Una causa judicial de proporciones históricas pone bajo la lupa al departamento de Anta y expone la trama de corrupción más grave de los últimos tiempos en el sur provincial. Tras un año de investigación e intensos allanamientos, el fiscal general Carlos Martín Amad formalizó la imputación contra 15 personas —incluyendo a 10 funcionarios públicos, profesionales de la salud y un legislador provincial— acusadas de integrar una red dedicada a la falsificación de documentación para la tramitación irregular de pensiones no contributivas por discapacidad.
La audiencia imputativa, llevada cabo ante el juez federal de Garantías N°2 Diego Anzorreguy, dejó al descubierto un modus operandi siniestro. Según la fiscalía, la red operaba desviando a pacientes vulnerables del sistema público de salud hacia consultorios y clínicas privadas pertenecientes a los propios médicos imputados. Allí se emitían certificados con patologías inexistentes (como chagas, diabetes o dolencias graves de columna) y porcentajes de incapacidad superiores al 66%, exigiendo pagos que oscilaban entre los 300 mil y el millón de pesos por trámite.
Entre los principales acusados figura el actual diputado provincial por Anta, Francisco Gerardo Orellana, señalado por avalar irregularidades desde su época como intendente de Joaquín V. González y ofrecer supuestamente pensiones a cambio de votos en períodos electorales. La nómina de imputados incluye a los médicos José y Humberto B., Julio O., Luis V., César Ramiro Blanco, José Wilson Muñoz Torres, Roberto Bernardino Morales; al exgerente del hospital de El Quebrachal, Oscar Luna; al exjefe de la sucursal de ANSES en El Quebrachal, Edmundo Dante Salazar; al bioquímico Luciano Benjamín Esteban; a empleados municipales y a un kiosquero que captaba víctimas y adulteraba documentación a metros del hospital.
La magnitud del fraude es alarmante: solo en Anta hay 4.305 beneficiarios, lo que representa a más del 15% de la población local. No obstante, las proyecciones de la Gendarmería Nacional estiman que las irregularidades abarcarían unas 9.000 pensiones en la provincia de Salta, generando un desfalco al Estado nacional estimado en $3.240 millones al mes (casi $40 mil millones anuales). El juez autorizó un plazo de investigación de un año y trabó la anotación de litis sobre los bienes de los involucrados.
