El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó formalmente que el exdiputado nacional por Salta, Emiliano Estrada, sea citado a declaración indagatoria bajo la acusación de haber utilizado servicios de empleados pagados por la administración pública para fines personales y políticos en redes sociales.
La presentación, con fecha de este martes 6 de octubre de 2026 en el marco de la causa CFP 151/2025, señala que la conducta atribuida al exrepresentante de Unión por la Patria encuadraría preliminarmente en el delito de peculado de trabajos y servicios, contemplado en el segundo párrafo del artículo 261 del Código Penal.
La hipótesis del fiscal y las pruebas
De acuerdo a la acusación impulsada por Marijuan, Estrada habría asignado a dos asesores contratados por el Congreso de la Nación la tarea de elaborar y difundir «videos falsos de manera clandestina y amparados en el anonimato de las redes sociales».
La prueba central del expediente radica en las propias confesiones y declaraciones de los dos colaboradores involucrados, quienes reconocieron haber producido campañas de difamación a través de cuentas anónimas de TikTok. Durante la instrucción inicial de la causa en la provincia de Salta, el fiscal general Carlos Martín Amad había sostenido que el objetivo de los contenidos audiovisuales era empañar y vincular al Gobierno provincial con maniobras delictivas y narcotráfico mediante el desvío de recursos estatales.
El pedido de Marijuan se produce tras radicarse el expediente en el fuero federal de la Ciudad de Buenos Aires bajo la Ley 23.984. En diciembre de 2025, Estrada ya había sido objeto de una audiencia de formalización de cargos ante la Jueza Federal de Garantías N.º 2 de Salta, Mariela Giménez, quien admitió la imputación por abuso de autoridad y peculado de servicios.
En aquella oportunidad, el economista salteño —quien ejerció su banca entre 2021 y 2025 y anteriormente se desempeñó como ministro de Economía provincial— rechazó la declaración, mientras que su defensa técnica planteó sin éxito la nulidad del proceso alegando persecución política.
Con el vencimiento de sus fueros parlamentarios en diciembre pasado, la Justicia avanza ahora en la Capital Federal para definir su situación procesal.