, comentó.

Consultada sobre el alcance de las auditorías, Milagros consideró que los controles son necesarios: “Me parece bien que se hagan. Durante muchos años hubo mucho manoseo con el tema de las pensiones. Mucha gente accedió sin tener una enfermedad real. Pero también es justo que se priorice a quienes realmente necesitamos”.

El procedimiento indicado en la carta documento señala con precisión día, hora y lugar. El control será presencial y los estudios deben ser presentados por el propio beneficiario. “Yo tengo que presentar mis estudios y mi documento. Lo único que no sé es si voy a tener que pagar algo ese día en la clínica. Supongo que no, porque no es que voy por voluntad propia, sino porque me están citando”, advirtió.

En su caso, una radiografía reciente y la certificación de un traumatólogo serían suficientes para acreditar la patología. “Eso lo puedo hacer en el hospital. Pero no todos los casos son iguales y no todos tienen la posibilidad de afrontar estos estudios por cuenta propia”, concluyó.

Es así cómo Milagros convive desde hace años con una enfermedad discapacitante y, a pesar de las limitaciones físicas, trabaja todos los días para sostener a su familia. Mientras tanto, crece la incertidumbre en todo el país por las auditorías ordenadas desde Nación y por el futuro de las pensiones no contributivas.

Metán

«¡Queremos nuestro jardín!»: Clamor de la comunidad del Manuel Belgrano por una obra nacional abandonada

Padres, docentes y autoridades realizaron una manifestación en frente del edificio para exigir la finalización del nuevo edificio. La obra, paralizada con el 60% de avance tras el recorte de fondos nacionales, obliga a niños y maestros a convivir en un espacio prestado desde hace cuatro años. Advierten que la institución está perdiendo alumnos por la falta de condiciones adecuadas.

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La paciencia de la comunidad educativa del Jardín Manuel Belgrano se agotó. En una ruidosa pero pacífica movilización, padres y docentes alzaron la voz para denunciar el estado de abandono de su futuro edificio, una obra nacional que hoy es el símbolo de la incertidumbre en la obra pública.

Desde hace cuatro años, el jardín funciona en las instalaciones del NIDO, un espacio cedido por el intendente José María Issa. Sin embargo, lo que nació como una solución temporal se convirtió en una realidad precaria que ya afecta directamente el futuro de la institución.

La directora del núcleo educativo, María Eugenia Rodríguez, fue contundente al describir la situación: la obra civil se encuentra avanzada en un 60%, pero con el cambio de gestión en el Gobierno Nacional, el flujo de fondos se cortó totalmente y los trabajos se detuvieron.

«Desde hace dos años la institución va perdiendo la matrícula. Solo desde el año pasado hemos perdido más de 27 alumnos», lamentó la directiva. Según Rodríguez, si bien las familias valoran y sostienen la alta calidad educativa del jardín, las limitaciones físicas del espacio prestado terminan por desgastar a los padres, quienes deciden retirar a sus hijos en busca de edificios más adecuados.

La manifestación contó con un fuerte respaldo institucional. El intendente José María Issa, el diputado provincial Rodrigo García y la concejal Romina Barboza acompañaron la marcha, unificando el pedido hacia las autoridades nacionales.

Desde la dirigencia local recalcaron que el municipio ha hecho un esfuerzo por albergar a la institución, pero que la infraestructura cedida no reemplaza las necesidades pedagógicas de un edificio diseñado específicamente para el nivel inicial.

El reclamo es claro: que el Gobierno Nacional reactive las partidas presupuestarias para finalizar el 40% restante. Mientras la obra se deteriora a la intemperie, la comunidad educativa del Jardín  Belgrano teme que el vaciamiento de la matrícula termine por herir de muerte a una de las instituciones más queridas de la ciudad.

«Los padres nos apoyan, pero no pueden esperar siempre. Necesitamos que el derecho a una educación digna se cumpla con ladrillos y techos terminados», concluyeron durante la protesta frente a la obra paralizada.

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Metán

Una amenaza de tiroteo puso en alerta a la comunidad del Colegio Estrada

Un mensaje intimidatorio hallado en el baño de mujeres de la institución encendió las alarmas de padres y autoridades. Ante la viralización de amenazas similares en otros colegios de Metán, la Policía de Salta emitió un comunicado oficial advirtiendo sobre las graves consecuencias penales de estas «bromas».

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La comunidad educativa de la Escuela José Manuel Estrada no fue la escepción en esta ola de «bromas» con mensajes amenazantes que se replican a lo largo y ancho del país en diferentes establecimientos educativo. El hallazgo de un mensaje escrito en el baño de mujeres, que advertía sobre un presunto «tiroteo» programado para este próximo lunes, activó de inmediato los protocolos de seguridad y puso en alerta a la Unidad Regional correspondiente.

Este hecho no es aislado. En los últimos días, mensajes de características similares —muchos de ellos replicando «desafíos» virales de redes sociales— han circulado en otras instituciones de la ciudad, generando un clima de psicosis que obligó a la intervención directa de las fuerzas de seguridad y el Ministerio de Educación.

Ante la gravedad de la situación y la seguidilla de hechos en Metán, la Policía de Salta emitió un comunicado oficial en la jornada de hoy para llevar tranquilidad y, sobre todo, advertir a los jóvenes y sus familias sobre la responsabilidad legal de estos actos.

En el documento, la fuerza informó que ya existen personas detenidas y menores demorados en la provincia (incluyendo casos recientes en Salta Capital y Rosario de la Frontera) por emitir mensajes intimidatorios. Estas conductas se encuadran bajo el delito de Intimidación Pública, el cual está tipificado en el Código Penal y prevé penas de entre 2 y 6 años de prisión.

Asimismmo, se han dispuesto requisas domiciliarias y el secuestro de teléfonos celulares de aquellos alumnos identificados como autores de las amenazas, sin importar que se trate de «bromas». La Brigada de Investigaciones y las Fiscalías Penales trabajan de manera coordinada para rastrear el origen de los mensajes y garantizar la seguridad en los ingresos y egresos de los edificios escolares.

En la Escuela Estrada, el protocolo se activó con la notificación a las autoridades policiales y la contención del alumnado. Sin embargo, la inquietud de los padres es creciente.

Desde las instituciones educativas locales hicieron un llamado a los padres para que conversen con sus hijos sobre el uso responsable de las redes sociales y el impacto que estas amenazas generan en toda la sociedad, saturando los recursos de emergencia que deberían estar destinados a situaciones reales.

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Metán

Ruta 9/34: Sergio López calificó de «chistoso» el reclamo de sus pares

El diputado metanense salió al cruce del pedido de reparación urgente impulsado por Marianela Marinaro y acompañado por Rodrigo García y Gustavo Dantur. Defendió la gestión nacional, aseguró que la obra de bacheo ya está en marcha y lanzó una frase que generó polémica: «No le pongamos títulos a la ruta para hacer grave algo que no es».

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La interna política por el estado de la Ruta Nacional 9/34 sumó un capítulo de alta tensión tras las declaraciones del diputado provincial Sergio López. En una entrevista realizada por el programa radial «El Bueno y El Malo», el legislador minimizó el proyecto de declaración que exige reparaciones urgentes en el tramo Metán – Rosario de la Frontera, tildándolo de innecesario y con fines mediáticos.

López no se guardó nada al referirse a la iniciativa acompañada por sus colegas Rodrigo García y Gustavo Dantur. «El proyecto de declaración es chistoso. Los diputados ya saben que la obra está licitada y que el director de Vialidad ya anunció que está en marcha el plan de bacheo», sentenció, desestimando la urgencia planteada por los otros representantes del sur provincial.

Uno de los puntos más controvertidos de su descargo fue la minimización de la peligrosidad del tramo sur. López sostuvo que el sector más crítico en términos de siniestralidad se encuentra entre Río Piedras y Lumbreras, y no entre Metán y Rosario.

«No me vengan a decir ahora que la ruta de la muerte es el tramo de Metán – Rosario de la Frontera. No le pongamos títulos a la ruta para hacer grave algo que no es», disparó el diputado, desestimando el mote que este corredor se ha ganado tras años de accidentes fatales.

Para López, la solución definitiva está en camino de la mano del Gobierno Nacional a través de la licitación de las obras. Sin embargo, advirtió que la mejora en la infraestructura traerá consigo un debate económico: el costo del peaje.

«El Gobierno Nacional está buscando dar una solución definitiva, por eso ha llamado a licitación», explicó el legislador. Al mismo tiempo, planteó que una ruta de calidad requerirá un ajuste en las tarifas de circulación: «Cuando termine la obra tendremos que entender que no podemos seguir pagando esa miseria que pagamos de peaje».

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