El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, anunció que el próximo sábado 28 de noviembre de 2026 dará a conocer su resolución sobre las medidas provisionales solicitadas por la Argentina para suspender el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, impulsado por el Reino Unido en aguas circundantes a las Islas Malvinas.

ESPACIO PUBLICITARIO

La fecha fue confirmada por el presidente del cuerpo, el camerunés Maurice Kamga, al cierre de las audiencias orales, estableciendo un plazo de 17 días de deliberación para los magistrados. La definición será determinante: establecerá si el cronograma petrolero británico puede seguir adelante o si debe quedar congelado hasta que se constituya y expida el Tribunal Arbitral del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), encargado de resolver el fondo de la controversia.

Durante los alegatos finales, el agente argentino Mario Oyarzábal sintetizó el reclamo nacional en cuatro medidas cautelares concretas:

• Suspender toda nueva perforación de explotación e instalación de infraestructura en la cuenca norte vinculada al proyecto Sea Lion.

• Abstenerse de utilizar información obtenida en etapas exploratorias en perjuicio de los derechos argentinos.

• Cesar de impedir que la Argentina cumpla sus obligaciones de protección ambiental marina bajo la CONVEMAR.

• No otorgar nuevas concesiones o autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa.

Competencia y soberanía: el eje del debate jurídico

Uno de los puntos de mayor fricción entre ambas delegaciones giró en torno a la competencia del Tribunal. La representación argentina, a través del profesor Marcelo Kohen, argumentó que el TIDM no necesita pronunciarse sobre la soberanía de Malvinas para dictar una medida cautelar, recordando que las islas figuran en la lista de territorios no autónomos de la ONU y que existen resoluciones de la Asamblea General que instan a no innovar de manera unilateral.

Por el contrario, la delegación británica —encabezada por su agente Sally Langridge y la abogada Amy Sander— solicitó rechazar íntegramente el pedido argentino. Londres sostuvo que todos los planteos de Buenos Aires presuponen que la Argentina es el «Estado ribereño», lo que convierte al reclamo en una disputa encubierta de soberanía territorial, materia que excede la jurisdicción del Tribunal del Mar.

En el plano técnico, el asesor argentino Nico Schrijver alertó sobre el impacto acumulativo de una explotación proyectada a 30 años, con 26 pozos, 60 kilómetros de ductos submarinos y un buque de producción en un entorno meteorológico extremo. Citando informes del propio operador (Navitas Petroleum), advirtió que existe más de un 90% de probabilidad de que un derrame mayor alcance aguas internacionales y deje residuos hasta 220 kilómetros al norte.

La defensa británica, a cargo de Guglielmo Verdirame KC, refutó ese escenario calificándolo de «muy improbable» según la declaración de impacto ambiental, y contrapuso el perjuicio económico que sufrirían las empresas inversoras —estimado en USD 1.000 millones para Rockhopper Exploration— y los habitantes de las islas si se frena la iniciativa.

El cierre de la audiencia estuvo marcado por la urgencia de los plazos. La delegación argentina señaló que el inicio de las perforaciones preparatorias está fijado para el 21 de marzo de 2027 y demostró, mediante precedentes históricos, que el tribunal arbitral de fondo no llegaría a constituirse a tiempo para evitar daños irreversibles.

“Una vez perforado el primer pozo de desarrollo, no quedará statu quo que preservar. Ningún tribunal del Anexo VII podrá actuar antes de eso. Este Tribunal sí puede. Si no es ahora, nunca será”, advirtió Schrijver ante los jueces, dejando planteado el escenario final a la espera del fallo del 28 de noviembre.

La empresa Meta ha iniciado una disputa legal contra el estado de California tras la implementación de la ley AB 1709, una normativa diseñada para proteger a los menores de 16 años al prohibir las funciones de reproducción automática y los feeds personalizados que fomentan el uso compulsivo de las redes sociales.

ESPACIO PUBLICITARIO

En la demanda presentada ante la justicia, los representantes legales de la compañía argumentan que la medida interfiere de manera directa con su discreción editorial y vulnera sus derechos constitucionales de libre expresión para difundir contenidos de terceros de manera libre y sin restricciones previas.

Impacto en la industria digital

La legislación busca frenar las tácticas de diseño que promueven la adicción digital en niños y adolescentes. Sin embargo, las grandes tecnológicas sostienen que imponer obligaciones afirmativas a los usuarios antes de mostrar contenidos afecta el funcionamiento habitual de las plataformas y sienta un precedente complejo para la regulación de internet.

Especialistas en derecho digital y organizaciones civiles siguen de cerca este litigio, que podría definir los límites entre la protección del bienestar de los menores en el entorno virtual y la libertad comercial y de expresión de las corporaciones tecnológicas en los Estados Unidos.

Paraguay atraviesa su crisis institucional y financiera más severa desde el retorno a la democracia. La implosión repentina de Ueno Bank, la entidad bancaria con mayor cantidad de clientes del país, no solo dejó a casi tres millones de ahorristas sin acceso a sus cuentas y paralizó la cadena de pagos, sino que desató un sismo político de proporciones continentales: el presidente Santiago Peña presentó su renuncia formal, mientras el Congreso, lejos de concederle una salida decorosa, aprobó someterlo a un juicio político.

ESPACIO PUBLICITARIO

El caso desnudó con crudeza el funcionamiento estructural de la derecha latinoamericana: un discurso de modernización financiera, libre mercado y desregulación que, en la práctica, opera como un andamiaje para la captura del Estado en beneficio de grupos económicos concentrados, dejando a la intemperie a los sectores populares y de clase media.

El origen del desfalco: negocios cruzados y fondos públicos atrapados

El detonante ocurrió cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank tras constatar que su índice de solvencia se había desplomado por debajo de la mitad del mínimo exigido por ley. La medida implicó el bloqueo absoluto de tarjetas, transferencias y ventanillas.

El entramado de complicidades políticas quedó expuesto al revelarse el volumen del dinero público comprometido:

• 850 millones de dólares en fondos estatales estaban depositados o colocados en la entidad caída.

• El Instituto de Previsión Social (IPS) mantenía atrapados cerca de US$ 355 millones, poniendo en jaque el pago de jubilaciones a más de 32.000 beneficiarios.

• Fondos estratégicos de la represa hidroeléctrica de Itaipú y diversas cajas públicas también quedaron atrapados en el corralito paraguayo.

La oposición calificó la maniobra como «la mayor estafa desde el poder político en la era democrática», con desvíos detectados hacia empresas vinculadas a los propios accionistas del banco y balances adulterados donde gastos corrientes figuraban como activos.

El rol de Peña y el «experimento» corporativo

Santiago Peña, formado técnica y doctrinariamente en el Fondo Monetario Internacional y presentado como la cara visible de la «eficiencia de gestión», quedó en el ojo del huracán judicial: el mandatario había sido accionista de Ueno Holding hasta principios de 2025. A su vez, quien presidía el Banco Central hasta desatarse el escándalo, Carlos Carvallo Spalding, había sido el director de la financiera Ueno antes de asumir la tutela del organismo estatal que debía auditarla.

Esta connivencia entre el regulador y el negocio privado terminó dinamitando la credibilidad de la administración. Lo que se promocionó como un polo de modernización fintech concluyó con órdenes de detención para la cúpula directiva del banco, imputaciones a decenas de exfuncionarios y una estampida bancaria que amenazó con contagiar a todo el sistema.

Furia en las calles y la traición del poder real

Durante las últimas jornadas, el centro de Asunción se convirtió en un escenario de resistencia social. Miles de manifestantes, ahorristas indignados, jubilados y organizaciones populares sitiaron el Congreso bajo una feroz represión policial que dejó decenas de heridos y más de un centenar de detenidos. La postal del cerco derribado en el palacio legislativo terminó de quebrar la legitimidad del Ejecutivo.

En un intento desesperado por desactivar la calle, Peña anunció su dimisión a través de un mensaje grabado, apelando a la «paz social». Sin embargo, el poder fáctico de Paraguay —encabezado por el expresidente Horacio Cartes y las cúpulas del gobernante Partido Colorado— decidió soltarle la mano al tecnócrata y avanzar con el juicio político para acelerar la asunción del vicepresidente Pedro Alliana.

La crisis paraguaya trasciende sus fronteras y proyecta una advertencia directa a la región: detrás de las recetas neoliberales de desregulación acelerada, achique estatal y marketing financiero, la subordinación del bien público a las corporaciones privadas suele terminar pagándose con el despojo de los ahorros populares y el quiebre de la paz social.