La interpelación al ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, el salteño Federico Posadas, se transformó en una maratónica jornada de durísimos cuestionamientos que terminaron por pulverizar el relato oficial sobre la gestión turística de la vecina provincia. Durante la sesión, legisladores de diversos bloques expusieron una extensa nómina de presuntas irregularidades administrativas, incoherencias patrimoniales y contrataciones vinculadas de forma directa a su entorno familiar y político.

El punto de mayor tensión se desató con la exhibición de órdenes de pago que confirman que el Estado le facturó a su esposa, Valentina Moisés, violando la Ley de Ética Pública. A esto se sumaron las sospechas por la adjudicación del bar del Cabildo a un monotributista sin antecedentes, los lazos comerciales con la firma de transporte Silvia Magno, los vínculos con la consultora Politeia y una causa penal archivada en 2018 por licitaciones armadas para la pauta digital. Asimismo, se denunció la designación en la estructura gubernamental jujeña de una lista de salteños bajo la figura de «ñoquis vip», entre los que se nombró a Federico y Ernesto Estorniolo, Pablo Espinosa, María Eugenia y José María Zambrano, y Mariana Borigen.

La rendición de cuentas sobre eventos masivos también dejó al descubierto llamativas inconsistencias financieras. Sobre el recital de La Renga, los diputados remarcaron que mientras la cartera comunicó un impacto económico de $7.700 millones, los anexos del propio informe sumaban más de $9.000 millones, mezclando la fuga de divisas como ganancia, sumado a desembolsos de $60 millones en sponsoreo, predios cedidos gratis y contrataciones insólitas de $2 millones en hielo, $7 millones en internet y $18 millones en catering. A la par, se cruzaron sus declaraciones juradas patrimoniales por registrar inmuebles rurales y urbanos adquiridos a «valor cero» o a cifras irrisorias de $20 millones.

Finalmente, la oposición y sectores aliados contrastaron los datos oficiales de pernoctes y empleo privado con las estadísticas del INDEC y la DiPEC, al punto de que el propio vicegobernador Alberto Bernis llegó a deslizar en el estrado la acusación de «encuestas truchas». Ante el volumen de las pruebas ventiladas, el cuerpo legislativo aprobó la moción para remitir la versión taquigráfica completa a la fiscalía de turno para que se inicie una investigación penal contra el funcionario. Sin embargo, en el recinto quedó flotando un llamativo interrogante de la prensa: el silencio cómplice de todos los bloques sobre Choice, la consultora histórica con la que Posadas operó en los medios para posicionarse en la mesa política regional.

Un contundente informe presentado por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), titulado “Promesas rotas: seis autovías que nunca llegaron”, volvió a colocar en el centro del debate la precariedad y el abandono estatal de las rutas nacionales en el país. El relevamiento, que analiza la parálisis de obras entre 2018 y el primer semestre de 2026, ubica a la Ruta Nacional 34 como el corredor más sangriento del estudio, duplicando en cantidad de siniestros y víctimas al resto de los trazados evaluados.

A pesar de que la transformación de la RN 34 en autovía fue anunciada formalmente en 2010, 16 años después la obra se encuentra prácticamente paralizada en la mayor parte de sus 1.488 kilómetros de extensión entre Rosario y Salvador Mazza. Según datos de la SIGEN y relevamientos oficiales, en los últimos seis años se contabilizaron 639 accidentes viales sobre esta arteria, dejando un trágico saldo de 669 personas fallecidas.

En el desglose por jurisdicciones, la provincia de Salta se posiciona tristemente como la segunda más afectada del país, con 179 víctimas fatales. Dentro del territorio salteño, el departamento San Martín lidera las cifras negras con 78 muertes, seguido por el departamento Orán con 33 fallecidos y el resto distribuidos a lo largo del corredor sur y central. El ranking trágico lo encabeza Santiago del Estero con 209 muertos, mientras que Santa Fe ocupa el tercer lugar con 156, Jujuy el cuarto con 91 y Tucumán registra 4 víctimas.

El informe de FOPEA le da un sustento estadístico contundente a las sistemáticas demandas de obras que viene encabezando el gobernador Gustavo Sáenz junto a intendentes y legisladores salteños ante el Gobierno Nacional. Tras años de promesas incumplidas, suspensión de la obra pública y cesión de concesiones a privados sin inversiones previas, municipios del interior provincial han debido intervenir con fondos propios para parchar tramos críticos y mitigar el riesgo de vida para quienes transitan a diario la denominada «Ruta de la Muerte».

En una demostración de pragmatismo legislativo para blindar los intereses del sector financiero, el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados montó una maniobra táctica para paralizar el tratamiento de los proyectos de ley que buscaban ponerle un freno a la crisis por el endeudamiento familiar en la Argentina. Con la complicidad de abstenciones clave —como las del bloque de Provincias Unidas referenciado en el cordobés Martín Llaryora—, la moción oficialista para devolver los dictámenes a comisión se impuso ajustadamente por 121 votos a favor contra 117 en contra.

La jugada del oficialismo se ejecutó al constatar que no contaba con los votos necesarios para aprobar su propio dictamen: una propuesta tibia centrada únicamente en dictar «cursos de educación financiera» y transparente información de costos, sin tocar una sola coma de los márgenes de ganancia bancarios. Manteniendo la premisa del presidente Javier Milei de que las deudas ahogantes son estrictamente «un problema entre privados», La Libertad Avanza rechazó rotundamente fijar topes de tasas o establecer reestructuraciones obligatorias, argumentando que regular el mercado crediticio «provocaría una retracción».

Por el contrario, las propuestas de la oposición —encabezadas por bloques como Unión por la Patria, la Coalición Cívica y Argentina Federal— apuntaban a declarar la emergencia social y económica por endeudamiento. Entre las medidas frenadas figuraban la creación de programas de desendeudamiento para sectores vulnerables, topes a los intereses punitorios, cuotas que no superaran el 30% de los ingresos y tasas de refinanciación acordes a los plazos fijos mayoristas (TAMAR) o a la tasa de personas humanas del Banco Central.

Al no establecerse una fecha límite para emitir un nuevo dictamen, legisladores de la oposición denunciaron sin ambages que el pase a comisión busca simplemente «cajonear» y dilatar la discusión. Mientras la mora y las deudas para comprar alimentos o pagar servicios básicos continúan asfixiando a los hogares, la respuesta del Gobierno en el Congreso fue archivar el debate y dejar la resolución de la crisis a merced de la desregulación total del mercado.