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Salta

Conmoción en Chicoana: un policía asesinó de un disparo a su expareja durante una audiencia de mediación y luego murió tras autolesionarse

El femicidio ocurrió alrededor de las 14:00 en el Centro de Mediación ubicado junto a la Municipalidad, sobre calle El Carmen. Tras el ataque, el efectivo identificado como Carlos Enrique Pascal, de 32 años, huyó del lugar y fue trasladado luego con heridas autoinfligidas a un centro de salud, donde finalmente falleció.

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Un estremecedor femicidio sacudió este jueves 19 de noviembre a la localidad salteña de Chicoana, donde una mujer joven fue asesinada de un disparo mientras participaba de una instancia de mediación junto a su expareja, un efectivo de la Policía de Salta que huyó de la escena y horas más tarde falleció en un hospital tras provocarse autolesiones.

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El crimen se produjo alrededor de las 14:00 horas en el Centro de Mediación situado sobre calle El Carmen, en un inmueble lindante y conectado mediante una galería interna con el edificio de la Municipalidad de Chicoana. De acuerdo con los primeros datos recabados en la causa, tanto la víctima como el agresor eran vecinos de la zona de La Población.

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Según trascendió, trabajadores municipales que cumplían funciones en las inmediaciones escucharon una fuerte detonación y, en un primer instante, creyeron que se trataba de un desperfecto o explosión eléctrica, hasta que se advirtió la gravedad del ataque armado dentro de la dependencia de mediación.

Operativo cerrojo y muerte del sospechoso

Tras efectuar el disparo mortal, el atacante escapó rápidamente del lugar, lo que motivó un amplio despliegue policial con cortes preventivos en los accesos al casco céntrico y un operativo cerrojo que se extendió hacia El Carril, Viñaco y la Ruta Provincial 33. En paralelo, los investigadores resguardaron la escena y comenzaron a relevar las cámaras de seguridad municipales para reconstruir los movimientos previos y posteriores al ataque.

Horas después, fuentes policiales confirmaron que el principal sospechoso —identificado como el efectivo policial Carlos Enrique Pascal, de 32 años— fue localizado con heridas autoinfligidas. Si bien en un primer momento circularon versiones sobre su detención o un hallazgo sin vida en el lugar, se precisó oficialmente que fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde posteriormente se produjo su fallecimiento.

La investigación quedó a cargo de la fiscal María Luján Sodero Calvet, de la Unidad de Femicidios (UFEM), quien dirige las diligencias periciales tanto para esclarecer la mecánica del femicidio como las circunstancias exactas en las que el efectivo resultó herido antes de morir.

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Salta

Caso de Romina Valverdi: denunció años de violencia sin ser escuchada y terminó imputada por matar a su agresor

La dramática historia de la mujer salteña de 39 años llegó a los medios nacionales y generó fuerte indignación. Tras años de golpizas, amenazas de muerte, un acampe frente a tribunales y el retiro irregular de su custodia, hoy cumple prisión domiciliaria con tobillera mientras su defensa impulsa el enjuiciamiento de una fiscal, una defensora y una jueza de Género.

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El estremecedor caso de Romina Valverdi, una mujer de 39 años oriunda de Tartagal, trascendió las fronteras de Salta, llegó a los medios nacionales y conmueve a todo el país al exponer una cadena de desprotección institucional frente a la violencia de género extrema. Hoy, tras haber sobrevivido a años de tormento y terminar acusada por la muerte de su agresor, su defensa avanza con un contundente pedido de juicio político contra tres funcionarias judiciales que intervinieron previamente sin brindarle resguardo.

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La historia de Valverdi está atravesada por la vulnerabilidad desde su infancia. Tras escapar de un hogar marcado por el alcoholismo y el maltrato, a los 17 años conoció a Mario «Titino» Barraza, un dirigente gremial de desocupados con fuerte peso territorial en Tartagal, 20 años mayor que ella, quien la llevó a su vivienda y la sometió durante décadas a un calvario de golpes, humillaciones delante de sus hijos —dos de ellos con discapacidad— y amenazas constantes.

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Denuncias ignoradas, custodia retirada y un acampe desesperado Desde 2019, Romina acudió reiteradamente a la Justicia para pedir medidas de protección y restricciones perimetrales. Sin embargo, cada intento por escapar terminaba frustrado: cuando logró refugiarse en la localidad de Dragones, Barraza irrumpió en el domicilio donde se escondía acompañado por efectivos policiales que le habían revelado su paradero.

En abril de este año, tras una nueva denuncia por amenazas de muerte, la Justicia dispuso una consigna policial en su domicilio, pero el efectivo se retiró a las pocas horas alegando una orden superior de su comisario. Desesperada ante la falta de respuestas, los días 8 y 9 de septiembre Valverdi encabezó un acampe frente a los tribunales de Tartagal reclamando ser escuchada por las autoridades judiciales con competencia en violencia de género, sin obtener soluciones efectivas.

El ataque del 9 de noviembre y el trágico desenlace

La situación alcanzó su punto límite el pasado 9 de noviembre, cuando Romina se encontraba trabajando en una casa de familia. Barraza irrumpió violentamente en la vivienda donde estaban sus hijos, rompió a patadas las puertas delantera y trasera y comenzó a buscarla a los gritos para matarla.

Los audios enviados ese día por sus hijos reflejan el terror vivido: un niño de 10 años rogó por mensaje a una pastora evangélica que resguardara a su hermanita con discapacidad por temor a que su padre la asesinara, mientras que otra hija mayor le advirtió a su madre que escapara de Tartagal porque la estaba «cazando» para matarla. Pese a que la Policía acudió al domicilio tras un llamado de auxilio, los uniformados solo identificaron a Barraza y se retiraron sin detenerlo.

Al regresar desesperada para proteger a sus hijos, Romina mantuvo un enfrentamiento con Barraza dentro de la vivienda, episodio en el que el hombre recibió una herida mortal de arma blanca en el cuello.

Tras el hecho, Valverdi fue detenida e imputada por homicidio agravado por el vínculo, delito que prevé prisión perpetua. Luego de permanecer alojada en una cárcel común —mientras vecinos de Tartagal se movilizaban y su hermana se encadenaba frente a tribunales exigiendo su libertad—, el juez Alvarado le concedió la prisión domiciliaria en atención a sus hijos que requieren cuidados especiales.

Norte salteño | Mató a su expareja en Tartagal y su defensa alegará exceso  de legítima defensa - Cuarto

Paradójicamente, Romina cuenta hoy con tobillera electrónica y custodia policial permanente en su humilde vivienda, no para protegerla como víctima, sino para evitar una eventual fuga, viéndose además impedida de salir a trabajar para sostener a su familia. «Esto no hubiera pasado si hubieran hecho su trabajo. Si alguien hubiera actuado, yo estaría libre y él estaría vivo», expresó la mujer en declaraciones públicas.

Frente a la gravedad de las omisiones estatales previas al desenlace fatal, el abogado defensor Alexis Rambert confirmó la presentación del pedido de juicio político contra tres funcionarias del fuero especializado de Tartagal: Lorena Martínez, fiscal de Violencia de Género, Valeria Magadán, defensora de Violencia de Género y Susana Elba Menéndez, jueza de Violencia de Género.

La defensa sostiene que las magistradas y funcionarias contaban con múltiples denuncias y elementos probatorios previos para evitar que la situación escalara hasta un desenlace irreversible.

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Salta

Salta participa del Operativo de Integración Interprovincial del NOA y NEA junto a seis provincias y fuerzas federales

Con despliegues de la Policía de la Provincia y el apoyo de Gendarmería Nacional, se intensifican los controles vehiculares, la identificación de personas y la inspección de cargas en rutas nacionales, provinciales y caminos alternativos que conectan al norte argentino.

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El Ministerio de Seguridad, a través de la Policía de la Provincia de Salta, participa activamente del Operativo de Integración y Seguridad Interprovincial del NOA y NEA, un despliegue coordinado de gran escala que reúne a las fuerzas policiales de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Chaco y Catamarca, junto con el respaldo de Gendarmería Nacional y otras fuerzas federales.

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Las acciones operativas comenzaron en la víspera en puntos estratégicos establecidos a lo largo de las siete jurisdicciones involucradas. El dispositivo contempla la instalación de puestos fijos y móviles sobre rutas nacionales, rutas provinciales y caminos alternativos que integran los corredores viales del norte argentino, incluyendo zonas clave de tránsito como el sur salteño.

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Durante los procedimientos, los efectivos llevan adelante controles vehiculares, identificación de personas, fiscalización de documentación e inspección detallada de cargas con el objetivo de prevenir delitos complejos y reforzar la seguridad vial y fronteriza.

Para ejecutar el operativo se afectaron recursos humanos y tecnológicos especializados de las siguientes divisiones:

  • Investigación y narcotráfico: Drogas Peligrosas, División Antinarcóticos K9 (canes), Investigaciones y Ciberseguridad.

  • Prevención y control territorial: Seguridad Vial, Motoristas, Policía Rural y Ambiental e Infantería.

Desde la cartera de Seguridad destacaron que esta articulación interjurisdiccional permite fortalecer la presencia preventiva en los límites interprovinciales, cruzar información en tiempo real y optimizar la capacidad de detección e intervención temprana de las fuerzas de seguridad en toda la región.

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Salta

Intentaba viajar de Salta a Ezeiza con 103 cápsulas de cocaína ocultas en su ropa interior y en su estómago

El procedimiento fue realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el área de preembarque. La mujer, de nacionalidad boliviana, había cruzado horas antes por Salvador Mazza y debió ser trasladada al hospital Papa Francisco para evacuar los envoltorios ingeridos; quedó en prisión preventiva.

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Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvieron en el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes de la ciudad de Salta a una mujer de 23 años, de nacionalidad boliviana, que intentaba abordar un vuelo comercial rumbo a Buenos Aires transportando más de un kilo de cocaína bajo la modalidad de «mula».

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Según se informó en el marco de la causa federal, la joven había ingresado al territorio argentino el sábado a través del paso fronterizo de Salvador Mazza y, pocas horas después, se presentó en la terminal aérea salteña con la intención de viajar hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un vuelo de la empresa JetSmart.

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Nerviosismo en el escáner y traslado hospitalario

La maniobra fue advertida por el personal de la PSA en el sector de preembarque. Los uniformados notaron que la pasajera —quien portaba una mochila— exhibía un marcado estado de nerviosismo y manifestaba temor a atravesar el escáner de seguridad argumentando que se encontraba enferma.

Al ser entrevistada por los agentes, la joven terminó reconociendo que llevaba envoltorios con estupefacientes ocultos en su ropa interior. Con la correspondiente autorización judicial, se efectuó una requisa en la que se hallaron cápsulas de cocaína escondidas en su corpiño. Si bien en un primer momento negó transportar más sustancia, minutos después confesó que también había ingerido cápsulas.

Ante el riesgo clínico que implica la ingesta de estupefacientes, la detenida fue trasladada de urgencia al hospital Papa Francisco, donde permaneció bajo custodia médica hasta completar la evacuación total de los envoltorios.

Como resultado integral del operativo, los investigadores incautaron 103 cápsulas que arrojaron un peso total de 1,189 kilogramos de cocaína. Además, se secuestraron su teléfono celular, una cédula de identidad chilena a su nombre y un boleto de ómnibus correspondiente al tramo entre Santa Cruz de la Sierra y Yacuiba (Bolivia).

Durante la audiencia de formalización, la acusada se abstuvo de prestar declaración y su defensa no presentó objeciones a los requerimientos del Ministerio Público Fiscal. Finalmente, el juez Anzorreguy declaró la legalidad de la detención, dio por formalizada la investigación penal y dictó la prisión preventiva de la imputada.

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