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Metán

Metan: Un segundo detenido por realizar maniobras defraudatorias con la venta de equipamiento médico

La investigación liderada por el fiscal Gonzalo Gómez Amado reveló una red delictiva dedicada a cometer fraudes millonarios. Un profesional de la salud denunció haber entregado 110 millones de pesos por equipamiento de alta complejidad que nunca recibió. Hay dos detenidos y dos prófugos.

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Una compleja investigación penal por una estafa de proporciones millonarias ha dado un giro clave en el Distrito Judicial del Sur. El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, resolvió ampliar formalmente la imputación para dos hombres de 41 y 62 años de edad, acusándolos ahora como coautores del delito de asociación ilícita, una figura prevista y reprimida por el artículo 210 del Código Penal Argentino.

De acuerdo con lo explicado por el propio representante del Ministerio Público Fiscal, la causa tuvo un sospechoso inicial: un hombre de 41 años que había sido detenido e imputado bajo el cargo de estafa y que en la actualidad permanece privado de su libertad con prisión preventiva dictada por el juzgado interviniente.

Sin embargo, a medida que los peritos profundizaron en el avance de las pesquisas y el entrecruzamiento de datos, se logró determinar de manera provisional que este individuo no actuaba en solitario, sino que formaba parte de una estructura coordinada junto a otras personas, lo que motivó el pedido inmediato de captura y la ampliación de los cargos criminales.

Un detenido en Córdoba y dos prófugos con pedido de captura

El brazo de la justicia metanense llegó hasta el centro del país. Días atrás, dando cumplimiento a una orden de allanamiento nacional, comisiones policiales lograron detener en la provincia de Córdoba al investigado de 62 años de edad, quien fue trasladado para comparecer ante los tribunales locales. En paralelo, el fiscal Gómez Amado confirmó que otros dos hombres presuntamente implicados en la red permanecen prófugos de la justicia, por lo que se mantienen activos los pedidos de captura correspondientes.

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El origen de este escandaloso expediente radica en la denuncia radicada por un profesional médico del área de diagnóstico por imágenes. La víctima manifestó ante las autoridades judiciales que durante el transcurso del año 2025 fue contactado por los sospechosos con el fin de acordar la provisión de equipos médicos de alta complejidad, insumos que estaban destinados a la instalación de un centro de diagnóstico en la región.

Según consta en el expediente, los delincuentes —todos oriundos de la provincia de Córdoba— desplegaron una puesta en escena de gran envergadura. Exhibieron ante el profesional una aparente y sólida capacidad comercial, financiera y logística para concretar la millonaria operación, comprometiéndose formalmente a entregar la totalidad de la aparatología médica en un plazo máximo de dos meses.

Un perjuicio de 110 millones de pesos

Confiando en la buena fe de la transacción y en la documentación espuria presentada, la víctima efectuó múltiples transferencias bancarias y sucesivas entregas de dinero en efectivo por un monto global aproximado de 110 millones de pesos.

La maniobra fraudulenta quedó al descubierto con el correr de las semanas: el comprador solo recibió una mínima parte del equipamiento comprometido, mientras que el resto de los dispositivos de alta complejidad nunca llegaron a destino. Ante los reiterados reclamos, los sospechosos dilataban los tiempos con falsas promesas e incluso llegaron a exigir nuevos desembolsos económicos de manera extorsiva para destrabar los supuestos envíos.

Para sostener de manera provisional la existencia de esta organización criminal integrada por al menos cuatro personas dedicadas a captar clientes y obtener beneficios económicos ilícitos, la Fiscalía Penal N.º 2 basó sus fundamentos en un contundente cúmulo de pruebas recolectadas, entre las que se destacan:

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  • Numerosas declaraciones testimoniales tomadas en Salta y Córdoba.

  • Un exhaustivo análisis de documentación comercial y contable.

  • Registros de comunicaciones telefónicas y electrónicas entre los sospechosos y la víctima.

  • El rastreo de cuentas y transferencias bancarias cruzadas.

  • Los resultados de los allanamientos efectuados en territorio cordobés.

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