Lo que comenzó como una aparente emboscada con tinte mafioso en plena Ruta Nacional 34 terminó destapando un verdadero escándalo narco que salpica a las fuerzas de seguridad y mantiene en vilo a toda la región. En un megaoperativo coordinado por la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta, se logró el secuestro de 71,620 kilos de cocaína, equivalentes a más de 573 mil dosis fraccionadas en paquetes rectangulares.

Todo estalló la mañana del pasado domingo 28 de junio en el kilómetro 927 de la mencionada ruta, en la localidad de El Potrero. Las alertas se encendieron en el Destacamento Antillas cuando dos mujeres llegaron desesperadas a pedir auxilio, denunciando que la camioneta Renault Duster en la que viajaban había sido atacada violentamente a balazos desde una camioneta blanca.

La policía salteña reaccionó de inmediato. El presunto tirador —un hombre de 43 años, conocido en el ambiente delictivo y oriundo de Rosario de la Frontera— fue interceptado y detenido poco después por efectivos de Seguridad Vial en el puesto de control de El Tala.

Sin embargo, el verdadero giro de la historia ocurrió cuando los investigadores de Drogas Peligrosas requisaron la Duster baleada. Las mujeres, oriundas de Tartagal, ya venían siendo investigadas en el marco de una causa federal por narcotráfico. Al revisar el vehículo, los efectivos descubrieron un doble fondo en el baúl donde ocultaban el millonario cargamento de cocaína. El escándalo institucional estalló al confirmarse que una de las detenidas es personal activo de Gendarmería Nacional, prestando servicios en el Escuadrón 52 de Tartagal.

La investigación, dirigida por la Fiscalía Federal a cargo del Dr. Ricardo Toranzos y supervisada por el director general de Drogas Peligrosas, Juan Marcelo Contreras, avanzó a pasos agigantados con allanamientos simultáneos en distintos barrios de Tartagal y en una vivienda de Rosario de la Frontera, donde se secuestraron tres vehículos más.

Pero la pista más caliente llevó a los sabuesos salteños hasta la vecina provincia de Tucumán. Se ejecutó una orden de presentación judicial en el Puesto Policial 7 de Abril, donde se secuestraron las armas reglamentarias, celulares y libros de guardia de cuatro policías tucumanos.

Por razones que la Justicia Federal intenta determinar, estos cuatro efectivos se encontraban a pocos metros del lugar del tiroteo el pasado 28 de junio, completamente fuera de su jurisdicción, sin autorización judicial y movilizándose insólitamente en una camioneta que ya estaba bajo secuestro judicial. ¿Estaban haciendo de «custodios» del cargamento o formaban parte de una mejicaneada? Es la pregunta que resuena con fuerza en los pasillos judiciales.

Las diligencias continúan y el sur provincial vuelve a quedar en el ojo de la tormenta como la ruta clave del paso de sustancias prohibidas.