Luego del grave episodio ocurrido sobre la Ruta Nacional 34 en el acceso norte de Tartagal —donde dos efectivos resultaron heridos tras ser atacados por un sujeto armado con un cuchillo—, el Ministerio de Seguridad de Salta dispuso un paquete de medidas de aplicación inmediata en los 14 Distritos de Prevención de la provincia. La resolución busca ajustar los criterios de legítima defensa y respuesta ante situaciones donde la vida de terceros o de los propios agentes se encuentre en riesgo inminente.

El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, confirmó oficialmente que la provincia impulsará la compra de pistolas Taser y dispositivos disuasivos para dotar a la Policía de Salta de herramientas de control electrónico frente a agresiones a corta distancia, aunque por el momento no se precisaron montos de inversión, cantidades ni plazos de entrega.

En paralelo, la Jefatura de Policía transmitió que los cursos de formación técnica e intervención ante amenazas con armas blancas pasarán a ser estrictamente obligatorios y constituirán un requisito excluyente para los ascensos en todas las jerarquías policiales. «Ajustaremos la respuesta a la proporcionalidad del ataque recibido», indicaron fuentes policiales, al explicar la aplicación progresiva del uso de la fuerza frente al escaso tiempo de reacción que representan las agresiones dentro del radio de los siete metros.

En momentos donde el sistema de salud pública provincial atraviesa una de las crisis financieras más agudas de los últimos años, luchando a diario por sostener guardias, comprar insumos básicos y garantizar la atención básica, la Asociación Salteña de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ASAAR) decidió volver a golpear a los pacientes más vulnerables. A través de un comunicado enviado a las gerencias de todos los nosocomios salteños, la entidad corporativa anunció la suspensión indefinida de los servicios en cirugías programadas, limitándose a cubrir únicamente casos de extrema urgencia.

La medida de fuerza indigna por donde se la mire y deja al descubierto una enorme brecha ética respecto al resto del equipo de salud. Mientras un médico cirujano, un pediatra o una enfermera de planta cobran sueldos rezagados por cumplir jornadas extenuantes, la casta anestesiológica exige aún más aumentos imponiendo aranceles millonarios. Según datos e informes oficiales del Ministerio de Salud Pública de Salta, una sola práctica o cirugía de mediana o alta complejidad se paga alrededor de $1.500.000 pesos, un monto que equivale al salario mensual total de cualquier otro profesional de la salud pública.

Lejos de solidarizarse con la golpeada realidad comunitaria, la entidad gremial explota al máximo una posición de monopolio y extorsión técnica: en toda la provincia hay menos de 70 anestesiólogos para más de 60 hospitales. Apoyados en esa escasez calificada, imponen convenios especiales, módulos de guardias y traslados donde algunos especialistas han llegado a facturar cifras que van desde los $3 millones hasta montos mensuales enormemente superiores.

Las consecuencias de este apriete corporativo ya se sienten en los pasillos de hospitales clave como el Materno Infantil y el San Bernardo, donde decenas de vecinos de escasos recursos ven canceladas sus operaciones programadas, debiendo soportar dolores crónicos o la prolongación de sus patologías. Ante un sistema de salud que hace malabares para mantenerse en pie, la postura intransigente de los anestesiólogos vuelve a poner el lucro individual por encima de la vida y el derecho a la salud de miles de salteños.

El Ministerio de Salud Pública de la provincia y la Corte de Justicia de Salta formalizaron un convenio de cooperación institucional para poner en marcha el «Programa Interinstitucional de Intervención Judicial y Terapéutica en Personas con Consumos Problemáticos». La rúbrica estuvo encabezada por el titular de la cartera sanitaria, Federico Mangione, y la presidenta del Máximo Tribunal, Teresa Ovejero Cornejo.

El dispositivo está dirigido a personas mayores de 18 años sujetas a pautas de conducta, suspensión del juicio a prueba, condenas de ejecución condicional o medidas alternativas a la prisión efectiva, en aquellos expedientes donde se compruebe un vínculo clínicamente relevante entre el consumo de sustancias psicoactivas y la infracción penal. La operatividad del programa se articulará entre la Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas a la Detención (OMAS) de la Corte y la Secretaría de Salud Mental y Adicciones de la Provincia.

Tras la firma, Teresa Ovejero resaltó el carácter sostenido del trabajo conjunto: “La particularidad de este trabajo es que es conjunto desde el minuto cero. Necesitamos que la comunicación sea constante para asegurar un abordaje integral y dar respuestas de fondo a problemáticas que intersectan lo penal y lo asistencial”. Por su parte, el ministro Federico Mangione remarcó que el seguimiento se apoyará en el sistema de historia clínica digital para cruzar datos con la red de centros de salud y evitar duplicaciones de abordajes. El trayecto contempla talleres psicoeducativos, entrevistas individuales de apoyo sociofamiliar y herramientas de autorregulación emocional con grupos reducidos en el dispositivo de calle Sarmiento 491.