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Insólito: una diputada salteña pidió asistencia estatal para salvar a las clínicas privadas

Se trata de María Gabriela Flores, legisladora nacional por La Libertad Avanza. Durante un plenario de comisiones, defendió una iniciativa destinada a sanear las deudas que sanatorios y laboratorios privados mantienen con el Estado, argumentando que «el sector público siempre sigue funcionando», mientras que el privado «corre el riesgo de desaparecer».

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Un llamativo planteo protagonizó en el Congreso de la Nación la diputada nacional por Salta de La Libertad Avanza, María Gabriela Flores, quien en abierta contradicción con la doctrina ortodoxa de libre mercado y «no intervención estatal» que pregona el oficialismo nacional, impulsó un proyecto de ley para que el Estado auxilie y sanee las cuentas del sector privado de la salud.

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La intervención tuvo lugar durante una reunión conjunta de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Allí, la legisladora salteña sostuvo que resulta urgente rescatar financieramente a clínicas, sanatorios y laboratorios privados bajo el argumento de que, sin ellos, el sistema sanitario no podría atender a toda la población.

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La insólita comparación entre el sistema público y el privado

En uno de los pasajes más controvertidos de su exposición, Flores minimizó la crisis presupuestaria que atraviesan los hospitales públicos y aseguró que el verdadero riesgo de desaparición recae sobre las empresas privadas del sector: «Es urgente y necesario tomar de frente cuál es la situación que tiene el sector privado dentro de la salud. Porque el sector público siempre, de una u otra manera, sigue funcionando; el sector privado corre el riesgo de desaparecer», afirmó.

Acto seguido, la diputada libertaria reconoció el deterioro en la capacidad de respuesta de los hospitales estatales para justificar el salvataje al ámbito privado: «Escuchamos muchas veces a distintos institutos que pertenecen a hospitales o sanatorios privados, incluso universitarios, con descubrimientos y nuevos tratamientos que se empiezan a gestionar desde lo privado ante una salud pública que está un poco colapsada en la atención», sostuvo.

Para fundamentar el alcance de la iniciativa legislativa, Flores apeló a una metáfora médica al señalar que el sector sanitario privado lleva 25 años de prórrogas de emergencia sin solución definitiva, y propuso iniciar el rescate aliviando sus compromisos fiscales y financieros con las arcas públicas: «¿Qué pasaría si colaboramos con que el sector privado —y ese es el objetivo de esta ley— pueda sanear lo más urgente de esta emergencia? Vamos a empezar por lo más grave que le sucede, quizás son sus cuentas con el Estado, a solucionar eso para después poder ir avanzando en otras soluciones», concluyó.

Las declaraciones de la representante salteña generaron inmediata repercusión y cuestionamientos en redes sociales y ámbitos políticos. Desde sectores críticos del Gobierno nacional señalaron tanto la contradicción ideológica de reclamar intervención y auxilio estatal para empresas privadas como el hecho de advertir sobre el colapso de la salud pública sin atribuirlo al recorte presupuestario y a las políticas de ajuste impulsadas por el propio Estado nacional y el espacio político que la legisladora representa.

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Reforma electoral: el oficialismo reunió 11 firmas en el Senado para suspender las PASO

Luego de intensas negociaciones en la Comisión de Asuntos Constitucionales, el dictamen quedó habilitado para llegar al recinto el próximo jueves. La iniciativa plantea suspender las PASO por un año e incorpora de manera permanente la Ficha Limpia, el fin de la veda electoral y cambios en los debates presidenciales.

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Tras una jornada marcada por intensas negociaciones parlamentarias en la Cámara Alta, el oficialismo logró reunir 11 firmas en la Comisión de Asuntos Constitucionales y dejó listo el dictamen del proyecto de reforma electoral para ser debatido en el recinto del Senado el próximo jueves. Para destrabar los apoyos necesarios, el Gobierno debió dar marcha atrás con el sistema de listas de adhesión o colectoras, un punto que había generado fuertes resistencias entre bloques dialoguistas.

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De acuerdo con fuentes parlamentarias y reportes legislativos, la inclusión original de las colectoras —que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, había conversado con mandatarios radicales como garantía de gobernabilidad— terminó trabando el acuerdo en la Cámara Alta. Ante ese escenario, la bancada libertaria modificó el texto y eliminó ese mecanismo para alcanzar las diez firmas reglamentarias y sumar finalmente once avales.

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Cómo se conformaron las firmas y el rol de los bloques

El despacho de mayoría contó con el respaldo pleno de los seis senadores oficialistas de la comisión —Patricia Bullrich, el presidente del cuerpo Agustín Coto, Luis Juez, Nadia Márquez, Ivanna Arrascaeta y María Belén Monte de Oca—, sumados a los radicales Eduardo Vischi y Rodolfo Suárez.

Las firmas decisivas para superar el umbral mínimo llegaron tras negociaciones de último momento:

  • Provincias Unidas: los senadores Carlos “Camau” Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo suscribieron el dictamen en disidencia. Vigo había cuestionado duramente en comisión la constitucionalidad de las listas colectoras y el esquema de financiamiento partidario del borrador inicial.

  • UCR: el senador catamarqueño Flavio Fama, quien durante la tarde había mantenido en suspenso su acompañamiento, finalmente firmó en disidencia parcial tras reunirse con las autoridades del bloque oficialista.

Los principales puntos de la reforma electoral

Según el texto dictaminado, todas las modificaciones tendrán carácter permanente, con la única excepción de la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que regirá por el plazo de un año. Entre los ejes centrales del proyecto se destacan:

  • Ficha Limpia: establece la inhabilitación para postularse a cargos electivos de toda persona que cuente con una condena penal confirmada en segunda instancia por delitos dolosos vinculados a la corrupción.

  • Fin de la veda electoral: propone eliminar tanto las restricciones discursivas en medios de comunicación y redes sociales como las limitaciones que actualmente rigen sobre comercios y actividades culturales durante la jornada comicial.

  • Debates presidenciales: elimina su carácter obligatorio establecido por la Ley 27.337 (y las sanciones previstas por ausencia, como el atril vacío o la quita de espacios publicitarios), dejando en manos de la Cámara Nacional Electoral la decisión sobre su realización.

  • Financiamiento y Parlasur: introduce ajustes en los topes de financiamiento privado y fija un límite del 50% en la propaganda electoral en radio y televisión, además de modificar reglas vinculadas a la elección de parlamentarios del Mercosur.

En paralelo al avance legislativo, distintos sectores políticos dentro y fuera del oficialismo analizan el impacto interno de las negociaciones entre la Casa Rosada y el Senado, en un escenario donde la eliminación de las colectoras reconfiguró los acuerdos previos con los gobernadores y puso a prueba el armado parlamentario de cara a la sesión de la próxima semana.

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Siete meses después de prometer “los mejores 18 meses” de la economía, Luis Caputo atribuyó el freno al contexto externo y al “riesgo kuka”

Tras un período marcado por la falta de crecimiento, la suba del riesgo país y una inflación mensual que alcanzó el 2,2% en octubre, el ministro de Economía justificó la demora en los resultados prometidos. Mientras el oficialismo defiende la evolución anual de los precios y proyecta estabilidad para el próximo año, sectores críticos cuestionan la distancia entre los anuncios oficiales y la realidad económica.

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A siete meses de que el ministro de Economía, Luis Caputo, asegurara públicamente que comenzaban “los mejores 18 meses” de la historia argentina en materia económica, los indicadores actuales muestran un escenario distinto al proyectado por el Palacio de Hacienda: la actividad no logró consolidar una senda de crecimiento sostenido, el riesgo país registró un fuerte incremento y la desaceleración inflacionaria encontró resistencia en los últimos meses.

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Este lunes, el titular de la cartera económica salió a explicar los motivos por los cuales no se cumplió su vaticinio inicial. Según sostuvo Caputo, el desvío respecto a sus proyecciones responde, en primer lugar, a factores vinculados al contexto externo y, en mayor medida, a la incertidumbre política interna generada por el temor de los mercados ante un eventual regreso del kirchnerismo al poder —fenómeno al que el propio funcionario denominó anteriormente como “riesgo kuka”—.

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En ese sentido, el ministro admitió que el impacto de ese factor lo tomó por sorpresa, argumentando que no esperaba que un sector tan amplio mantuviera esa preocupación frente a un espacio político al que él considera “un proceso terminado”.

Las críticas a los pronósticos y la defensa del rumbo

Las declaraciones del funcionario reavivaron el debate sobre la efectividad y la previsibilidad de los diagnósticos del equipo económico. Desde distintos sectores opositores y analistas críticos señalan que las explicaciones oficiales recurren nuevamente a factores exógenos o políticos para justificar la falta de reactivación del consumo, el estancamiento de la actividad y el encarecimiento del crédito reflejado en el riesgo país, en lugar de revisar las inconsistencias propias del programa fiscal y monetario.

Por su parte, Caputo defendió los resultados acumulados de su gestión. Más allá del repunte inflacionario registrado en octubre —cuando el índice de precios al consumidor marcó un 2,2%—, el ministro se mostró conforme con la tendencia de desaceleración interanual. Asimismo, volvió a trazar proyecciones optimistas hacia adelante: aseguró que durante el próximo año la economía argentina alcanzará una etapa de plena estabilización y vaticinó que el presidente Javier Milei logrará su reelección en primera vuelta.

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Sube la luz en Salta: Nación actualizó los costos eléctricos y el impacto se verá en las facturas de diciembre

El Ente Regulador de los Servicios Públicos informó que los nuevos cuadros tarifarios fueron fijados por la Secretaría de Energía mediante la Resolución N.º 305/2026. Los incrementos alcanzan al transporte de energía y al precio de la potencia para el trimestre noviembre-enero.

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El Gobierno nacional dispuso una nueva actualización en los costos mayoristas del sistema eléctrico que repercutirá directamente en la boleta de luz de los usuarios salteños. Así lo informó oficialmente el Ente Regulador de los Servicios Públicos de la provincia.

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Los nuevos valores fueron establecidos por la Secretaría de Energía de la Nación a través de la Resolución N.º 305/2026 y tendrán vigencia durante el período estacional comprendido entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

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¿Qué componentes aumentaron?

Según el detalle técnico difundido, las subas aplicadas por el Estado nacional se concentran en dos ítems clave del mercado eléctrico:

  • Transporte de energía eléctrica: registró un incremento del 14,97% entre octubre y noviembre.

  • Precio de referencia de la potencia: tuvo un ajuste del 2,01%.

¿Cómo y cuándo impactará en la boleta?

La tarifa final que abonan los usuarios residenciales y comerciales en Salta se compone de la suma de estos costos mayoristas nacionales junto con el Valor Agregado de Distribución (VAD) provincial y los impuestos correspondientes. Por este motivo, cada actualización dispuesta por Nación termina trasladándose al cuadro tarifario local.

Si bien los nuevos valores ya entraron en vigencia, los usuarios salteños verán reflejado el aumento recién en la factura correspondiente al consumo de noviembre, cuyo vencimiento y reparto se producirá en los primeros días de diciembre. Por el momento, no se precisó cuál será el porcentaje exacto de suba sobre el monto total de las boletas.

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