La investigación judicial contra el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, expone un entramado de gastos astronómicos, compras en dólares en efectivo y facturaciones sospechosas que no encuentran el menor sustento en sus ingresos declarados. Sin embargo, frente al inminente vencimiento para justificar su fortuna, la respuesta oficial no fue la transparencia, sino la clásica maniobra dilatoria: pedir una prórroga a la medida de sus necesidades.
El dictamen del fiscal Gerardo Pollicita es demoledor y deja al desnudo un patrimonio familiar plagado de inconsistencias. Durante su paso por la función pública, el grupo familiar afrontó gastos por más de $272 millones frente a ingresos comprobados de $229 millones, dejando un bache sin explicar de más de $43 millones. A esto se suma el manejo de más de 400 mil dólares en efectivo destinados a la compra y refacción de propiedades de lujo —como un lote en el Country Indio Cuá y un departamento en la calle Miró—, viajes al exterior y vehículos de alta gama, además de un estallido repentino e incomprensible en la facturación de su cónyuge del 1.440%.
Resulta indignante que, con pruebas tan contundentes sobre la mesa, la respuesta del ex funcionario sea pedir 15 días más para armar un relato que tape lo evidente. Pero más indignante aún es el rol de una Justicia federal encabezada por el juez Ariel Lijo que, en lugar de exigir celeridad y llamar de inmediato a declaración indagatoria, evalúa complaciente conceder más tiempo a quien ya no puede ocultar los privilegios del cargo.
Una vez más, la vara judicial demuestra su doble cara: mientras al ciudadano común se le exige el cumplimiento estricto de la ley, a los altos funcionarios les reservan tiempos contemplativos y prórrogas interminables para evitar dar la cara ante la sociedad.
