El intendente de San Ramón de la Nueva Orán, Baltasar Lara Gros, anunció la puesta en marcha de un paquete de medidas de máxima severidad para erradicar definitivamente la circulación y permanencia de motocicletas con caños de escape libres o adulterados en la vía pública.

La decisión administrativa, ejecutada en conjunto entre la Dirección de Tránsito municipal y la Policía Vial, busca poner punto final a la problemática de los ruidos molestos, las picadas clandestinas y el desapego a las normas elementales de convivencia que afectan el descanso de las familias en distintos sectores urbanos.

Medidas de impacto y sanciones económicas récord

El nuevo esquema regulatorio introduce penalidades contundentes y mecanismos de control que van más allá del operativo de calle tradicional:

• Secuestro inmediato (incluso estacionadas): La retención del rodado se efectiviza tanto a los conductores que circulen en infracción como a aquellos que dejen la moto estacionada en la vía pública con escapes no reglamentarios.

• Multas millonarias: Los montos base para los infractores parten desde los $300.000, pero las sanciones acumuladas por reincidencia o faltas anexas pueden trepar hasta $1.500.000.

• Destrucción física de escapes: Los dispositivos antirreglamentarios decomisados son retirados de las unidades y destruidos por el personal comunal para evitar su reinstalación en el mercado negro.

• Trabajos comunitarios: Los infractores deberán prestar tareas de servicio público y mantenimiento en espacios comunes de la ciudad.

• Identificación por cámaras de seguridad: Quienes intenten darse a la fuga o burlar los retenes viales quedarán registrados en el sistema de videovigilancia urbana; las autoridades confirmaron que serán identificados y notificados directamente en sus domicilios.

• Condición para el retiro del rodado: Para recuperar la motocicleta del canchón municipal, el titular registral no solo deberá cancelar la totalidad de la multa económica, sino presentarse de forma excluyente con un caño de escape reglamentario para su colocación in situ.

El endurecimiento en la segunda ciudad más poblada de la provincia marca un precedente de rigor en la gestión del tránsito municipal que sigue de cerca el resto de las comunas del interior salteño.

La diputada provincial Soledad Farfán continuará como presidenta del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) de Salta, luego de consolidar el respaldo mayoritario de dirigentes, militantes y afiliados en más de 13 departamentos de la geografía salteña.

La proclamación y oficialización de la lista de unidad fue ratificada formalmente tanto por la Junta Electoral partidaria como por el Juzgado Federal con competencia electoral de Salta, habilitando el inicio de un nuevo mandato para la legisladora al frente de la estructura radical.

Farfán lidera el espacio interno El Nuevo Camino, sector que logró sintetizar consensos entre diversos estamentos del centenario partido, integrando a figuras de la academia y del interior profundo:

• Vicepresidencia 1°: Eduardo Antonelli, reconocido economista y docente universitario.

• Vicepresidencia 2°: Patricia Segovia, actual concejal del departamento Orán.

• Vicepresidencia 3°: Gustavo Navarro, dirigente y referente político de Embarcación.

La nómina contó además con el acompañamiento de figuras de peso del radicalismo nacional, entre ellos el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el diputado nacional Martín Lousteau; y el presidente del Comité Nacional de la UCR, Leonel Chiarella. En el ámbito juvenil, el esquema sumó el apoyo orgánico de Nahuel Breglia por la Juventud Radical (JR) y de Antonella Bormape en representación de Franja Morada.

De cara al nuevo ciclo político, la conducción reelecta trazó como principal premisa fortalecer la presencia territorial del radicalismo en cada uno de los municipios salteños, buscando posicionar a la UCR como una alternativa concreta de gobierno frente al oficialismo provincial.

Entre las prioridades operativas planteadas por el espacio se destacan:

• Recorrida territorial constante: Intensificar el contacto directo con vecinos en barrios de la Capital y localidades del interior para canalizar demandas locales.

• Debate y cuadros técnicos: Fortalecer las instancias de formación política y los equipos programáticos.

• Propuestas estructurales: Elaborar plataformas de políticas públicas orientadas a reducir las asimetrías sociales, generar empleo y promover el desarrollo productivo en las distintas regiones de Salta.

Con el propósito de frenar ventas engañosas y dotar de certezas a las familias antes de invertir en un terreno, el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp) dispuso una nueva exigencia para la comercialización de loteos y desarrollos urbanísticos en todo el territorio salteño.

La medida fue oficializada este martes a través de la Resolución N° 1924/2026, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia. La normativa establece que los desarrolladores inmobiliarios deberán informar de manera fehaciente, clara y documentada si los predios cuentan efectivamente con conexiones activas de agua potable, desagües cloacales y energía eléctrica, diferenciando con precisión los servicios ya instalados de aquellos que aún están sujetos a obras pendientes.

Certificados obligatorios y plazos de obra

La reglamentación fija que tanto los boletos de compraventa como los contratos y la documentación preliminar deberán incorporar:

• Certificados de factibilidad técnica: Constancias formales emitidas por EDESA y Aguas del Norte.

• Estado de avance: Porcentajes y cronogramas reales de las obras sanitarias y eléctricas.

• Permisos hídricos: Habilitaciones correspondientes para la provisión y abastecimiento de agua.

• Garantías de concreción: Avales específicos que aseguren la finalización de los trabajos prometidos en caso de infraestructuras inconclusas.

La resolución introduce además pautas estrictas para la publicidad y cartelería comercial. Los predios deberán exhibir en sus accesos principales carteles visibles con el detalle técnico de los servicios disponibles.

Asimismo, toda pieza publicitaria —tanto en folletería como en vía pública y medios digitales— tendrá que incorporar un código QR que remita directamente a la documentación oficial y permita verificar el estado de los servicios antes de abonar señas o reservas, evitando que los compradores dependan de promesas verbales.

El Ente Regulador advirtió que omitir o falsear estos datos constituirá una infracción directa a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, con multas e inhabilitaciones comerciales. Además, se dará intervención inmediata al Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta para evaluar la conducta profesional de los matriculados involucrados.