En el contexto de la causa que busca declarar la inconstitucionalidad del «Protocolo Antipiquetes», el juez Martín Cormick dispuso un monitoreo exhaustivo de la marcha convocada para este miércoles 19 de marzo. La decisión forma parte de una acción judicial que cuestiona la resolución 943/23 aprobada por el Ministerio de Seguridad, que establece directrices sobre el accionar de las fuerzas de seguridad durante las protestas.
La resolución fue rechazada por el juez en cuanto a la solicitud de suspender el protocolo, presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Sin embargo, Cormick manifestó su preocupación por los hechos ocurridos el 12 de marzo de 2025, los cuales consideró que no se alinean con los principios establecidos en la Constitución Nacional. A pesar de no aceptar la medida cautelar, el magistrado destacó que estos eventos no son ajenos a la legislación nacional e internacional que rige los derechos humanos en el país.
De cara a la manifestación del miércoles, el juez expresó que realizará una observación directa de la protesta, con el fin de recabar pruebas que puedan ser relevantes para la resolución de la causa. Esta acción judicial se basa en la alegación de que el protocolo podría vulnerar derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a la manifestación pacífica, previstos en la Constitución Nacional y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Cormick señaló que utilizará todos los medios legales disponibles para recolectar información sobre las posibles conductas, hechos o actos que puedan ocurrir durante la marcha, con el objetivo de abordar la cuestión en debate sobre la validez del protocolo de seguridad.
