La Corte de Justicia de Salta declaró la validez constitucional de la Ley 8535 de Participación Democrática, despejando los planteos judiciales que cuestionaban las modificaciones introducidas en el sistema electoral de la provincia. En el expediente principal iniciado por los referentes de La Libertad Avanza, Carlos Raúl Zapata y Lourdes Ríos Ayllón, los magistrados rechazaron la demanda de inconstitucionalidad contra artículos centrales de la normativa.

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La resolución judicial llega en un momento político clave: el gobernador Gustavo Sáenz se prepara para emitir en los próximos días el decreto formal de convocatoria a los comicios provinciales de 2027 —cuyo plazo legal vence el próximo 16 de noviembre—, perfilándose el 16 de mayo de 2027 como la fecha elegida para acudir a las urnas.

Si bien también existían presentaciones similares impulsadas por Claudio Del Plá (Partido Obrero – Frente de Izquierda) y Alejandro Patrón Costas (Partido de la Reconquista), el fallo recaído en la causa de los dirigentes libertarios sienta el criterio rector aplicable a los planteos análogos.

Autonomía provincial y límites del control judicial

En los fundamentos de la sentencia, la Corte reafirmó la potestad de las provincias para diseñar y modificar sus propios regímenes electorales dentro del marco constitucional, citando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El tribunal remarcó que definir el sistema de selección de autoridades es una atribución exclusiva de los poderes políticos y advirtió sobre el límite de su propia intervención: “No es resorte del Poder Judicial decidir el acierto con que ese mismo poder hace uso de facultades que le son propias y exclusivas”, señalaron los jueces, agregando que la Justicia debe evitar “inmiscuirse en la esfera de las atribuciones privativas del Poder Legislativo”.

El fallo analizó y desestimó los principales cuestionamientos formulados por la oposición:

• Acumulación de sufragios: Los demandantes objetaban el artículo 5 de la norma —comparado políticamente con la Ley de Lemas—, argumentando que sumar los votos de distintas listas dentro de una misma fuerza podía permitir que ganara un candidato con menos votos individuales. La Corte rechazó el planteo apoyándose en antecedentes nacionales que validan mecanismos similares y descartó que el trato diferenciado entre partidos y frentes vulnere el principio de igualdad ante la ley.

• Presencia en 15 departamentos: También quedó firme la exigencia de presentar listas en al menos 15 de los 23 departamentos salteños para poder postular fórmulas a gobernador y vicegobernador. El tribunal consideró que “la dimensión territorial constituye un criterio legítimo de regulación electoral” y resulta razonable dada la representación provincial integral que ejerce el titular del Ejecutivo.

Con este pronunciamiento, la Ley 8535 queda plenamente operativa para la próxima contienda electoral, obligando a las distintas fuerzas políticas a diseñar sus alianzas y estrategias bajo estas reglas. No obstante, el fallo se limita estrictamente al diseño del sistema de votación y no aborda ni resuelve debates constitucionales específicos como una eventual candidatura de Gustavo Sáenz para un nuevo mandato, discusión que permanece abierta en el plano político y jurídico.