Luego del grave episodio ocurrido sobre la Ruta Nacional 34 en el acceso norte de Tartagal —donde dos efectivos resultaron heridos tras ser atacados por un sujeto armado con un cuchillo—, el Ministerio de Seguridad de Salta dispuso un paquete de medidas de aplicación inmediata en los 14 Distritos de Prevención de la provincia. La resolución busca ajustar los criterios de legítima defensa y respuesta ante situaciones donde la vida de terceros o de los propios agentes se encuentre en riesgo inminente.

El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, confirmó oficialmente que la provincia impulsará la compra de pistolas Taser y dispositivos disuasivos para dotar a la Policía de Salta de herramientas de control electrónico frente a agresiones a corta distancia, aunque por el momento no se precisaron montos de inversión, cantidades ni plazos de entrega.

En paralelo, la Jefatura de Policía transmitió que los cursos de formación técnica e intervención ante amenazas con armas blancas pasarán a ser estrictamente obligatorios y constituirán un requisito excluyente para los ascensos en todas las jerarquías policiales. «Ajustaremos la respuesta a la proporcionalidad del ataque recibido», indicaron fuentes policiales, al explicar la aplicación progresiva del uso de la fuerza frente al escaso tiempo de reacción que representan las agresiones dentro del radio de los siete metros.

El Ministerio de Salud Pública de la provincia y la Corte de Justicia de Salta formalizaron un convenio de cooperación institucional para poner en marcha el «Programa Interinstitucional de Intervención Judicial y Terapéutica en Personas con Consumos Problemáticos». La rúbrica estuvo encabezada por el titular de la cartera sanitaria, Federico Mangione, y la presidenta del Máximo Tribunal, Teresa Ovejero Cornejo.

El dispositivo está dirigido a personas mayores de 18 años sujetas a pautas de conducta, suspensión del juicio a prueba, condenas de ejecución condicional o medidas alternativas a la prisión efectiva, en aquellos expedientes donde se compruebe un vínculo clínicamente relevante entre el consumo de sustancias psicoactivas y la infracción penal. La operatividad del programa se articulará entre la Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas a la Detención (OMAS) de la Corte y la Secretaría de Salud Mental y Adicciones de la Provincia.

Tras la firma, Teresa Ovejero resaltó el carácter sostenido del trabajo conjunto: “La particularidad de este trabajo es que es conjunto desde el minuto cero. Necesitamos que la comunicación sea constante para asegurar un abordaje integral y dar respuestas de fondo a problemáticas que intersectan lo penal y lo asistencial”. Por su parte, el ministro Federico Mangione remarcó que el seguimiento se apoyará en el sistema de historia clínica digital para cruzar datos con la red de centros de salud y evitar duplicaciones de abordajes. El trayecto contempla talleres psicoeducativos, entrevistas individuales de apoyo sociofamiliar y herramientas de autorregulación emocional con grupos reducidos en el dispositivo de calle Sarmiento 491.

El gobernador Gustavo Sáenz intercedió directamente ante las autoridades nacionales al plantear al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, la necesidad de revisar de forma urgente la normativa que introdujo severos cambios y limitaciones al régimen de tráfico fronterizo de exportación.

Durante el encuentro, Sáenz y Vázquez mantuvieron una comunicación directa con el director general de Aduanas, José Vélis, a quien le transmitieron de manera unánime la postura oficial de la Provincia de Salta. La propuesta elevada por el mandatario salteño busca equilibrar la balanza: fortalecer los mecanismos de control vigentes y prevenir desvíos hacia prácticas comerciales irregulares, pero sin resentir ni asfixiar el comercio legal que sostiene a las poblaciones de frontera.

El planteo del Ejecutivo provincial se alinea con el fuerte reclamo de cámaras empresariales, comerciantes y municipios fronterizos del norte salteño —como Aguas Blancas y Salvador Mazza—, quienes cuestionaron las nuevas restricciones por el impacto directo en el empleo local, las ventas y la recaudación. Sáenz expuso las consecuencias socioeconómicas que provocaron las modificaciones y solicitó una revisión integral que contemple la realidad de la zona.