En el marco del reordenamiento de directivas y tras los graves episodios de violencia registrados en el norte provincial, el Ministerio de Seguridad de Salta ratificó de forma institucional su respaldo al personal policial que interviene en procedimientos para preservar el orden público y proteger la vida de la ciudadanía.

A través de un pronunciamiento oficial, la cartera que encabeza el ministro Nicolás Avellaneda precisó que ante escenarios de riesgo inminente que puedan derivar en lesiones graves o la muerte de ciudadanos o efectivos, el Estado provincial respalda el uso legítimo de la fuerza, incluido el empleo del arma reglamentaria provista por la institución. Las intervenciones deberán ajustarse a la escala gradual y progresiva fijada por la Resolución J.P. N° 11267/11, en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos.

Asimismo, el Ministerio confirmó una medida clave para la contención del personal de calle: todo efectivo que actúe en legítima defensa o en cumplimiento del deber contará con el patrocinio jurídico gratuito y la asistencia directa de abogados civiles y de las áreas legales de la fuerza. La disposición se complementará con la intensificación de las jornadas de la Dirección de Entrenamiento Policial en técnicas de reducción, defensa personal y manejo responsable de armamento.

En una jornada determinante para la infraestructura productiva y el posicionamiento geopolítico del Norte Grande, el gobernador Gustavo Sáenz encabezó una comitiva provincial que logró un acuerdo estratégico con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, para concretar las obras de recuperación y optimización en los ramales ferroviarios Belgrano C14 y C15.

Durante el encuentro, en el que participaron autoridades de Belgrano Cargas y del Ministerio de Economía nacional, se fijó el mecanismo técnico para avanzar de inmediato: por un lado, se incluirá una adenda obligatoria en el pliego licitatorio del Ramal C14 para impulsar y potenciar la inversión minera en la Puna. Por el otro, se dejó asentado el compromiso para ejecutar la reconstrucción del Ramal C15 mediante esquemas de financiamiento internacional. Ambos trazados resultan vertebrales para consolidar la salida al Océano Pacífico a través del Corredor Bioceánico.

«Conseguimos un compromiso concreto y nos vamos muy felices. Estos dos ramales no eran un tema optativo, sino una prioridad obligatoria para el crecimiento, la competitividad y el progreso de Salta», enfatizó el mandatario salteño al término de las gestiones. Por su parte, Diego Santilli subrayó que las resoluciones adoptadas están alineadas con la visión de desarrollo productivo y la integración geopolítica que impulsa el Gobierno Nacional junto al sector privado.

Un aspecto destacado del logro político fue el respaldo de la mesa empresarial en pleno, representada por los titulares de la Cámara de Minería, CAPEMISA, la Unión Industrial de Salta, la Sociedad Rural Salteña, la Cámara de Comercio e Industria, la Cámara de Turismo y Prograno, quienes celebraron la restitución del tren de carga como un motor indispensable para abaratar costos logísticos y conectar la producción regional con los mercados del mundo.

Luego del grave episodio ocurrido sobre la Ruta Nacional 34 en el acceso norte de Tartagal —donde dos efectivos resultaron heridos tras ser atacados por un sujeto armado con un cuchillo—, el Ministerio de Seguridad de Salta dispuso un paquete de medidas de aplicación inmediata en los 14 Distritos de Prevención de la provincia. La resolución busca ajustar los criterios de legítima defensa y respuesta ante situaciones donde la vida de terceros o de los propios agentes se encuentre en riesgo inminente.

El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, confirmó oficialmente que la provincia impulsará la compra de pistolas Taser y dispositivos disuasivos para dotar a la Policía de Salta de herramientas de control electrónico frente a agresiones a corta distancia, aunque por el momento no se precisaron montos de inversión, cantidades ni plazos de entrega.

En paralelo, la Jefatura de Policía transmitió que los cursos de formación técnica e intervención ante amenazas con armas blancas pasarán a ser estrictamente obligatorios y constituirán un requisito excluyente para los ascensos en todas las jerarquías policiales. «Ajustaremos la respuesta a la proporcionalidad del ataque recibido», indicaron fuentes policiales, al explicar la aplicación progresiva del uso de la fuerza frente al escaso tiempo de reacción que representan las agresiones dentro del radio de los siete metros.