El relato del «esfuerzo compartido» que pregona el Gobierno Nacional acaba de chocar de frente con los números reales. El último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) pone blanco sobre negro una realidad que en el interior ya sentíamos en el bolsillo: el federalismo en Argentina se ha convertido en una cáscara vacía, donde las provincias financian el equilibrio fiscal de la Nación a costa del bienestar de sus propios ciudadanos.
Entre enero de 2024 y febrero de 2026, las provincias argentinas sufrieron una sangría de $36 billones. Pero para entender la magnitud de este golpe, hay que bajarlo a la realidad del vecino: en Salta, cada habitante ha perdido, en promedio, $646 mil en recursos que debían destinarse a salud, educación, seguridad e infraestructura.
Esta pérdida no es casual. Es el resultado de una decisión política de asfixiar las transferencias no automáticas —esos fondos discrecionales que Nación cortó en seco— y de una caída libre en la coparticipación. Mientras en Salta se frenan obras viales (como la eterna Ruta 9/34) y se ajusta en los hospitales, los recursos generados por los salteños parecen quedar atrapados en el embudo centralista.
El dato más irritante del informe es el contraste con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En el mismo período en que las 23 provincias se hundían en el rojo fiscal, la capital del país logró mejorar su posición.
¿El secreto? Un fallo de la Corte Suprema que elevó su coparticipación del 1,4% al 2,95%. Mientras el resto del país pelea por las migajas de un sistema coparticipable en caída, CABA se blindó con recursos excedentes, compensando cualquier ajuste nacional. Es la radiografía de una Argentina de dos velocidades: una que sobrevive en el asfalto porteño y otra que padece el abandono en las rutas del interior.
La reducción de $20,5 billones en transferencias no automáticas no es «ahorro», es desinversión en las personas. El gobierno de Javier Milei ha utilizado la caja como una herramienta de disciplina política, pero los números del IARAF demuestran que el impacto es desigual y profundamente injusto.
La discusión por una nueva Ley de Coparticipación no es un capricho de los gobernadores; es una necesidad de supervivencia para provincias como Salta, que ven cómo sus recursos se evaporan en el esquema de un gobierno nacional que mira más al mercado y al puerto que a las necesidades de las familias que viven a 1.500 kilómetros de la Casa Rosada.
